Un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Segovia ha decretado el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias abiertas por la querella presentada por el exconcejal socialista, Juan Cruz Aragoneses, contra el arquitecto y aparejador de los miniapartamentos ilegales del Eresma, T.S.A y J.L.P, por un presunto delito de estafa procesal en grado de tentativa. Contra este auto cabe la presentación de un recurso ante la Audiencia Provincial, sin perjuicio de que Aragoneses pueda emprender acciones por la vía civil.
Aragoneses denunció a los dos técnicos, que le acusaron en su momento de cometer un delito urbanístico, por “manipulación de pruebas”; en concreto, por aportar un plano, presuntamente manipulado, con el fin de hacer creer al juez, según aseguró entonces el letrado del exconcejal, que las obras de reforma de una vivienda de su propiedad había afectado a la cacera de Regantes de San Lorenzo, lo que se demostró que era incierto.
En el auto, al que ha tenido acceso EL ADELANTADO, el magistrado-juez Teodoro Molino Tejedor sostiene que “la manipulación de prueba alegada, caso de existir, no provoca error alguno en el juez o tribunal porque solo fue uno de los elementos base de la resolución dictada” que fue, como se recordará, el archivo de la causa penal contra el exconcejal. El magistrado añade que “la manipulación que se dice existe no tiene virtualidad, no es idónea para provocar error en el tribunal en tanto es una más de las alegaciones del denunciante susceptible de acreditarse mediante informe o declaración testifical como así se hizo”. Es más, el juez llega a asegurar en el auto que la resolución judicial, que exculpó a Aragoneses de cometer el delito urbanístico, “no pudo nunca motivarse en el engaño alegado” que califica además de “burdo por su fácil descubrimiento”.
El juez recuerda además que el proceso penal se archivó en la fase instructora, no hubo acusación, ni se inició el juicio oral, lo que demuestra “la escasa virtualidad de la manipulación alegada para producir error en el juzgador”. En este sentido, el magistrado hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 2005, donde señala que “el engaño ha de ser en todo caso idóneo, lo que implica en la estafa procesal propia que tenga la entidad suficiente como para superar la profesionalidad del juez y las garantías del procedimiento”.
Por último, concluye que los hechos no son constitutivos de un delito por lo que acuerda el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias, “sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado”.
Jorge González Lage, abogado de Aragoneses, sostiene que en este auto el juez “no niega que exista una manipulación de una prueba, lo que ocurre es que entiende que no tiene virtualidad práctica como para suponer una tentativa de estafa procesal consumada” . Es decir, el juez no fue inducido a error puesto que el proceso penal se archivó en la fase de instrucción “y no hubo ni acusación ni juicio”.
González Lage subrayó ayer que el magistrado-juez Teodoro Molino “deja expedita la vía civil para reclamar daños y perjuicios” algo que, según dijo, “nos lo estamos planteando seriamente” porque “creemos que hubo un intento de estafa procesal para inducir a error y atentar contra el derecho al honor de mi cliente”. Además del recurso ante la Audiencia e iniciar acciones civiles para reclamar daños y perjuicios, González Lage no descarta poner en conocimiento del Colegio de Abogados las prácticas “poco éticas” del letrado de los técnicos de los miniapartamentos.
Aragoneses, que fuera portavoz socialista y ‘mano derecha’ del exalcalde Pedro Arahuetes, presentó el 11 de marzo del pasado año ante el juzgado la querella por un presunto delito de estafa procesal contra el arquitecto y el aparejador. Aragoneses presentó esta denuncia casi un año después de que la Audiencia Provincial archivara, de forma firme y definitiva, la causa penal que pesaba sobre Aragoneses y su expareja sentimental, Felisa Torrego, por la reforma de una vivienda, en unos terrenos propiedad de ambos, junto al monasterio de San Vicente el Real.
Aquel proceso penal fue abierto a raíz de la denuncia presentada por T.S.A y J.L.P, quienes imputaron al exconcejal socialista y a su pareja la comisión de presunto delito urbanístico al sostener que la reforma de la casa había afectado a la cacera de regantes de San Lorenzo (un bien jurídico protegido) un extremo que negaron después sucesivos pronunciamientos judiciales, hasta el archivo definitivo de la causa por parte de la Audiencia Provincial, en mayo de 2013.
Aragoneses presentó su dimisión, en julio de 2010, por el escándalo de la presunta reforma irregular de la vivienda ; una demanda que tenía olor a ‘vendetta’, puesto que entonces el Ayuntamiento libraba una dura batalla en los tribunales contra el arquitecto y aparejador de los ‘miniapartamentos ilegales’ del Eresma.
