En Segovia hay multitud de pueblos con una población inferior a 100 habitantes, lo que dificulta a las Administraciones Públicas la prestación de servicios básicos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Resultan evidentes los desequilibrios económicos, demográficos y sociales entre la España vaciada y el resto del territorio, unos desequilibrios que generan una desigualdad injustificable desde el punto de vista social y económico. Existe una necesidad de proceder a lograr un desarrollo territorial equilibrado en todo el territorio español, mediante una generación de oportunidades en las zonas rurales para contribuir a la cohesión social y territorial en nuestro país. La recuperación económica y la reversión demográfica exige la promoción de una serie de medidas transversales de las Administraciones Públicas (sanitarias, educativas, asistenciales, de movilidad, etc.) para atender las necesidades de las zonas rurales y al mismo tiempo generar oportunidades.
Las políticas europeas, ya sea a través de la Política Agraria Comunitaria (PAC) o a través de los diferentes fondos estructurales de la Unión Europea (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión), han consistido en actuaciones de mantenimiento y no en acciones transformadoras, que han sido incapaces de revertir la despoblación y pérdida de tejido económico en las zonas rurales desfavorecidas.
Para afrontar los desafíos de demográficos, sociales y económicos que afectan a más de la mitad del territorio español, se aprobó la Ley 45/2007, de Desarrollo Rural Sostenible con la implicación de la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas y locales, que estaba proyectada para jugar un importe papel en el medio rural, pero dicha finalidad no ha cumplido con los objetivos programados.
En segundo término, en el año 2021, se aprobó el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, focalizado en las zonas rurales y en los municipios de menos de 5.000 habitantes, con el apoyo de los fondos europeos Nex Generation UE. El objetivo era mejorar la vertebración territorial de España, eliminar las diferencias entre el medio rural y urbano. Un Plan dotado con 10.000 millones de euros (en buena parte procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia) que comprende de 130 medidas ordenadas en 10 ejes.
Los objetivos señalados en el Plan son la diversificación económica de las zonas desfavorecidas, el impulso de la innovación, la plena conectividad digital, el reforzamiento de los vínculos entre los ámbitos rural y urbano, la puesta en valor del territorio y de las posibilidades endógenas de crecimiento, la adecuada prestación de servicios básicos y la toma en consideración de la incorporación de la perspectiva demográfica en la toma de decisiones de las Administraciones Públicas junto con el impulso de las estrategias que atraigan talento joven al medio rural y la eliminación de la brecha de género.
Sin embargo, esos objetivos claramente no se han cumplido en estos cinco años (2021-2025). El primer eje, Impulso de la transición ecológica, preveía el desarrollo de las energías renovables y la utilización de las energías en actividades económicas llevadas en el medio rural como en el autoconsumo. Sin embargo, la política de energías renovables no se ha coordinado con la política de desarrollo rural, mediante la instalación de plantas que contribuyan al desarrollo rural sostenible, a la diversificación del tejido productivo y a la generación de empleo. Por otra parte, la lentitud y burocratización del proceso no han ayudado a implementar medidas que contribuyan al desarrollo del medio rural. Las energías renovables debían haber sido un instrumento dinamizador del tejido productivo en las zonas rurales, de modo que el precio de la electricidad sea más barato para las actividades económicas realizadas en nuestros pueblos, con el fin de atraer nuevas inversiones. Las energías renovables deben estar ligadas con la política de desarrollo rural en el sentido de que la estrategia energética debe integrarse en la política de desarrollo económico local teniendo en cuenta las necesidades locales y sus potencialidades, junto con la integración de la energía renovable en la cadena de suministro de la zona rural: agricultura, ganadería, silvicultora, industria tradicional o turismo ecológico.
Las energías renovables suponen una oportunidad para la España rural vaciada por el potencial de generar tejido productivo, crear puestos de trabajo y aumentar el valor añadido en las zonas rurales, en la lucha contra la despoblación. Los municipios que cuentan con renovables pierden menos población, donde pueden aprovecharse tierras que permanecen improductivas, al mismo tiempo que pueden completar los ingresos de los agricultores con el arrendamiento de una parte de su explotación para uso energético, sin abandonar su actividad, logrando maximizar sus ingresos. Hay muchas zonas rurales que pueden ser aptas para estas instalaciones contribuyendo a la diversificación del tejido productivo y la mejora de los niveles de renta de su población, al mismo tiempo que aportan nuevos ingresos tributarios a los Ayuntamientos.
El Covid 19 ha revelado también para la España rural vaciada nuevas oportunidades como el teletrabajo, consolidado para trabajadores altamente cualificados, programadores, diseñadores, creadores de contenido on line, que han decidido vivir en pequeños municipios. Segovia, próxima a Madrid, puede verse beneficiada, el teletrabajo puede atraer población activa y generar puestos de trabajo, junto con los jubilados retornados, que pueden retroalimentar la dinamización de nuestra provincia. Lo que exige que se motive el teletrabajo y se consiga el acceso a toda una serie de servicios básicos (educativos, sanitarios, asistenciales).
El precio de la vivienda en las ciudades también puede ser un vector importante en el asentamiento de la población en los núcleos rurales. Junto con la protección de las pequeñas y medianas empresas rurales que han de gozar de un modelo de tributación que garantice su supervivencia y prevea los oportunos beneficios fiscales por la transmisión de la empresa familiar. La España rural vaciada, integra 21 provincias que ocupan el 53% del territorio, concentran el 14% de la población y generan el 12% del PIB, pero que viene perdiendo población, servicios y peso económico desde hace años. Una España que tiene tasas de natalidad por debajo de la media de nuestro país, por lo que para contrarrestar estos datos han de diseñarse un desarrollo territorial más equilibrado y una reactivación económica y demográfica, lo que exige la potenciación de la digitalización para facilitar el teletrabajo, dotar a sus habitantes de las habilidades digitales, el fomento de la formación profesional, junto con la potenciación de los servicios sanitarios, asistenciales, formativos, dotados de medios técnicos y humanos, y la mejora del acceso a los servicios básicos.
