La nueva ley básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que establecía un nuevo sistema de financiación basado en la prestación de servicios y las aportaciones voluntarias, entró en vigor en abril de 2014, comenzando así un nuevo periodo para estos organismos que perdían la financiación pública, fundamental para su mantenimiento en muchos casos.
Recuerda ahora Pedro Palomo, presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, que la eliminación de esta financiación “fue una medida muy dura para las Cámaras, porque son corporaciones de derecho público, es decir, las regula la administración pública, que nos pone a los empresarios para que las gestionemos y nos dotaba de unos recursos financieros para funcionar y de repente la pata más importante de la silla nos la cortan desde arriba y eso hace que nos tambaleemos”.
Sin embargo, en Segovia “ahora nos estamos reinventando y la Cámara tiene un plan de sostenibilidad, de ajustar los gastos a los ingresos, que no siempre es fácil, porque tenemos que dar ciertos derechos públicos y ahora hay que lograr los recursos haciendo dotaciones de empresas… Pero de momento hay seguimos”.
Y sigue ofreciendo el servicio público que fundamenta su razón de ser. Por ello, las Cámaras de Comercio de Castilla y León destinarán entre 2016 y 2018 un total de 1.024.800 euros a ayudas directas a las empresas que contraten a menores de 30 años, a través del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) diseñado por la Cámara de España, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y que se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social —la Cámara de Comercio de España destinará 25 millones para conseguir un total de 16.665 contratos laborales—.
El objetivo de las catorce cámaras de la Comunidad Autónoma es crear en los próximos años 628 contratos laborales, que beneficien a menores de 30 años, de manera que las empresas recibirán 1.500 euros por cada contrato realizado. Entre las obligaciones para las empresas están que los contratos sean a tiempo completo y tengan una duración mínima de seis meses; además, los jóvenes deberán estar previamente dados de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y haber finalizado, al menos, la fase de orientación vocacional del Plan de Capacitación, que contempla el PICE de las Cámaras de Comercio de la región.
Así, según los promotores de la iniciativa, las empresas podrán contratar a jóvenes cualificados profesionalmente y con competencias específicas en los puestos de trabajo que oferten, participarán en un programa de mejora social comprometido con el empleo y el futuro de los jóvenes del país; y tendrán el asesoramiento de las Cámaras para la mejora de la competitividad de su negocio.
Además, dentro del mismo programa, la Cámara de España dedicará 2,2 millones de euros adicionales para ayudar a los jóvenes que decidan poner en marcha su propio negocio. Estos nuevos empresarios —siempre que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y hayan finalizado la orientación vocacional dentro del Plan de Capacitación del PICE— podrán recibir una ayuda de 1.800 euros. Independientemente de la forma jurídica que se elija, la actividad empresarial o profesional deberá permanecer de alta en el IAE y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos durante un año.
Actualmente, un total de 19. 657 jóvenes entre 16 y 29 años participan en el Programa Integral de Cualificación y Empleo, según los datos de la Cámara de España. De esta cifra, 14.646 han pasado ya por la fase de orientación vocacional; 5.764 han finalizado la formación troncal (competencias digitales, idiomas, habilidades sociales) y 1.709 la están cursando. Además, 2.267 han finalizado la formación específica y 532 están realizándola. En cuanto a empresas, ya se han adherido al PICE un total de 1.178.
