En una era en la que el acceso a la información audiovisual constituye un componente clave del bienestar social y de la cohesión territorial, resulta imprescindible garantizar que todos los ciudadanos dispongan de una señal de televisión de calidad, independientemente de su lugar de residencia.
En la provincia de Segovia, dada su extensión y orografía variada, existen entidades locales rurales que presentan dificultades de acceso a la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La responsabilidad de extender la cobertura de la TDT corresponde al Estado y al reparto radioeléctrico, pero la Junta de Castilla y León, junto con la Diputación de Segovia, ha venido desarrollando actuaciones y ayudas con el objetivo de subsanar los déficits de cobertura, mejorar la calidad de recepción y eliminar las llamadas ‘sombras de señal’. Por ejemplo, se ha creado una red de centros emisores y se han abierto convocatorias de subvenciones para equipamiento SAT-TDT en zonas sin cobertura terrestre adecuada.
Asimismo, el proceso del llamado Segundo Dividendo Digital (liberación de la banda de 700 MHz para redes 5G) ha implicado adaptaciones técnicas en antenas colectivas, lo que ha generado nuevas necesidades de inversión por parte de comunidades de vecinos y usuarios individuales.
Para continuar mejorando la calidad y el alcance del servicio, en noviembre de 2023 la Junta suscribió un convenio con las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León, dotado con 585.000 euros y que se mantendrá vigente hasta el próximo mes de diciembre de 2025. Cada diputación aporta la misma cantidad que la Junta, lo que permite movilizar unos 130.000 euros por provincia para actuaciones de mejora.
La Junta de Castilla y León ha activado en estos años diversas líneas de subvención para asegurar la continuidad del servicio de TDT en zonas rurales con deficiencias estructurales de cobertura. Ya en 2024, se concedieron 2.322 ayudas en el medio rural por un importe que superaba los 900.000 euros.
El pasado mes de febrero, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, con el objetivo de valorar los avances de los convenios suscritos entre ambas administraciones en materia de Televisión Digital Terrestre (TDT) y de Territorio Rural Inteligente (TRI).
El consejero destacó la estrecha colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia, una cooperación que está permitiendo avanzar en dos ejes esenciales para la vertebración territorial; por un lado, el acceso garantizado a los servicios audiovisuales en las zonas rurales, y por otro, la implantación de tecnologías inteligentes para una gestión más eficiente de los servicios públicos locales. Sanz Merino destacó que “es un derecho irrenunciable que los ciudadanos puedan acceder a estos servicios, independientemente de donde vivan”.
Durante su intervención, también recordó que la Junta mantiene una amplia red de 648 centros emisores de Televisión Digital Terrestre, gracias a la cual se alcanza una cobertura del 99 % de la población en las cadenas nacionales y del 94,5 % en las autonómicas. Esta infraestructura, que da servicio a más de 350.000 ciudadanos, supone un coste anual de mantenimiento de 5,4 millones de euros, asumido íntegramente por la Administración autonómica desde hace más de una década. En el caso concreto de Segovia, la red está compuesta por 26 centros emisores, con un gasto de mantenimiento de 222.000 euros.
Sanz Merino también subrayó que la Junta ha solicitado al Ministerio de Transformación Digital una mayor implicación en la financiación del servicio. En febrero de 2024, la Junta y las diputaciones provinciales -a excepción de la de León- firmaron un manifiesto conjunto para reclamar al Gobierno de España una contribución al sostenimiento económico del sistema, ya que según advirtió la Junta, el equipamiento para adaptarse a la nueva normativa europea DVB-T2 supondría un coste superior a los 30 millones de euros solo en los centros gestionados por la entidad regional. Por ello, se requiere una respuesta estatal ante el impacto económico que supone el cambio de estándar.
Territorio rural inteligente
El encuentro sirvió también para analizar los avances del programa Territorio Rural Inteligente (TRI), una iniciativa pionera que la Junta impulsa desde 2017 con el fin de crear una plataforma digital común para la gestión inteligente de los servicios públicos en los municipios de Castilla y León mediante tecnología IoT (Internet de las Cosas).
El primer convenio, firmado junto a las nueve diputaciones provinciales, permitió desplegar más de 3.500 sensores en unos 400 municipios de la Comunidad, con una inversión total superior a 4 millones de euros.
En la provincia de Segovia, se contabilizan 187 sensores distribuidos en 125 municipios, destinados a monitorizar servicios como la gestión de residuos, el ciclo del agua, el alumbrado, la calidad del aire y el mantenimiento de carreteras.
En agosto de 2024, se firmó un nuevo convenio, vigente hasta 2028, que da continuidad al proyecto y amplía su alcance, permitiendo la incorporación de ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. En este acuerdo, la Junta aporta 1 millón de euros de un total de 1,5 millones, mientras que la Diputación de Segovia contribuye con 60.000 euros.
