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De Madrona a Hontoria: más de 54 años de integración desigual de los barrios en Segovia

El decreto de 1971, firmado por Franco, amplió en 145 kilómetros cuadrados el término municipal de la ciudad incorporando a cinco localidades

por Javier Martin Mesa
11 de octubre de 2025
en Segovia
Estado de la calle Cantarranas, en el barrio incorporado de Madrona, tras el arreglo realizado por el Ayuntamiento de Segovia./ HÉCTOR CRIADO

Estado de la calle Cantarranas, en el barrio incorporado de Madrona, tras el arreglo realizado por el Ayuntamiento de Segovia./ HÉCTOR CRIADO

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El 17 de septiembre de 1971, el Gobierno de Francisco Franco aprobó el Decreto 2464/1971, por el cual se incorporaban a la ciudad de Segovia los municipios de Madrona, Revenga, Hontoria, Fuentemilanos y Zamarramala. Por entonces, era alcalde de la capital Juan López Miguel, dentista de profesión, siendo primer teniente de alcalde Maximiliano Fernández García, que después llegaría a ser el primer edil de la ciudad. Era gobernador Mariano Pérez-Hickman Rey, quien sucedió a Adolfo Suárez que fue gobernador civil de Segovia desde mayo de 1968 a noviembre de 1969.

Este proceso, impulsado por la necesidad de optimizar recursos y servicios en un contexto de centralismo administrativo, buscaba una mayor eficiencia en la gestión pública, y así se hizo constar en la primera parte del Decreto 2464/1971 de 17 de septiembre, en el que se especificaba que ‘los Ayuntamientos de Madrona, Revenga, Hontoria, Fuentemilanos y Zamarramala, de la provincia de Segovia, acordaron con el quórum legal solicitar la incorporación de sus Municipios al de Segovia por considerar que existen motivos notorios de necesidad y conveniencia económica y administrativa que la aconsejan’, reflejando a su vez que el Ayuntamiento de la capital había acordado aceptar las solicitudes.

Razones

Con el paso de los años, y la transición a la democracia, no fueron pocas las voces que se alzaron señalando que esa ‘solicitud’ de incorporación no fue tal, y que en la decisión de incorporar a estos municipios a la capital tuvieron que ver factores como la densidad poblacional (en el año 1971, Segovia era la tercera provincia menos poblada de España con 169.770 habitantes), la viabilidad económica o incluso la necesidad de aumentar los kilómetros cuadrados de terreno municipal. La decisión de integrar en la capital localidades como Fuentemilanos, situada a más de 20 kilómetros de Segovia, mientras que no fueron incorporadas otras más cercanas como La Lastrilla (que formó parte de la ciudad hasta 1889, aunque su primera petición de ‘salida’ se produjo 56 años antes), deja entrever que la influencia política jugó un papel determinante en esta selección.

 

Los barrios incorporados sumaron territorio y población a la capital, pero arrastran un sentimiento de lejanía institucional que todavía perdura

Los números ponen en negro sobre blanco el crecimiento de la ciudad gracias a estas incorporaciones. La superficie del término de Segovia aumentó por la incorporación en 145,11 kilómetros cuadrados, añadiendo también 2.300 habitantes. Antes de estas ‘anexiones’, el término de Segovia capital era de 16,68 kilómetros cuadrados. Tras las mismas, pasó a tener 163,79 kilómetros cuadrados, quedándose con un total de 223 municipios. Así lo dejó reflejado El Adelantado de Segovia en su edición del 15 de octubre de 1971.

No fueron estas las únicas localidades que se vieron anexionadas a otras. Así, la política concentradora de municipios deparó la incorporación en 1970 de Ortigosa del Monte al municipio de Otero de Herreros, y en 1974 la de La Higuera a Espirdo. A partir de los años 80, con la llegada de la democracia se produjo el efecto contrario, con algunas segregaciones entre las que destacaron la de Ortigosa del Monte separándose del municipio de Otero de Herreros en 1981, Las Navas de Riofrío haciendo lo propio respecto a La Losa en 1985 y, más recientemente, en el año 2000 San Cristóbal de Segovia se deslindó de Palazuelos de Eresma, ya con criterios más restrictivos por parte del gobierno regional.

Reivindicaciones históricas

Desde su incorporación, los barrios de Madrona, Revenga, Hontoria, Fuentemilanos y Zamarramala han manifestado diversas reivindicaciones. Una de las principales demandas ha sido la mejora de los servicios públicos, especialmente en áreas como el transporte, la educación y la sanidad. Los vecinos han señalado la insuficiencia de las infraestructuras existentes y la necesidad de una mayor atención por parte del Ayuntamiento de Segovia. Además, la falta de representación política directa ha sido un tema recurrente, ya que estas localidades dependen administrativamente de la capital, pero carecen de voz propia en las decisiones municipales.

El Ayuntamiento ha comenzado a dar respuesta, al menos parcialmente, a las reivindicaciones históricas de los barrios incorporados, que durante años han denunciado la falta de inversiones y el deterioro de servicios básicos como el asfaltado, el alumbrado o el mantenimiento urbano. En el marco del plan de asfaltado recientemente aprobado, con una dotación cercana al millón de euros, se han incluido actuaciones en varios de estos núcleos, entre ellos Torredondo, Madrona y Fuentemilanos, tres de los que más venían reclamando mejoras en sus viales. Esta intervención busca reducir el déficit de infraestructuras que los vecinos vienen señalando desde hace décadas y avanzar hacia un equilibrio territorial que hasta ahora ha sido más retórico que real.

 

La reciente inversión en la renovación integral de la calle Cantarranas DE Madrona marca un punto de inflexión en la respuesta del Ayuntamiento

Uno de los ejemplos más visibles de este cambio de rumbo es la reurbanización integral de la calle Cantarranas, en Madrona, una obra largamente esperada que ha supuesto una inversión de 403.099 euros. El proyecto, ejecutado por la empresa ICR Construcción y Sostenibilidad, ha transformado completamente una vía de unos 200 metros de longitud que presentaba un avanzado estado de deterioro.

Partidas municipales

Los trabajos han incluido el soterramiento de servicios, la eliminación del cableado en fachadas, la renovación del alumbrado y la ampliación de aceras y calzada. Con ello se mejora la seguridad vial y se responde a una de las demandas más reiteradas por los vecinos, que llevaban años reclamando una actuación integral en esta calle.
Además, los Presupuestos Municipales de 2025 recogen nuevas partidas destinadas a ‘mejorar los edificios de los barrios incorporados’, con el objetivo de homogeneizar las condiciones de las infraestructuras municipales y dotar a estos núcleos de los mismos estándares que al resto de la ciudad.

En paralelo, el programa ‘Segovia Educa en Verde’ ha extendido por primera vez sus talleres a barrios como Madrona, Hontoria y Zamarramala, una iniciativa que persigue reforzar la conexión entre estos núcleos y la capital. Aunque las asociaciones vecinales reconocen que empiezan a verse avances concretos, insisten en que la brecha con el casco urbano sigue siendo notable y reclaman continuidad y planificación en las inversiones para que no se repita la dinámica de actuaciones puntuales y sin seguimiento.

Revenga, la excepción que buscó recuperar su independencia

Revenga también fue municipio independiente hasta 1971, pero prácticamente desde el primer día mostró su intención de independizarse de la capital en la medida de lo posible. En 1979, sus vecinos intentaron sin éxito constituirse como entidad local menor, algo que no sería posible hasta 1983, cuando la entonces vigente Ley de Bases de Régimen Local lo permitió. Desde entonces, Revenga mantiene esa condición administrativa, con competencias limitadas y dependencia directa del Ayuntamiento de Segovia.

Pero la aspiración de recuperar su independencia municipal ha sido una constante. En 1987, la junta vecinal acordó solicitar formalmente la segregación, un proceso que culminó con la denegación de la petición mediante el Decreto 271/1999 de la Junta de Castilla y León, al considerar que el núcleo no cumplía los requisitos de población, viabilidad económica y sostenibilidad de los servicios. Aquella decisión fue recurrida ante los tribunales por la propia entidad local menor, dando origen a un largo proceso judicial que concluyó seis años después.

 

En mayo de 2005, el TSJCyL desestimó el recurso interpuesto por el barrio ante la negativa a aceptar su petición de segregación por parte de la Junta

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en su Sentencia 949/2005, de 17 de mayo, desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por Revenga y confirmó la legalidad del decreto autonómico. La Sala entendió que la creación de nuevos municipios tiene un carácter restrictivo y que Revenga no demostró suficiencia económica ni demográfica para sostener su autonomía local sin menoscabar los servicios públicos.
Los magistrados subrayaron, además, que la Junta actuó conforme al interés general, evitando la ‘atomización municipal’ y preservando una ordenación territorial racional.

 

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Casa consistorial en la entidad menor de Revenga./ E.A.

El fallo no impuso costas y dejó firme la resolución administrativa, cerrando así el intento más serio de Revenga por recuperar su estatus municipal. Desde entonces, la entidad local menor mantiene su dependencia de Segovia, aunque las reivindicaciones de autogobierno y mejora de servicios siguen siendo recurrentes,
Una de las principales reivindicaciones de Revenga es la mejora del servicio de transporte público. Actualmente, la línea N-603, gestionada por la empresa Avanza a través de un convenio con el Ministerio de Transportes, ofrece 16 paradas diarias en Revenga. Sin embargo, los vecinos han denunciado que, en muchas ocasiones, los autobuses llegan llenos o los asientos aparecen ‘bloqueados’ por el mal uso del abono transporte.

Esta situación ha generado frustración entre los habitantes, especialmente entre los más vulnerables que dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales. El alcalde pedáneo, Alfonso Nevado, calificó esta práctica como “insolidaria” en los micrófonos de Radio Segovia, y ha solicitado al Ayuntamiento de Segovia y a la Junta de Castilla y León que intervengan para garantizar un servicio de transporte digno y funcional.

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