La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio convoca una nueva anualidad de las ayudas al alquiler de viviendas y habitaciones para el año 2025, con la previsión de llegar a 23.500 personas, con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, aunque las propias bases de la convocatoria, que se publican este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), contemplan ampliarlo hasta llegar a los cerca de 59,5 millones.
La subvención media aumentará hasta los 2.500 euros por beneficiario, después de la supresión de la ayuda para las viviendas ubicadas en localidades del tercer ámbito. Por lo tanto, se darán ayudas para los contratos que no superen los 550 euros al mes en las capitales y poblaciones “relevantes” y los 500 euros para los municipios del segundo ámbito. El plazo para la presentación de las solicitudes será entre el próximo 1 de diciembre y el 30 de enero de 2026.
Con motivo de la presentación de la convocatoria de ayudas al alquiler del presente ejercicio, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones señaló que los solicitantes solo tendrán que rellenar la solicitud con la copia del contrato y el justificante bancario.
Quiñones recordó que entre 2015 y 2024 se han dado ayudas por alquiler de una vivienda a 131.096 personas, con un desembolso de más de 237 millones de euros.
La previsión que maneja la Consejería es que esta convocatoria reciba unas 35.000 solicitudes. Uno de los principales requisitos es contar con unos ingresos mínimos de 4.200 euros y máximos de 25.200 euros anuales. Un límite que se amplía para las familias numerosas, víctimas de terrorismo y personas con discapacidad.
Además, será necesario tener una residencia habitual y permanente en Castilla y León y que el pago del alquiler se haga a través de una entidad bancaria.
El consejero recordó que la subvención es incompatible con otras prestaciones de la misma naturaleza, salvo el bono joven del Gobierno de España. Eso sí, es compatible con el cobro de la renta garantizada de ciudadanía o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
En cuanto a la cuantía, se mantiene la subvención al 50 por ciento del precio de la renta, si bien para jóvenes menores de 36 años sube hasta el 60 por ciento; y si es en el medio rural, hasta el 75 por ciento, porcentaje igual del que se benefician las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida, con independencia del lugar de la vivienda.
Además, se incluye el alquiler en habitación, con un máximo de entre 175 y 200 euros, en función del tipo de beneficiario y la población en que se encuentra.
El Consejero apostó por resolver las ayudas en el mismo plazo que en la convocatoria anterior. Pese a recordar que la norma obliga a resolver las ayudas en seis meses, subrayó que la Junta ha logrado bajar ese tiempo, gracias al esfuerzo en la contratación de personal en el servicio, a través de Somacyl.
Además, la Junta sacará el programa de las ayudas para personas en situación de especial vulnerabilidad como víctimas de violencia de género, trata con fines de explotación sexual y violencia sexual, además de personas que han sufrido un desahucio o están sin hogar. La partida especial, de unos dos millones de euros, no está incluida en el presupuesto de la convocatoria de ayudas ordinarias, que se reparte entre las entidades del Tercer Sector (Cruz Roja, Cáritas y las fundaciones Intras, Personas y Juntos por una sonrisa).
Ayudas para la accesibilidad
El consejero aprovechó la presentación para recordar que el Bocyl publica este martes las ayudas de accesibilidad a comunidades de vecinos y viviendas unifamiliares o adosadas, correspondientes al año 2025, que estará dotada con dos millones de euros. En concreto, 968 viviendas se han beneficiado en las tres últimas convocatorias (2022 y 2024), tras destinar 4,9 millones aunque las inversiones han rondado los 14 ,millones.
