La compañía Telefónica tiene en su planificación inicial llevar fibra óptica (FTTH) en el primer semestre del año a cerca de 25.000 unidades inmobiliarias (hogares, sedes y empresas) de Segovia, con una inversión de cuatro millones de euros, tal como ha anunciado la propia empresa de comunicaciones.
No obstante, la polémica surgida con la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones (CNMC) podría ralentizar el ritmo de despliegue en la capital (en principio llegar al 80% de la población en el primer semestre del año) y especialmente en la provincia (donde se preveía invertir otros tres millones este año), ya que el regulador pretende que una vez realizada la inversión, Telefónica tenga que abrir la fibra al resto de operadores, que podrían ofertar servicio al cliente usando la red de la compañía.
Esta obligación haría que Telefónica pudiera modificar su previsión inicial de inversión al cambiar las reglas del juego del mercado, tal como ha argumentado la compañía.
Según Telefónica, la regulación pretendida por la CNMC supone un “freno en la inversión” en España y en Castilla y León ya que el resto de operadores, autorizados ahora a revender servicios sobre la infraestructura de Telefónica, reducirán sus inversiones prácticamente a cero, pues utilizar el mayorista es más barato, más rápido y más seguro que tirar red propia.
También supondrá un freno a los planes inversores de Telefónica, que ha anunciado de forma cautelar una ralentización de un 35% en su despliegue de fibra óptica en España, lo que afectará también a la creación de empleo.
En Castilla y León, este parón inversor en respuesta a la medida de la CNMC podría afectar a unos 100.000 hogares y unas 20 poblaciones de toda la región; también en Segovia.
En cuanto a las inversiones llevadas a cabo hasta ahora, Telefónica invirtió 26 millones en 2014 sólo en FTTH y tenía previsto alcanzar los 89 hasta 2016, pero esta inversión queda en suspenso hasta ver cómo queda la normativa, al igual que los 2.000 empleos previstos en Castilla y León que podrían verse reducidos sustancialmente.
Los argumentos de Telefónica son compartidos desde diversas instituciones y organismos tan dispares como la Unión Europea, los sindicatos UGT, CC.OO, el Ministerio de Industria, o las asociaciones de Instaladores y antenistas o el propio Grupo Popular, que llegó a plantear una moción en el Senado, según ha recordado la compañía de telecomunicaciones.
Desde el departamento de comunicación de Telefónica se ha advertido del “peligro real” que podría tener esta situación y de crear “una España a dos velocidades con esta regulación”. “Se pasaría de una casi cerrada brecha digital, algo que se había logrado gracias al esfuerzo de las administraciones (la central y especialmente la regional) y también al esfuerzo de los operadores; a reabrir esa situación”, explicaron las mismas fuentes.
En este sentido se ha señalado que este año la Junta de Castilla y León tiene en marcha un plan de ayudas para ayudar a los operadores a extender la Banda Ancha Ultra Rápida en la región, lo que podría beneficiar también a estas localidades. “Se trata de una situación especialmente importante en una región como esta con gran peso del entorno rural”, añadieron.
