Castilla y León destinó al gasto social (sanidad, eduacción y servicios sociales) 3.651,76 euros por habitante en 2024, casi 400 euros por encima de los 3.277 que, por habitante, se destina al gasto social como media en el país.
La Comunidad aumentó su gasto social entre 2019 y 2014 un 31,54 por ciento, ya que en 2019 invirtió 6.617,50 millones de euros y en 2024, un total de 8.704,70 millones.
Por habitante, la inversión aumentó un 32,87 por ciento desde los 2.748,44 euros por persona de 2019 a los 3.651,76 euros dedicados per capita en 2024. No obstante, el porcentaje de la inversión sobre el total de presupuesto disminuyó en ese período un 3,71 por ciento, según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicado este lunes.
La previsión, según el estudio, es que las políticas sociales en Castilla y León acumulen el 64,58 por ciento del gasto este año, frente al 62,18 de 2019.
En Servicios Sociales el gasto aumentará este año, acumulando un 8,93 por ciento del presupuesto, lo mismo que el año pasado y frente a 2019, en el que el desembolsó se cifró en un 4,87 por ciento del total presupuestario.
Presupuestos
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denunció que la ausencia de Presupuestos del Estado “lastran” las políticas sociales.
El año 2024 supuso un recorte en el conjunto del país de 2.364 millones de de euros de la inversión en políticas sociales respecto al 2023. Además, continuó la disminución del porcentaje que destinan las comunidades autónomas a políticas sociales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), que ha pasado del 67,4 por ciento en 2010 al 59,1 por ciento en 2024.
La desigualdad en los servicios que las comunidades ofrecen a su ciudadanía queda patente al analizar su inversión den políticas sociales. En concreto, las que menos invierten son Madrid (2.702,8), Cataluña (2.940,8) y Andalucía (3.158) frente a Navarra (4.500), País Vasco (4.343,5) y Extremadura (4.124,1), que son las de mayor inversión por habitante.
En 2024, los presupuestos de las comunidades aumentaron en 9.750 millones de euros, mientras que la inversión en políticas sociales se redujo en 2.364 millones.
