La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha afirmado que el Poder Judicial en Castilla y León, “a pesar de las dificultades”, seguirá actuando “con rectitud, honestidad y vocación de servicio” porque el deber es “resolver los conflictos, no alimentarlos”.
“Y lo haremos con la firme convicción de que una justicia fuerte es la base de un país más libre, igualitario y justo”, agregó durante su intervención en el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en la Comunidad, celebrado en el Palacio de Justicia de Burgos.
Del Ser manifestó que “la confianza en la Justicia se construye cada día, con resoluciones claras, accesibles y fundamentadas” y argumentó que “eso requiere obrar con independencia”. “Pero la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos”, aseveró, al tiempo que afirmó que en Castilla y León, “los jueces ejercen su función con rigor, sin someterse a presiones externas, y con plena sujeción al ordenamiento jurídico”. “Como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos están obligados a respetar esa independencia”.
La presidenta del Alto Tribunal señaló que los ciudadanos “merecen una Justicia que funcione con agilidad y compromiso”. “También es nuestra responsabilidad velar especialmente por quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, aquellos con menos recursos, menos respaldo y menos voz”.
No obstante, advirtió de que “la Justicia no se construye sola”, “el diálogo y el respeto institucional deben ser la norma”. “La colaboración con la abogacía, la fiscalía, la universidad y otros operadores jurídicos es esencial para que el Derecho evolucione al ritmo de la sociedad, una sociedad que es cada vez más igualitaria”, expuso. “Tengo la convicción de que la igualdad es un pilar fundamental de nuestra democracia”, afirmó.
Desafíos
Ana del Ser también se refirió a los desafíos a los que se enfrenta el Poder Judicial que requieren, dijo, “atención urgente” como el más inmediato, que es la implantación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supone “una profunda reorganización de la Justicia en nuestro territorio”.
“Los jueces hemos trasladado reiteradamente la necesidad de una planificación rigurosa y consensuada para que esta reforma no se traduzca en más dilaciones, sino en una oportunidad real de mejorar la calidad del servicio público de Justicia”. Sobre este asunto insistió en que el TSJ, las audiencias provinciales y los juzgados decanos están “plenamente implicados” en que esta Ley se lleve a cabo con las “máximas garantías” para todos los ciudadanos de Castilla y León.
Por otro lado, Ana del Ser destacó su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género y resaltó que la especialización judicial en materia de violencia sobre la mujer es “un avance necesario y urgente”.
Otro de los retos importantes a los que se enfrenta el Poder Judicial es la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la Administración de Justicia que implica, apuntó, “una transformación acelerada”. Se mostró convencida de que “en esta revolución digital se encuentran las claves para abordar sus propios riesgos”. “No podemos ponernos de perfil pues las nuevas herramientas tecnológicas son fundamentales para detectar pruebas falsas”.
Ministerio Fiscal
También intervino en el acto el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, que reivindicó el reconocimiento del Ministerio Fiscal como parte del Poder Judicial, con las particularidades propias que lo convierten, dijo, en “un pilar básico para el equilibrio del propio Poder Judicial y del resto de las instituciones del Estado”.
Mena se refirió al artículo 124 de la Constitución que establece las misiones del Ministerio Fiscal, de “defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público y velar por la independencia de los tribunales”. “Nuestro Estatuto Orgánico indica que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial”, exclamó, al tiempo que recordó que son 135 fiscales sumados a los 314 jueces y magistrados de Castilla y León los que forman el Poder Judicial del territorio.
Asimismo, consideró que las reivindicaciones que pueden hacerse frente al eventual ataque a los principios que inspiran su trabajo pueden ser equiparables y compartidos, y añadió que “es digno de protección el respeto a la independencia judicial como lo es el respeto a la imparcialidad y objetividad del fiscal”. “Todos ellos se sustentan en el cumplimiento de la ley como pilar fundamental del Estado democrático que tenemos”.
Mena quiso hacer una llamada a toda la sociedad sobre lo que definió como “una realidad sobrecogedora que aumenta exponencialmente en los últimos años”, como son las agresiones a los profesionales sanitarios. Según expuso citando al observatorio de agresiones a profesionales médicos, el año 2024, más de mil profesionales del sistema público de salud de Castilla y León sufrieron agresiones. De ellos, el 83 por ciento eran mujeres.
Violencia sobre las mujeres
Asimismo, manifestó que cada año, desde hace dos décadas, “se comprueba que la violencia sobre las mujeres crece”. “Los datos lo demuestran, por lo que se hace más incomprensible que algún sector político y social siga anteponiendo su ideología a la cruda realidad de las cifras”. Según expuso, en 2024 en la región, aumentaron considerablemente el número de procedimientos incoados, un total de 9.664 -frente a los 8.248 en 2023-, lo que supone un incremento del 17 por ciento. “La agravante de reincidencia ha aumentado en un 78 por ciento, dato que demuestra la reiteración delictiva de los delitos de violencia sobre la mujer”.
Además, informó de que en la Comunidad, desde que se inició el registro en 2003, 64 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. “Si con este dato alguien sigue dudando que esto no es un problema nacional, que aguante la mirada ante los familiares de esas mujeres y ante la sociedad entera”.
Acto solemne
La apertura del año judicial congregó a cerca de 130 asistentes. Contó con la asistencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Martín Contreras, así como de magistrados miembros de la Sala de Gobierno del TSJCyL, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores.
Además, acudieron entre otros, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; así como representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Universidad y de otras instituciones.
