El sistema de seguimiento electrónico para agresores con orden de alejamiento continúa dando que hablar. Las famosas ‘pulseras antimaltrato’ telemáticas. Desde que el el Ministerio de Igualdad realiza un control de estos registros, la provincia de Segovia tiene el número de dispositivos más altos, con un total de 20, a fecha de julio. En España, la medida se extiende a más de 4.550, con datos de finales del 2024, de los cuales 2.016 fueron acordados durante ese año. En comparación con los registros de diciembre de 2022, cuando había 3.056 usuarios activos, el incremento se acerca al 50%.
El funcionamiento de este mecanismo de control se activa cuando el agresor altera la distancia impuesta por el juez, y se genera una alarma automática para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad acudan al punto en cuestión con el objetivo de que no se produzca el quebrantamiento de la medida cautelar.
Estas pulseras están de actualidad candente al encontrarse una serie de fallos en el sistema telemático, que han tenido un impacto directo en las víctimas al contar con problemas como la facilidad para quitarse el dispositivo o el fallo en las alertas.
Por ello, el PP exigió este martes el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos de las pulseras telemáticas antimaltrato, y que el Gobierno pida «perdón a las víctimas, una auditoría independiente y un sistema seguro y fiable». En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró «todo el respaldo» a la ministra de Igualdad, tras los fallos en las pulseras antimaltrato, e indicó que «la tecnología no es infalible».
Por otro lado, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada indicó en febrero de este año, durante la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, que el sistema de control de las pulseras telemáticas estaba fallando y que, dado que se ha acordado la imposición de «muchísimos dispositivos», estos «problemas» se estaban produciendo en «multitud de causas penales».
Femur pide medidas urgentes
Diferentes colectivos han mostrado sus reivindicaciones como el caso de la Federación Española de la Mujer Rural (FEMUR), que reclamó al Gobierno central «medidas urgentes» que refuercen la vigilancia y garanticen una atención más eficaz a las víctimas de violencia de género. «Los incidentes técnicos no pueden permitirse en este tipo de sistemas de protección cuando lo que está en juego es la vida de una persona», señalan desde la federación.
