Tanto desde la legalidad como desde el mero interés político, lo cierto es que el Ejecutivo y las instituciones públicas, en mayor o menor medida siempre influidas por el partido gobernante, se apresuraron ayer a dejar claro que las cortapisas de los ayuntamientos de Vic y de Torrejón a los derechos de los inmigrantes sin papeles, a los que niegan el empadronamiento en el censo de las localidades, son inadmisibles.
Después de que el martes la Generalitat ya señalara que los consistorios rebeldes, casualmente liderados por CiU y el PP, no pueden negarse a inscribir a los extranjeros, sea cualquiera su situación administrativa, tanto el presidente Zapatero, como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Abogacía del Estado sumaron sus voces en favor del inexcusable cumplimiento de la normativa, que impide ese tipo de discriminación.
Los letrados públicos concluyeron, en el informe elaborado a raíz de la polémica de Vic, que «la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español»
Así lo informó el Ministerio de Justicia en una nota en la que señala que, «en consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el extranjero no reside legalmente en España». «A efectos de tramitar las solicitudes, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado», añade el informe de la Abogacía del Estado.
Muy similares son las conclusiones de otro dossier encargado por la FEMP, que concluye que los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a los irregulares en el Padrón, y si no, el Estado, a través del INE, podrá hacerlo en ejercicio de la acción sustitutoria prevista en la Ley del Régimen Local.
Indica el estudio que «toda persona que viva en España está obligada a inscribirse» y, al hacerlo, adquiere la condición de vecino del municipio en el que se empadrona y, por tanto, los derechos y deberes que les atribuye la citada normativa.
También terció en la polémica, aunque desde una óptica mucho más política, el presidente Zapatero, que aprovechó las recientes declaraciones del PP anunciando que el endurecimiento de la política de inmigración constituirá el eje de su futura campaña en las autonómicas de Cataluña para proclamar que no va a «consentir que por un truco de un Ayuntamiento» haya personas que puedan quedarse sin derecho a recibir asistencia sanitaria o a acudir a la escuela. Durante su comparecencia tras el Pleno del Parlamento Europeo, el socialista recordó que los españoles «hemos luchado durante décadas para que eso no nos pasara a nosotros cuando teníamos que estar fuera, como para que ahora permitamos que eso pueda pasar en nuestro país. No lo vamos a consentir», remachó.
