La Junta ha autorizado en el Consejo de Gobierno de este jueves las bases para la convocatoria extraordinaria de ayudas a trabajadores en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en los municipios afectados por los incendios forestales de este verano.
Esta línea, destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo, pretende contribuir a sostener la actividad económica y contribuir a la recuperación en estas zonas. Según fuentes del Ejeecutivo, la próxima semana se publicarán las bases en el Boletín Oficial de Castilla y León para abrir la convocatoria de forma inmediata.
A esta convocatoria extraordinaria, con una dotación de 250.000 euros ampliables, podrán acceder todos los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en centros de trabajo ubicados en términos municipales y localidades afectados por los incendios.
La subvención será compatible con otras ayudas destinadas a la misma finalidad, si bien la suma de las percepciones del trabajador -incluido, en su caso, salario y/o prestación por desempleo- no podrá superar el 100 por 100 de su retribución bruta mensual.
El Consejo también aprobó la concesión directa de 150 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas, y una nueva relación de 70 agricultores y ganaderos profesionales beneficiarios de la ayuda mínima de 5.500 euros, por un importe total de 385.000 euros. El acuerdo se suma al primer paquete aprobado la semana pasada, que ya benefició a 460 profesionales.
Plan de recuperación
La Junta ha estimado que tiene puestas en marcha 30 de las 45 medidas previstas en el plan de recuperación de zonas afectadas por incendios forestales, aprobado el 20 de agosto, con un presupuesto de 114 millones de euros.
El total de inmuebles afectados a 3 de septiembre se mantiene en 235: 12 de ellos viviendas habitadas como primera residencia; 30 viviendas de segunda residencia; 20 en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes o cobertizos) y 18 naves.
En la segunda semana de vigencia del plan, la Junta precisó que 219 familias desalojadas tienen ya autorizado el pago de una ayuda de 500 euros. A través de las ayudas de emergencia se está procediendo a realojar a unas 12 familias que han perdido su recurso habitacional hasta el acondicionamiento de su casa. La zona de León es la más afectada, donde se han identificado diez viviendas.
Respecto a las ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes, la Junta alcanza las 33 subvenciones concedidas por un total de 181.500 euros en dos semanas.
Un total de seis ayuntamientos (13 localidades) han comunicado daños en infraestructuras y servicios municipales que van a ser sufragados desde la Consejería de la Presidencia.
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha aceptado ya 17 de las 107 ayudas concedidas el pasado jueves para la contratación de trabajadores por porte de los ayuntamientos. Esta línea cuenta con un presupuesto inicial de 2,37 millones, y permitirá financiar la contratación de 210 trabajadores en los municipios afectados.
Planificación forestal
El Consejo de Gobierno de este jueves ha aprobado el decreto por el que se regula la planificación y ordenación forestal. Este nuevo instrumento, sobre el que se trabajaba desde hace tiempo, busca agilizar los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales y permitirá la implantación de tecnologías en los inventarios forestales.
El decreto establece el marco regulador de la planificación y ordenación forestal de los montes de Castilla y León, tanto arbolados como desarbolados, aplicable a todos los terrenos que tengan la consideración legal de monte, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Montes, así como aprobar las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes.
La aprobación de este proyecto de decreto supondrá una agilización de los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales, facilitando medios electrónicos para quienes deseen o tengan la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración, mejorando la seguridad jurídica del administrado en cuanto al conocimiento de los plazos de tramitación necesarios en los procedimientos y sus efectos. Permitirá, además, la implantación de tecnologías en los inventarios forestales.
