Los cambios que Correos está aplicando en la gestión de sus servicios, con la posibilidad de abrir las puertas a la entrada de operadores postales privados pone en riesgo cerca de 20.000 empleos en los próximos meses, así como la posibilidad de que los pequeños núcleos de población rural queden sin servicio postal. Así lo aseguraron ayer los responsables del sector postal y de la sección sindical de Correos del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que anunciaron ayer un «otoño caliente» de movilizaciones si la operadora y el Gobierno mantienen viva la actual política de ajustes.
Benito Gómez Ramos, secretario provincial de Correos de CCOO, aseguró que la operadora postal puede reducir su actual plantilla hasta en 50 trabajadores menos, unidos a los 34 puestos amortizados ya tras la primera reforma de 2011; una situación que calificó de «intolerable» no sólo para los trabajadores, sino también para la sociedad segoviana que se enfrenta a una sensible merma en la calidad del servicio.
Asío, aseguró que en la actualidad «ya hay cerca de 120 municipios segovianos que tienen problemas de reparto del correo diario», y señaló que en poblaciones muy alejadas como Tejares, Grado del Pico o Valdeprados «se está dejando de recibir el correo diariamente».
Asimismo, señaló que a esta posible pérdida se le suma la ya real de 34 puestos amortizados desde 2011, y la reducción de un 20% en los puestos de contratación, lo que hace que la plantilla de trabajadores de la provincia tenga que redoblar esfuerzos para cubrir tanto sus zonas de reparto como las de los compañeros a los que no se sustituye por enfermedad o vacaciones.
Gómez Ramos aseguró que los ciudadanos «deben defender la universalidad del servicio postal» frente a la presión de las compañias multinacionales de logística y paquetería, espoleadas por los fondos de inversión que «tratan de acabar con el servicio público, lo que crearía una clara becha entre ciudadanos de primera y los de los ámbitos rurales».
Por ello, CCOO asegura que «no va a permitir despistes de tal calado cuando lo que esá en juego es la viabilidad de la empresa y el empleo de 55.000 trabajadores», por lo que exige al Gobierno que «de herramientas a Correos para competir en igualdad de condiciones», y Gómez Ramos recordó que países como Francia o Alemania «han apostado por sus servicios postales públicos inyectando financiación suficiente para mantener la universalidad de esta prestación».
