Las denuncias interpuestas por mujeres ante casos de malos tratos por parte de su pareja se incrementaron un 19% en Castilla y León durante el año pasado hasta llegar a las 5.132 registradas ante los juzgados de violencia sobre la mujer, según los datos del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Esta cifra supone un 4,04% del total de las presentadas en el ámbito nacional, donde se llegó a las 126.742 denuncias, lo que supone un aumento del 1,5% con respecto a las presentadas en 2013.
Los datos desvelan que en 2014 se registraron 17 denuncias al día en la Comunidad. Así, del total, 568 fueron se cursaron directamente por la víctima, 11 por familiares, 3.385 derivaron de atestados policiales —3.305 por parte de la propia víctimas, 79 por un familiar y 907 por intervención directa policial— mientras que 252 se cursaron tras un parte de lesiones y 10 por los servicios asistenciales.
De este modo, en Castilla y León se registraron 20,6 denuncias por cada 10.000 habitantes y 40,6 denuncias por cada 10.000 mujeres. En este caso, Baleares con 84 denuncias por cada 10.000 habitantes, Murcia con 69, Comunidad Valenciana y Canarias, ambas con 65, y Andalucía con 63, son las Comunidades con una mayor tasa de denuncias, mientras que La Rioja, con 34 denuncias por cada 10.000 habitantes, País Vasco y Extremadura, con 35 ambas, y Galicia con 36, son las comunidades con una menor tasa de denuncias.
Por otra parte, en el año 2014 se produjeron en la Comunidad 853 renuncias a continuar con el proceso judicial, un 16,6% de las denuncias presentadas. La mayoría de las renuncias fueron registradas por españolas, 544, mientras que 309 procedían de ciudadanas extranjeras.
Los juzgados regionales recibieron 1.354 solicitudes de órdenes de protección, lo que supone un incremento del 7,6% con respecto a 2013 cuando se solicitaron 1.252. En 2014 se resolvieron 856 y se denegaron 498.
Además, se adoptaron 2.141 medidas penales, entre las que destacan la orden de alejamiento (896 casos), la prohibición de comunicación (867) y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión (77).
Al mismo tiempo se dictaron 569 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Un total de 215 fueron en relación con la prestación de alimentos y 202 resolvieron la atribución de la vivienda. En 48 casos supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en 34 supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.
La mayoría de los delitoslos cometió el cónyuge en el 30,9% de los casos; seguido por uno de los miembros de una exrelación afectiva, 28,43%; una relación afectiva actual, 27,9%, y en el 12,7% por un excónyuge.
Durante 2014, el 73,6% de las sentencias penales en este ámbito fueron condenatorias.
