El Ayuntamiento de Segovia tiene convocado un Pleno de carácter extraordinario para el miércoles, 15 de octubre, con el objeto de debate de las ordenanzas fiscales para el año 2026. Sin embargo, tras el rechazo de la oposición a la propuesta presentada por el equipo de Gobierno del Partido Popular en la pasada sesión plenaria del 26 de septiembre y después de unas semanas de negociación, parece que la situación se mantiene de forma similar tras la reunión mantenida este martes en la Junta de Portavoces, en la que los grupos de la oposición continúan declinando las ordenanzas.
Por ello, la concejal de Ciudadanos (CS), Noemí Otero, que con una abstención podría facilitar la aprobación del documento, solicitó la desconvocatoria del Pleno extraordinario. La portavoz de CS denunció que este nuevo intento del alcalde, José Mazarías, de sacar adelante «el mismo texto sin modificaciones sustanciales, demuestra una vez más su incapacidad para el diálogo y la gestión». «El alcalde parece empeñado en hacer oposición a la oposición, en lugar de gobernar con responsabilidad», afirmó.
La edil de la formación naranja recordó que la situación «se agrava» por el hecho de que la responsable de Hacienda, Rosalía Serrano, continúa al frente de la Concejalía proponente de las ordenanzas, ya que «no tiene legitimidad política para hacerlo». Otero señaló que «no se puede pretender aprobar unas ordenanzas fiscales bajo la sombra de la sospecha, tras las presuntas irregularidades que se han hecho públicas en los últimos días y sin haber escuchado a nadie».
Asimismo, desde Ciudadanos calificaron la convocatoria de este Pleno como «una pérdida de tiempo y dinero público», puesto que «su única finalidad es mantener el show del señor Mazarías y su intento desesperado por imponer lo que no ha sabido consensuar». Otero ha recordado que «solo en dietas, este Pleno extraordinario, junto con la comisión y la Junta de Portavoces necesarias para su tramitación, costará a los segovianos cerca de 5.000 euros».
En cuanto al procedimiento, Ciudadanos denuncia «una falta absoluta de ganas de negociar y voluntad de acuerdo: no es de recibo que se convoque a los concejales dos días antes de la primera reunión oficial en septiembre, ni que tras una votación fallida en el Pleno ordinario se vuelva a citar a la oposición 48 horas antes de celebrar la comisión definitiva, sin margen real para el diálogo».
