En las últimas fechas, sobre todo tras la aprobación de la nueva tasa de basuras, han aumentado las protestas de los ciudadanos en el Ayuntamiento. En general, son educadas y dentro de unos límites mínimos de cordialidad, pero hay casos en los que la frontera es traspasada y es el paciente funcionario el que paga las consecuencias del malhumorado vecino, en especial aquellos empleados públicos que están de cara al público. No ha habido que lamentar hasta ahora alguna agresión física, tampoco a la junta de personal le consta denuncia formal, pero sí se han producido insultos, amenazas y algunos hechos que alteran el normal funcionamiento de estos servicios, aunque es complicado encontrar testimonios de funcionarios que hayan sufrido estas deplorables actitudes que han puesto en entredicho la seguridad del acceso al Consistorio y que llevaron a Ciudadanos a presentar un escrito para que el Gobierno local tome cartas en el asunto.
“Históricamente siempre hubo un policía municipal en la entrada que hacía las funciones de seguridad y también de información a los ciudadanos que llegaban preguntando, de forma que restringía el acceso a las zonas que no son públicas a personas que no tenían cita o que no tenían por qué acceder a esas zonas”, señala la portavoz del partido naranja Noemí Otero. Critica Otero que hace tiempo, tras la pandemia cuando falleció uno de los agentes, se jubilaron los últimos policías locales que desarrollaban esa función y se retiró esa seguridad en vez de ser repuesta. Hace ya varios años, según precisa, que no existe esa seguridad. En alguna ocasión se han producido incidentes esporádicos de algún vecino que elevó a las alturas su protesta, pero en los últimos meses, con el cambio de las ordenanzas fiscales y muy especialmente la nueva tasa de basuras, ese malestar ha crecido y con ello los episodios desagradables, por suerte no violentos, hacia los funcionarios. “Algunos vienen a preguntar por la tasa de basuras, unos más contentos y otros de otra manera peor y se han dado situaciones controvertidas y problemas en las que los funcionarios se han visto desbordados, no han sabido cómo actuar ni han tenido posibilidades. Eso nos lleva a que consideremos necesario que se vuelva a contar con algún tipo de seguridad en el Ayuntamiento”.
Noemí Otero enumera varias razones para esta reclamación. Primero, porque los funcionarios tienen que poder estar tranquilos a la hora de desarrollar su trabajo con normalidad, sin sobresaltos; y segundo, porque, según recuerda, “en todos los organismos públicos existe esta seguridad. Si vas a la Junta de Castilla y León la hay, si vas a la Diputación Provincial la hay, y en el Ayuntamiento antes la había. Es una medida lógica y normal”.
Por lo que comenta la representante de Ciudadanos, al alcalde José Mazarías no le ha hecho mucha gracia esta solicitud. “Parece ser que le ha molestado y le ha ofendido mucho que hayamos efectuado esta petición”, prosigue Otero antes de informar de que el Gobierno municipal lo que ha hecho es situar en la entrada un empleado que anota las visitas que llegan al Ayuntamiento, una alternativa a su juicio que carece de mejora en la seguridad porque solo significa tomar nota del DNI del visitante y la hora de entrada, que además suele coincidir en la casi totalidad de los casos con los ciudadanos que ya tenían cita con la oficina de tributos. “Esa persona no tiene nada que ver con un empleado de seguridad por si viene alguien violento, o que vaya a agredir a un funcionario o que simplemente levante el tono. No tiene por qué saber cómo solventar esa situación”, razona. Para la portavoz de la formación naranja, solo la mera presencia de un policía o miembro de seguridad ya sirve para disuadir al ciudadano maleducado en su actitud y puede evitar muchos conflictos.
Los ordenanzas y los funcionarios que están de cara al público son las principales víctimas ya que están en la primera línea de la atención ciudadana. “Los funcionarios están preocupados, están asustados, pero prefiero que sean ellos quienes trasladen su punto de vista”.
Cuestionada sobre si espera que el escrito remitido tenga algún resultado, Otero responde que ellos “han presentado una petición formal para que vuelva a tener seguridad, confiamos en que al menos se tenga en cuenta y se aplique porque es la única manera de que los funcionarios tengan una situación confortable para poder dar un buen servicio a los ciudadanos, porque no hay ni un arco de seguridad, ni un vigilante, no hay nada de nada. Cualquiera puede entrar y campar a sus anchas por el Ayuntamiento de Segovia. Si alguien se pone cabezota y quiere pasar, pasa, porque nadie está capacitado para prohibirle el paso”.
El propósito de la presentación del escrito tiene un objetivo de prevención. Hasta la fecha, no hay que lamentar algún incidente grave o alguna agresión a cualquier empleado municipal, pero el aumento de episodios que bordean la violencia, aunque sea verbal, los está poniendo en una tesitura incómoda ya que cualquier día ocurrirá algo más serio y ya será tarde para adoptar alguna medida. “Queremos evitar actitudes y comportamientos virulentos, que ya los ha habido y buscamos un trato tranquilo hacia el funcionario. No ha habido agresiones, sí insultos, amenazas o actuaciones subidas de tono. Lo que queremos es que no tengamos que llegar a lamentar algún tipo de agresión, queremos prevenir, no tomar medidas a posteriori”.
Los sindicatos
El presidente de la junta de personal municipal y miembro de la Agrupación Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Segovia, Juanjo García, informa de que precisamente este martes la junta ha tratado este asunto. Según subraya, no tienen constancia de ninguna queja formal por escrito de algún trabajador, algo que sí posibilitaría una acción incluso judicial de la mencionada junta, pero sí reconoce que hace ya mucho tiempo que están solicitando al Ejecutivo municipal que tome cartas en el asunto porque, coincidiendo con Noemí Otero, “algún día pasará algo grave, habrá que ir al juzgado y ya será tarde para que nos hagan caso”.
“Hace ya mucho tiempo que venimos pidiendo al concejal de Seguridad que vuelvan a poner algún policía que ya no pueda estar en la calle o seguridad privada en la entrada porque hay casos de gente maleducada que insulta y amenaza. Hace cosa de un año nos dijeron que estaban pensando en alguna empresa de seguridad pero nos han hecho caso omiso. No solo pasa por el tema de las basuras, puede ser alguien a quien le hayan practicado un embargo o interpuesto una denuncia, por ejemplo, que viene cabreado y la toma con el funcionario que le recibe y da la cara. Hay empleados indefensos que ya han sufrido este tipo de actitudes y están cansados, pero parece que no se atreven a denunciar porque a quien se queja lo miran ya como un delincuente o por miedo a represalias”, expone García. Para el representante del sindicato mayoritario en el Consistorio, no es normal que todas las entidades públicas cuenten con seguridad, desde la Junta a Hacienda, mientras el Ayuntamiento no tiene nada.
Desde el CSIF, su presidente provincial José María Guerro critica que los gobernantes locales no hayan renovado la presencia policial y eso ha dejado al descubierto a los trabajadores que atienden a los ciudadanos, a los educados y a los maleducados. “Que si sois unos desgraciados, que no hacéis más que cobrar impuestos, etc.”, tienen que aguantar esa violencia verbal. Carmen De Diego, delegada del CSIF y en uno de los departamentos más castigados, participación ciudadana, refiere casos de compañeros que han sufrido improperios y actitudes hostiles de gente que les falta al respeto o que tiene sus problemas y acude allí como desahogo. “No he visto amenazas, pero me lo han contado. La gente suele ser educada, pero alguno no entiende ni que debe pedir cita o que debe esperar. Es el pan nuestro de cada día”.
El Consistorio no descarta tomar medidas, como seguridad privada o un arco
El Ayuntamiento de Segovia está meditando tomar alguna medida sobre la seguridad de la entrada del edificio consistorial, aunque quiere aclarar que no existe una situación de grave riesgo o de amenaza seria que suponga alguna alerta. Fuentes municipales señalan a este diario que no se descarta implementar alguna medida, como por ejemplo la vía de la seguridad privada o la colocación del típico arco de acceso que solemos ver en numerosos centros o entidades públicas.
Lo de la seguridad privada tiene una explicación. Y es que, según precisan las mismas fuentes, es complicado volver a situar en ese puesto a un policía local como hubo hasta hace varios años, ya que la plantilla de efectivos de la Policía Local está muy limitada y organizar a varios agentes para que se turnen en ese trabajo significaría quitarles de las calles o de otras actuaciones relevantes para la protección de los ciudadanos. De hecho, este lunes se ha conocido la agresión que tres de ellos sufrieron el pasado fin de semana en un caso de alcoholemia, una circunstancia que no se ha producido en el Ayuntamiento segoviano con algún funcionario como víctima. Los agentes que cubrían hasta hace años el acceso del edificio de la Plaza Mayor se encontraban además en situación de segunda actividad, una figura que ya no tiene vigencia.
Desde el Consistorio inciden en que no ha habido ninguna agresión a algún empleado público, especialmente los que suelen atender a los ciudadanos, ordenanzas o quienes están en la entrada. Hace unos 15 días se ubicó en la misma a un funcionario para que haga un registro de entrada y salida de toda persona que acceda al edificio, de forma que debe identificarse entregando su documento nacional de identidad. Solo ese gesto ya conlleva cierta medida coercitiva, en el sentido de que quien entrega el DNI está identificado y a lo mejor se piensa llevar a cabo alguna conducta desagradable. Aún así, en el Ayuntamiento son conscientes de que la nueva tasa de basuras ha elevado la crispación de los ciudadanos y con ello algunos casos en los que la mala educación suele aparecer, de ahí que no se descarten nuevas medidas.
Una tasa de basuras, según quiere matizar, que no fue creada por el Gobierno municipal actual sino que viene impuesta desde el Ejecutivo nacional, convirtiendo a los Ayuntamientos de España en simples cobradores y receptores en primera instancia del malestar de sus vecinos.
