Tu abandono me puede matar’. Es la denominación del sindicato mayoritario en el Centro Penitenciario de Segovia y no puede ser más explícita. Sucede en toda España, aclaran desde el TAMPM, de carácter nacional y fundado en 2019 para solo el ámbito carcelario, pero lo cierto es que en los últimos tiempos trabajar en la cárcel segoviana se ha convertido en una profesión de mucho riesgo. Y cada vez más con las recientes agresiones a funcionarios, algunas de ellas al verse envueltos en disputas de presos en las que intentan mediar, en ocasiones llevándose la peor parte. En el último episodio violento hecho público, de mediados de octubre, fueron cuatro los trabajadores del centro que resultaron heridos en una reyerta. Unos días antes, uno de ellos cayó por una escalera en otra pelea. Y la lista es larga si se echa la vista atrás en el tiempo. Por ejemplo, en julio siete internos acabaron en aislamiento tras la enésima trifulca, con tres funcionarios de nuevo agredidos.
Carlos, del mencionado sindicato y que prefiere no nombrar su apellido, comenta que una de sus grandes reivindicaciones consiste en que estos trabajadores forman parte de la Administración General del Estado (AGE), cuando quieren ser contemplados como agentes de la autoridad para tener una mayor protección, por ejemplo en el caso de que atenten contra ellos, porque ya no sería un delito de lesiones entre dos civiles sino un delito de atentado contra la autoridad, penado con cárcel entre 1 a 4 años según el Código Penal. También repercute la distinta consideración en el ámbito económico, es decir, si a Carlos le agrede un interno que se declara insolvente, nadie le indemniza si por ejemplo ha estado seis meses de baja, mientras que en el caso de los agentes de la autoridad el Estado es responsable civil subsidiario.
El sindicalista aclara que no se trata de una problemática que se ciña solo al centro segoviano, sino que se padece por toda España: “Los de Murcia dirán que su situación es la más grave, los del Puerto de Santa María que es la suya, Estremera, etc., pero esto afecta a todo el país. Es un sindiós. Ya nos mataron una compañera en Cataluña hace un par de años, a una funcionaria la tumbaron sobre una camilla en la consulta (julio de 2025) y la intentaron violar en Morón de la Frontera. El 90 por ciento de los internos son buena gente que quiere cumplir su pena y ya está. Yo juego mucho al ajedrez con ellos porque es una buena forma de conocerles y vigilar el patio, pero ese otro 10 por ciento que están metiendo en las cárceles que vienen del primer grado, los más peligrosos, son los que contaminan a toda la prisión”. Ahí está el germen de lo que ocurre en la actualidad, porque lo demás son reivindicaciones casi históricas. “Imagina que te tomas dos copas, matas a alguien con el coche y acabas en la cárcel. Tú quieres cumplir tu pena sin problemas lo antes posible pero tropiezas con alguno de estos que te extorsiona, te quiere cobrar solo por sentarte en una silla, por fumar, etc., y te hace la vida imposible. Eso está pasando”, avisa.
Carlos denuncia que el Ministerio del Interior, para adornar sus estadísticas y publicitar que el sistema carcelario va muy bien, ha rebajado la condición de primer grado o muy conflictivos al segundo grado, enviándolos a otras prisiones que no tienen medios ni la infraestructura adecuada para recibirlos, como es el caso de Segovia. Cifra en unos 1.000 los presos que se han aprovechado de esta política, ya que de unos 1.500 con esa calificación han disminuido a 500. También se queja del traspaso del segundo grado al tercero o de semilibertad, un régimen abierto que ha dado lugar a algunos sucesos muy graves de presos que delinquieron aprovechando esos beneficios. “Yo tenía unos 30 aquí y 20 no se lo merecían. Algunos han vuelto a delinquir y han regresado al segundo grado”, recuerda.
Segovia, según cifra Carlos, suele tener siempre unos 10 presos en segundo grado que vienen del primero de otras prisiones y son los que más problemas provocan. “Como la política es no devolverlos al primer grado por ese ‘buenismo’ que hay ahora, entonces si la lía en nuestra prisión lo mandan como segundo grado a otra y les tenemos que avisar: ‘Oye, que os mandamos a éste, que es de los que la lían’, mientras a nosotros nos van llegando otros de otra prisión. Es como una rueda. Siempre solemos tener unos 10 de esos”.
En Segovia no hay un módulo específico para presos de primer grado. La prisión tiene diferentes módulos en el segundo grado, desde el de respeto, que es más ‘amable’ con gente tranquila, a otros de destino, jóvenes, mujeres y otro para más conflictivos, pero sigue siendo segundo grado, con lo cual no tiene las medidas de seguridad y el espacio de una prisión que sí lo tenga y además pueden tener contacto con presos que no buscan jaleo. Los funcionarios sí pueden lidiar con ellos, apunta, ya que hay mucho veterano como él que ha trabajado en destinos duros, pero la prisión, como instalación, no está capacitada. “Necesitas más espacio para separar a internos que se están pegando. Por eso es en las cárceles más grandes donde tienen estos módulos”. Aunque advierte de que se trata de un rumor no confirmado, señala que uno de los recientes castigados en aislamiento tenía un arma fabricada allí, a modo de pincho o similar, y tenía la intención de secuestrar a un funcionario, pero insiste en que eso no está confirmado. “Hace 30 años que no oigo hablar del secuestro de un funcionario”.
Javier Albertos, de ACAIP-UGT, coincide con su compañero y define a la cárcel de Segovia como un “centro tipo, con medidas de seguridad, pero con muy pocos módulos, con lo que es difícil separar a los presos entre sí o incluso presos con funcionarios. Hay un compañero que ya lleva dos agresiones en este verano. Si tienes una racha mala y estás por allí te la tienes que comer”.
En Torredondo hay un módulo de aislamiento con unas 18 celdas donde van a parar de manera temporal y como castigo los presos que han causado algún problema, pero no es el sitio adecuado para que resida nadie, ni siquiera los más peligrosos. En el momento de escribir este reportaje tienen allí a uno de los presos que intervino en la trifulca de hace dos semanas que derivó en cuatro heridos. Ha pasado por todos los módulos, no se ha adaptado y están esperando su traslado. “No puede estar varias semanas en aislamiento, por muy malo que sea, porque eso no hay quien lo aguante. Te vuelves loco”, analiza Carlos.
Por suerte, tanto la segoviana como el resto de prisiones ya no están tan masificadas como antaño. La concesión de terceros grados, pulseras, etc., tiene mucho que ver en ello. Una política que suelta a la calle a gente muy peligrosa, convictos capaces de asesinar a un niño, como en el crimen de Lardero en 2021, según alertan.
Un dron en la prisión
Cualquier lugar del mundo puede ser escenario de un negocio. Una cárcel también, y si hay que utilizar sofisticados medios tecnológicos, se usan. Como los drones. Carlos narra a este diario uno de los últimos casos curiosos de la prisión segoviana que tiene por protagonista este artilugio. El pasado fin de semana un funcionario pudo ver cómo sobre las dos de la madrugada un dron se posaba en una ventana de una celda. Al día siguiente, esa celda fue registrada a conciencia y encontraron un teléfono Iphone, prohibido claro. Alguien se lo habría vendido e ingeniado para llevárselo por esta vía, pero fue cazado. El preso fue conducido a aislamiento, donde se encontró con otros con los que no tiene demasiada amistad. El episodio concluyó con dos de esas celdas incendiadas, cristales rotos y hasta una inundación.
La seguridad no es el único asunto que ocupa y preocupa al sindicato carcelario. Según comenta Carlos, la prisión presenta una invasión de cucarachas, de esas, dice, que se suben por el techo. “Eso no lo había visto nunca. Se ha intentado poner remedio, pero ahí siguen, la invasión continúa”, apostilla.
Otra queja es que el personal médico está muy por debajo de la RPP (relación de puestos de trabajo). Antes había seis médicos y ahora dos para cubrir las 24 horas todos los días. No dan abasto, protesta. “Seis igual son muchos, pero sólo dos son muy pocos”. También critica el excesivo papeleo y burocracia, además del mal estado de los ordenadores, que define como deshechos de oficinas, que se bloquean con demasiada frecuencia y encima el programa que utilizan, confeccionado por algún “iluminado de la Dirección General”, asevera, no ayuda en sus informes y tareas. “Yo creo que lo hacen a sabiendas, para que hagamos menos partes y así parezca que hay menos conflictos”, sospecha.
La lista de reclamaciones es incesante. En el punto de mira están las inspecciones que realiza Instituciones Penitenciarias cuando sucede algo relevante como en estas últimas fechas. A su juicio, esas inspecciones escudriñan y vigilan más los posibles fallos en la conducta del funcionario que lo que se pueda ver de los internos en los vídeos. O posibles exageraciones, hasta el punto de pensar, según sus palabras, que el funcionario que se calló por la escalera en la penúltima agresión lo hizo por accidente. Como ejemplo argumenta además que les piden que antes de intervenir se vistan con el traje de antidisturbios, que si no lo hacen toda la culpa, dice, es de ellos. “En la pelea del otro día en el módulo cuatro yo fui corriendo desde el tres para socorrer a dos compañeros agredidos y no tuve tiempo de ir a buscar el traje. Hay veces que tienes que actuar rápido y no da tiempo, además de que esos trajes tienen los cascos viejos, escudos que se rompen, etc. Si hay un lesionado que no se ha puesto esos medios la culpa es suya. Es como si quisieran culpabilizarnos a nosotros o al jefe de servicio y evitar reconocer los sucesos”.
A sus 57 años, Carlos lleva 34 en un trabajo que cada vez aborrece más, y eso que ya tiene segunda actividad y trabaja en una oficina, la misma desde la que intentó ayudar a sus compañeros en la trifulca de mediados de octubre. “Este trabajo ya es inasumible. Yo he estado en la época de ETA y durante años tenía que mirar todos los días debajo del coche, o estuve en Málaga cuando asesinaron a Martín Carpena o en Alhaurín de la Torre. No se debe bajar la guardia, pero ahora parece que solo interesa cuidar al delincuente. Hasta más que a las víctimas, que están olvidadas”.
Hay 250 empleados en la cárcel, sumando todos, desde administración a mantenimiento o servicios médicos. La creciente inmigración no está detrás de los últimos acontecimientos, comenta, ya que fueron protagonizados por españoles. Ahora mismo sigue de baja por cuestiones psicológicas un compañero que fue agredido por un preso de tercer grado con el que coincidió en el piso donde alquiló una habitación, que también es mala suerte. Tuvo que presentar una denuncia entre civiles sin que pudiera ser detenido el agresor cuando en caso de ser un agente de la autoridad sí hubiera sido detenido. Siguen de baja además los heridos de las últimas peleas, unos tres o cuatro, pudiendo haber más por hechos anteriores.
Ministerio de interior
En la diana de Carlos y el sindicato que representa está el ministerio e Instituciones Penitenciarias, no la dirección del centro segoviano. Asegura que la relación con la nueva directora, Esther Movilla, es muy buena y que “se preocupa de nuestras reivindicaciones”. Sí critica que después de haber contado con un director que permaneció 30 años, ahora en unos meses son tres las directoras que ocuparon el cargo y considera que debe haber más constancia. “No sería justo que a ella le cargaran el mochuelo porque no tenemos queja de ella”. Este periódico ha intentado entrevistar a la directora, pero no ha sido posible. Mientras, fuentes del Ministerio del Interior apuntan que la cárcel de Segovia no es conocida por sus incidentes y niegan que exista una creciente peligrosidad. Según los datos que maneja Interior, es cierto que ha habido un repunte en el número de partes por lesiones en este año en comparación con el anterior, ya que de 73 en 2024 se ha pasado en lo que va de 2025 a 117, pero aclaran que la metodología para confeccionar esos partes ha cambiado, de forma que antes eran grupales, es decir, un único parte podía englobar varios lesionados mientras que ahora se han individualizado, cada lesión tiene su propio informe, por lo que por este motivo se han multiplicado. Añaden las mismas fuentes una segunda razón, y es que la población de reclusos en el centro ha aumentado de los 250 el año pasado a los 330 de este 2025.
Para Albertos (ACAIP-UGT), la explicación ministerial sobre los datos de lesiones es “rizar el rizo. Lo puedes llamar como quieras, pero dentro hay una tensión que se masca y así se trabaja muy mal. Los compañeros están vendidos porque estamos muy cerca de que pase algo muy grave. Cualquier día matarán a alguien y lo que harán es ir a por la dirección del centro para cortar cabezas cuando el daño ya estará hecho”.
A sus casi 62 años, Albertos, de Segovia y en el centro de su ciudad natal desde que abrió, se quiere jubilar y dejarlo. Recuerda que hubo un tiempo con 600 internos allí “e íbamos de cráneo, pero no era esto de hoy. Ahora da pánico, es un miedo insuperable”.
Preguntado por lo explícito del nombre de su sindicato, Carlos contesta que “si la Administración nos abandona, nos pueden matar, porque estamos rodeados de asesinos y maleantes”. Poco más que añadir.
“Cualquier día matarán a alguno de nosotros”
Alberto era un enamorado de su trabajo pero los últimos tiempos han dado un giro radical a este sentimiento hasta el punto de acabar detestándolo. Suma ya casi 27 años como funcionario de prisiones, ha pasado por escenarios peligrosos y destinos conflictivos por media España, pero asegura que lo que está viviendo recientemente en Segovia no lo había visto nunca. Por eso, como tantos otros veteranos, solicita la segunda actividad a la caza de un empleo menos peligroso. “He tenido etarras, yihadistas, bandas sudamericanas, asesinos de todo tipo en otras cárceles muy duras, pero esta violencia de ahora no la había visto. Está claro que una cárcel siempre tiene un riesgo y siempre pasan cosas, pero en Segovia eran más aisladas, ahora es casi todas las semanas”, confiesa este segoviano de nacimiento y de 56 años que prefiere dejar el trabajo en la calle en vez de llevárselo a casa. “A mi mujer no le digo nada de lo que está ocurriendo, no quiero preocuparla, aunque luego ella y la familia ven cosas en la prensa y se preocupan, como es lógico”.
Un ejemplo describe muy a las claras la situación que están padeciendo los trabajadores de la cárcel de Segovia, extensible al resto de centros del país. Le preguntamos a Alberto el jueves por la noche cómo había ido el día y contesta que todo bien, tranquilo, “hoy solo he recibido unas amenazas de muerte de un interno que me ha insultado y he tenido que reducirlo y lo hemos llevado a aislamiento”. Para el resto de los mortales -tampoco los demás funcionarios, eso no sería un día cualquiera. “Es que ese es el problema. Como cada vez nos encontramos con más casos de violencia, peleas de presos, agresiones a nosotros, ya casi que lo vemos como algo normal, cuando no debería ser así. Como no somos autoridad, les sale gratis. El otro día uno me reconoció por la calle y me insultó, y no pasa nada”, se queja.
La causa principal, coincidiendo con su compañero de sindicato TAMPM Carlos, es el envío a la prisión segoviana de reclusos antes calificados como de primer grado a quienes se les ha borrado esa calificación, según denuncia el colectivo, para adornar estadísticas y que parezca que el sistema funciona bien. “Es un perfil de presos al que no estamos acostumbrados aquí y además esta cárcel no tiene la infraestructura adecuada para atenderlos ni el espacio suficiente. Aquí vienen algunos a los módulos 3 y 4, los más duros, y no salen de allí, no podemos rotarlos y nos los encontramos todos los días cuando a lo mejor has tenido un problema con él, el funcionario u otro interno. No sé a qué están esperando para tomar medidas porque algún día van a matar a alguno de nosotros y ya será tarde”, sigue lamentando Alberto, que apunta un posible plan de secuestro de un funcionario por parte de varios reclusos armados con algún utensilio fabricado allí. “Le puede tocar a cualquiera un suceso violento, es una cuestión de suerte o de que te encuentres justo en ese sitio y en ese momento”.
“Me da pena pasar a segunda actividad porque este trabajo siempre me ha encantado. Venía a trabajar feliz. Es un problema que los veteranos lo estemos dejando porque traen gente con menos experiencia o incluso mujeres. Aquí estamos para ayudar. Hacemos de padres, hermanos, asistentes sociales, hasta de bomberos, pero hay algunos con los que es imposible porque creen que somos el enemigo. Y aún así tenemos mala imagen”, continúa Alberto antes de añadir que su traje de antidisturbios estaba abandonado tiempo atrás y sin embargo ahora tiene que vestirlo casi cada semana.
