El gasto en pensiones en España se ha incrementado un 47% en siete años por las subidas del Índice de Precios al Consumo (IPC). En efecto, la nómina de prestaciones contributivas de este mes de agosto ha ascendido a 13.620 millones de euros, un 6,1% más que el año 2024, de modo que la paga media de las nuevas jubilaciones del régimen general se sitúa en 1.722 euros mensuales. Una consecuencia de las reformas de la Ley de Seguridad Social en estos últimos siete años que condicionan la sostenibilidad del sistema público de pensiones al incremento constante de los ingresos, al mismo tiempo que se ha vinculado legalmente la revalorización de las pensiones al incremento de la inflación, lo que ha determinado el señalado aumento de la factura mensual del gasto en pensiones.
En el año 2018 con el nuevo Gobierno se sustituyeron las medidas de contención del gasto de los gobiernos conservadores y el resultado es el incremento de las obligaciones financieras de la Seguridad Social, si el año 2018 el gasto mensual en pensiones sumaba la cifra de 9.217 millones de euros, en el año 2025 ese gasto abarca los citados 13.620 millones de euros. El resultado es el incremento del 47% en los últimos siete años. Se ha sustituido el incremento en base al derogado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que determinó unos incrementos en los años 2014 a 2017 del 0,25%, mientras que con Pedro Sánchez las subidas se realizan en función del IPC, lo que ha propiciado actualizaciones: 1,6% en los años 2018 y 2019; 0,9% en 2020 y 2021; 2,5% en 2022; 8,5% en 2023, 3,8% en 2024 y 2,8% en 2025. El resultado es que el gasto en pensiones sumará la cantidad de 216.000 millones de euros en este año 2025, consecuencia directa de la actualización de las pensiones en función del IPC. Un efecto que se suma al hecho de que el importe de las nuevas pensiones que se incorporan al sistema es superior a las que causan baja, dado que de media estas nuevas pensiones es un 17% superior de las que se dejan de abonar. Como se ha señalado anteriormente, la media de las nuevas jubilaciones del régimen general asciende a 1.722 euros mensuales en 14 pagas (2.009 euros en 12 pagas), una nueva pensión que es un 3,4% superior que la media del régimen general (1.666 euros) y que perciben 4,9 millones de pensionistas); un 14,2% más elevada que la pensión media de todos los regímenes (1.507 euros); y un 31,2% más alta que la prestación media del sistema (1.312 euros, que tiene en cuenta todos los regímenes y tipos de pensión). El problema se vuelve agravar porque las nuevas pensiones están por encima del nivel de los salarios sometidos a cotización a la Seguridad Social, dado que el salario medio es de 15.574 euros en doce pagas (1.297 euros mensuales). Es decir, las nuevas pensiones del régimen general (2.009 euros) son un 54,9% más elevadas que el salario medio (1.297 euros mensuales en 12 pagas).
Existe además un desequilibrio estructural entre las cotizaciones y las prestaciones, es decir que si lo que se cotiza debe ser igual a lo que se percibe en pensiones a lo largo de la jubilación (coeficiente 1), en España ese coeficiente se sitúa en 1,62, es decir, el pensionista medio recibe una cantidad 64% superior a lo que ha cotizado, un índice que en 2020 era de 1,55. Un desequilibrio que se compensa con transferencias del Estado a la Seguridad Social, y que en 2024 superaron los 48.000 millones de euros, lo que hace necesario el establecimiento de una serie de ajustes, dado que hasta junio de 2025 las transferencias han sumado la cifra de 32.315 euros, por lo que esas transferencias sumarán los 51.000 millones de euros en 2025 que deberán proceder de los impuestos de los ciudadanos. Unas cifras alarmantes que pueden condicionar el futuro de las nuevas generaciones obligadas a soportar el coste del actual sistema.
