El Partido Popular de la provincia de Segovia se une a la campaña nacional de la formación azul y le declara la guerra al que denominan ‘tasazo’ de basuras proveniente del Gobierno que comanda Pedro Sánchez. Este miércoles ha denunciado que el Ejecutivo central se escuda en el “engaño a la ciudadanía” de anteponer el pretexto de que se trata de una imposición procedente de la Unión Europea cuando en realidad la única obligatoriedad tiene su origen en una decisión del Gobierno español. En la diana de las denuncias también se encuentra la oposición, a la que critica su negativa a una serie de medidas del PP que hubieran en cierto modo paliado los negativos efectos del incremento del impuesto, sobre todo en el caso de las empresas, donde la subida es desmesurada como ya habían denunciado las asociaciones de empresarios. PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos y VOX no dieron el visto bueno a las ordenanzas fiscales con tales contramedidas y el PP les afea esa negativa que al final va contra los intereses de todos los ciudadanos.
A la sede del Partido Popular de Escultor Marinas 16, en Segovia, acudieron el secretario provincial del PP y presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente; junto al coordinador del partido y alcalde de Segovia, José Mazarías, quienes presentaron una campaña básicamente informativa contra la imposición de la tasa de basuras del Gobierno. Pero, además de informar, se solicita la derogación de la ley y la eliminación de la tasa para que los ayuntamientos no tengan que repercutirla sobre unos ciudadanos ya saturados de subidas de impuestos. Entre sus propuestas, la de devolver a las entidades locales la capacidad de decidir cómo financiar el servicio, el eje de todo este asunto ya que la nueva ley 7/2022 de ‘residuos y suelos contaminados para una economía circular’ obliga a los Ayuntamientos a financiar el cien por cien del coste de este servicio a través de una nueva tasa de basuras, cuando antes no era así y los consistorios tenían otras vías menos gravosas para sus habitantes. Otras dos propuestas son reclamar al Gobierno que paralice cualquier nueva subida de impuestos y cotizaciones de familias y autónomos hasta que no se garantice un sistema fiscal justo y sostenible y proteger a las familias vulnerables con bonificaciones.
La provincia
El presidente de la Diputación de Segovia fue el primero en intervenir y apuntó directamente contra Pedro Sánchez. “Los Ayuntamientos de la provincia quieren decir de forma alta y clara ‘no’ al tasazo de las basuras”, fueron sus primeras palabras. “Europa no lo pide, como se nos ha estado diciendo, lo impone Pedro Sánchez. Las decisiones que afectan al bolsillo de los vecinos deben respetar la autonomía municipal que reconocen la Constitución y la Ley de Bases del Régimen Local. Pero esta esta Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados impone una tasa a los Ayuntamientos que cubra el cien por cien del coste del servicio de recogida y tratamiento de los residuos socavando la capacidad de decidir libremente cómo financiar ese gasto. Es la primera vez en la historia de este país que un tributo local que es potestativo del municipio pasa a ser obligatorio por imposición estatal, lo nunca visto, vulnerando principios de la autonomía local”, explicó Miguel Ángel de Vicente, que denunció que la Comisión Europea, tras una interpelación de su partido, reconoce que no obliga a la tasa sino que cada estado puede decidir libremente sobre cómo financiar el servicio, por lo que, dijo, Pedro Sánchez está “engañando a la ciudadanía culpando a Europa”. Eso significa que la Unión Europea ya se ha pronunciado, por lo que el recorrido litigioso sobre esta polémica, cuya iniciativa está en manos de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), se deberá ceñir al territorio y escenario judicial y legislativo español.
De Vicente reclamó la creación de un frente común de Ayuntamientos para exigir respeto a su autonomía y añadió que se va a iniciar una campaña de comunicación e información en toda la provincia, además de la solicitud de que la ley sea derogada y reformada en ese sentido del respeto a los Consistorios.
Se refirió también a que en septiembre el Senado aprobó una proposición de ley del PP para modificar la polémica norma y suprimir la obligatoriedad de repercutir el gasto a los ciudadanos pero el PSOE votó en contra y la iniciativa cayó en el Congreso. “El Gobierno socialista nos está convirtiendo en cobradores de impuestos ajenos”, apostilló. Ofreció algunos datos sobre cómo progresivamente la tasa para la eliminación de los residuos ha ido subiendo el precio desde 2023 desde los 67,2 euros por tonelada a los 110,96 que se espera para 2026.
El presidente de la Diputación propuso que se apruebe una especie de escalada en esta tasa, de forma que se atienda al tamaño del Ayuntamiento en cuestión o incluso su capacidad económica, ya que no es lo mismo Madrid capital que un pequeño pueblo y Ayuntamiento de Segovia. “Se le aplica la misma normativa a los dos y eso no puede ser”. También un sistema de incentivos para el reciclaje y reutilización, en vez de sanciones. “Necesitamos una norma que ayude, no una norma que penalice. También ayudarnos con herramientas que permitan a los Ayuntamientos calcular el coste real del servicio y crear un plan nacional de infraestructuras para la economía circular, con fondos europeos, además de una regulación homogénea que ponga fin al caos que tenemos ahora mismo”, continuó y puso como ejemplo el uso de fondos europeos para construir una incineradora que cambie la actual gestión del sistema de vertedero evitando así los costes del rechazo de los residuos
Segovia capital
El alcalde de Segovia tomó el testigo y comenzó hablando de un “clamor” que se está produciendo en todos los municipios, “sean del color que sean, contra esa gran mentira del tasazo que es intentar convencer a los ciudadanos de que viene de la normativa europea”. José Mazarías repitió varias de las quejas ya descritas por De Vicente, denunciando además la gravedad de que la ley no incluye instrucciones ni herramientas para su aplicación, ni recoge fórmulas para calcular los costes o plazos límites. “Las quejas de los ciudadanos son más que justificadas y habrá una gran litigiosidad con esta ley que los Ayuntamientos estamos intentando encajar como podemos sin ser los responsables”, prosiguió justo antes de avisar de un problema en el futuro más cercano por lo que puede suponer que se repercuta este gasto en las viviendas en alquiler, un mal presagio tal y como está España en temas de vivienda y alquiler.
Habló del caso de Segovia, de las importantes subidas aplicadas en la tasa de basuras en viviendas habituales, que antes estaba en 99 euros y con la subida de 2025 alcanzan los 126. En el caso de las empresas, comercios, hostelería, etc., el encarecimiento es más pronunciado. Ante las fuertes subidas, el Gobierno municipal segoviano ideó un plan que suavizara el aumento impositivo con medidas que fueron rechazadas por la oposición, con el PSOE a la cabeza “para no molestar al Gobierno”, unas medidas que permitían el pago justo del coste del servicio con menos repercusión a los ciudadanos.
Entre estas medidas, la bajada de 4 euros de los 126 euros a 122 a particulares, el 10% de bonificación en casos de compromiso de reciclaje, el 25 por ciento en familias numerosas, o el 2% en el pago aplazado. Mezclando con otros gravámenes, se propuso una rebaja del 4% del IBI y un 5% en los impuestos relativos a vehículos.
En el caso de las empresas, Mazarías enumeró las disminuciones que en el pago de la tasa se hubieran beneficiado de cara al 2026 de haber seguido adelante el plan y no ser invalidado por la oposición. De las 3.258 empresas existentes, 1.127 pagarían menos respecto a 2025, según el cálculo del municipio. Y fue más allá: 822 de esas empresas habrían visto reducirse sus recibos hasta en 100 euros; 177 se habrían ahorrado entre 101 y 500 euros; 9 habrían aprovechado ahorros de hasta 1.000 euros, 94 pagarían entre 1.001 y 5.000 euros menos y 25 habrían visto aliviada la presión de la tasa de basuras en más de 5.000 euros anuales. “Estas son las cifras y no son nada despreciables. Era la propuesta de bajada del equipo de Gobierno de Segovia y que fue rechazada incomprensiblemente por el partido socialista y resto de la oposición, que tienen ahora la oportunidad de sumarse a esta iniciativa del Partido Popular de exigir al Gobierno de España la retirada de este tasazo, una iniciativa que intenta evitar que el coste recaiga sobre las espaldas de los vecinos y empresas. Una ley injusta que invade la autonomía local y que nace de la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez”, subrayó el primer edil segoviano.
Siguiendo con las empresas, indicó que algunas como las grandes superficies pasarían de pagar más de 8.895 euros a 3.414, un ahorro de más de 5.400 euros. O las que tienen una intensidad media, que se reduciría de los 6.264 a los 2.428, un ahorro de más de 3.800 euros. Y las de menor intensidad, que irían de los 4.510 a los 1.770, una rebaja de 2.740 euros. “Nos están haciendo responsables de trasladar al ciudadano estos impuestos por una orden directa de Pedro Sánchez. Espero que los ciudadanos comiencen a saber ya que no es una decisión de los Ayuntamientos, ni mucho menos”, incidió Mazarías después de mencionar que estas subidas no benefician a las entidades locales, es decir, no tienen contraprestación para ellas, sino que es un dinero que va al Consorcio para pagar el cien por cien del coste de la eliminación y tratamiento de los residuos.
La ley de la discordia
La ley 7/2022 de ‘residuos y suelos contaminados para una economía circular’ es la que recoge la nueva tasa diferenciada de basuras, siendo una norma que transpone parte del contenido de una directiva europea relativa a los residuos, es decir, adapta la normativa comunitaria a la legislación nacional como sucede en multitud de materias. Esa directiva establece que los estados miembros deben aplicar instrumentos y medidas económicas para gestionar mejor la basura, ya sea a través del reciclaje, eliminación, reutilización, etc. Además, pone ejemplos de cómo hacerlo, algunos de ellos incluidos en la tasa de nueva creación, como el sistema de pago por generación, aquello de que el que más contamine más paga.
En España todo recayó sobre los Ayuntamientos como cobradores de esa tasa y eso condujo a Eurodiputados del PP a interpelar en la Comisión Europea si nuestro país lo estaba haciendo correctamente o si se podían buscar otras alternativas a la mencionada tasa y su cobro. La Comisión Europea contestó que los estados pueden seguir las recomendaciones de la directiva pero también pueden adoptar otras medidas o soluciones que no aparezcan en la misma, lo que dio lugar a que el Partido Popular Europeo entienda y así lo ha trasladado al resto de España que la directiva no es de obligado cumplimiento siempre que se establezca por parte del estado miembro una vía alternativa que lleve al mismo destino. Una contestación a la interpelación de los populares europeos a la que se aferra el partido de la gaviota para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de “engañar” a los españoles con una supuesta obligación de la Unión Europea que no es tal, poniendo en el disparadero o en la diana a los Ayuntamientos por su condición de cobradores del nuevo impuesto.
