La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha ampliado formalmente la investigación del caso, que hasta ahora se limitaba al periodo comprendido entre los años 1999 y 2010, a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía durante los años 2011 y 2012, periodo en el que ocupó la presidencia de la Junta José Antonio Griñán, todo ello en un auto en el que imputa además al exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro.
La magistrada argumenta, respecto a la nueva investigación, que, «siendo necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012» con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo, requiere a la Junta de Andalucía para que, en el plazo de dos días, «remita relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de estas y la fecha de abono en su caso».
José de Haro
En el mismo auto, y en relación a la imputación del exviceconsejero de Economía y Hacienda, la juez pone de manifiesto que José de Haro sucedió como secretario general de Hacienda a Antonio Estepa -también imputado en la causa-, en abril de 2004, desempeñándolo hasta 2009.
Como secretario general de Hacienda, «estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán», por entonces consejero de Economía y Hacienda, y «le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía».
Según indica la juez, «en virtud de lo anterior tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos y, de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible».
Asimismo, el nuevo imputado «formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste».
La juez Alaya relata que, en abril de 2009, el imputado fue nombrado viceconsejero de Economía y Hacienda, consejería «cuya titular era Carmen Martínez Aguayo», y en el tiempo que ocupó el cargo «tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010, en el que si bien desaparecieron de los estados de gastos del programa 31L de la Dirección General de Trabajo las transferencias de financiación, en el análisis de los objetivos por programa y en la memoria del citado Presupuesto se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de jubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde 2001».
Según la instructora, lo anterior «determinaría que en el año 2010, pese a la vinculación de la partida presupuestaria 47/77 recogida en el estado de gastos referido, todo siguiera como en años anteriores, permitiendo así la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable».
Otros nuevos imputados
La juez cita a declarar al nuevo exalto cargo imputado el próximo día 23 de julio, mismo día que cita a declarar al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por las ayudas concedidas a Altadis, todo ello después de que su citación prevista para este martes fuera suspendida porque no había recibido la notificación para declarar.
Asimismo, cita a declarar el próximo día 23 de julio a otras dos personas que ya estaban imputadas en la causa, como son Cristina Ruiz Castillo, gerente de Promi, y al exsecretario general de Empleo Rafael Herrera Gil, a quien cita después de que el informe médico forense realizado haya considerado «que se encuentra capacitado físicamente para declarar ante este Juzgado».
VALORACIÓN POLÍTICA
El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, no ha querido hacer ninguna valoración sobre esa decisión judicial y se ha limitado a respetarla, al tiempo que ha deseado que haya «celeridad» en las investigaciones judiciales.
Asimismo, Jiménez ha señalado que el mismo respeto que ellos tienen por las decisiones de órganos judiciales, lo esperan de otros partidos y que nadie pretenda hacer una «manipulación política» de este tipo de asuntos.
Se refería a las declaraciones del portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, quien sostiene que lo que pone de manifiesto la juez con esta decisión es que la investigación «está cada vez más cerca» de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Unas declaraciones que ha hecho en su intervención en la Diputación Permanente para defender una petición de pleno extraordinario en julio en el que compareciera Díaz para dar explicaciones sobre los casos de corrupción en Andalucía y que finalmente ha sido rechazada por PSOE-A e IULV-CA.
Para Carlos Rojas, el auto de la juez quiere decir que la investigación «está cada vez más cerca» de Susana Díaz; que ésta es «responsable política de todo lo que está pasando», y que tiene que dar la cara en el Parlamento y explicar todos los casos de corrupción a los andaluces.
