La Junta ha aprobado este miércoles un plan de ayudas para las zonas afectadas por los incendios, dotado con 114 millones de euros, ampliables, y con 45 medidas estructuradas en tres bloques.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado las ayudas directas: 500 euros por familia evacuada, 5.500 por empresa o negocio que se encuentre en zonas calcinadas (tanto afectadas de forma directa o por lucro cesante), hasta 185.000 para la reconstrucción de viviendas devastadas y compensaciones por cosechas, animales y otros bienes perdidos.
El presidente garantizó que agilizarán al máximo estos apoyos aunque algunos se deberán desarrollar y acordar con los sectores afectados, como las agroganaderas. Al respecto, anunció que la consejera de Agricultura, María González Corral, se reunirá con las OPA este viernes.
Mañueco aseguró que dentro de un segundo bloque se iniciará de inmediato la recuperación de las infraestructuras públicas dañadas, tanto las ambientales, como las agrarias, las hidráulicas, las de transporte y culturales, junto a la recuperación de hábitats y restauración vegetal de áreas quemadas. Por último, la tercera pata incluye un programa de intervención especial en Las Médulas.
El viernes se publicará una primera orden de la Consejería de Medio Ambiente, que identificará una primera relación de localidades afectadas donde se aplicarán estas medidas, entre las que se encuentran las de esta oleada de incendios de agosto y las de julio.
Apoyo a familias y pueblos
La ayuda, en caso de reconstrucción total o en el caso de haber quedado una vivienda inhabitable, llega hasta los 185.000 euros. Según Mañueco, podrían ser unas 50 en la Comunidad. También se refirió a compensaciones para sufragar la pérdida de enseres básicos y otras ayudas para reparar los daños causados en edificaciones complementarias. Así, se prevé la reposición de mobiliario, electrodomésticos y otros bienes de primera necesidad.
Los 500 euros a las familias desalojadas de sus viviendas por los incendios, podrán solicitarse desde este viernes.
Las ayudas financiarán el alojamiento temporal de las personas cuya vivienda haya sido afectada, mientras se produce la reparación o acondicionamiento. También los gastos soportados por los municipios en la acogida de personas evacuadas, voluntarios, profesionales y otros colectivos.
Mañueco enumeró otras partidas a los municipios para infraestructuras y equipamientos municipales de carácter general y ayudas para la reposición de contenedores u otras infraestructuras para la gestión de residuos domésticos. El Presidente de la Junta afirmó además, que los trabajos de desescombro ya se están realizando.
Sector primario
Fernández Mañueco ha garantizado asimismo, la flexibilización de los condicionantes de la PAC, que se van a cobrar desde el primer día. También se refirió a las ayudas destinadas a la reconstrucción, restauración o rehabilitación de instalaciones vinculadas a la agricultura, ganadería y sector apícola.
Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico incluye medidas, ya en marcha a través de un sistema de emergencia, para abastecer de alimento y agua a granjas y colmenares mediante paja, forraje, pienso, depósitos móviles y abrevaderos.
Los ayuntamientos afectados podrán ejecutar de forma inmediata balsas de agua y el Gobierno autonómico llevará a cabo la reparación de caminos rurales, priorizando accesos a explotaciones y cortafuegos. Además, se impulsa la tramitación de concentraciones parcelarias en los municipios afectados que lo soliciten, y el Ejecutivo autonómico promoverá la contratación de personal en las secciones agrarias comarcales para reforzar los servicios que se prestan a los municipios afectados.
Mañueco también abordó las actuaciones en materia de abastecimiento de agua y depuración, como la reparación o reposición de los sistemas de captación y conducción de agua potable a los núcleos de población afectados o el abastecimiento urgente mediante el suministro de agua embotellada o con cisternas.
Tejido productivo
La Junta concederá ayudas extraordinarias de 5.500 euros destinadas a todos los negocios en las zonas afectadas, con el objetivo de compensar el periodo de inactividad y contribuir a la recuperación de la actividad. Una ayuda que se podrá solicitar desde este viernes.
A su vez, establece una línea de ayudas a empresas y trabajadores afectados por ERTE debido a los incendios; para “potenciar la reconstrucción y recuperación de negocios autónomos afectados por los incendios en los sectores del comercio, la artesanía y los servicios”; y para fomentar la creación de empresas, con el porcentaje máximo de subvención del 75 por ciento sobre el coste subvencionable.
El Gobierno autonómico prevé líneas específicas de bonificación de préstamos concedidos por entidades financieras y avalados por Iberaval. Asimismo, se contemplan medidas de apoyo financiero a empresas que acrediten pérdidas vinculadas a los incendios.
En lo que se refiere al empleo y la formación, el Ejecutivo autonómico establece ayudas a los ayuntamientos afectados para la contratación de desempleados mediante el programa Renacel.
Además, para el mantenimiento del empleo, se financiará el coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por empresas que apliquen expedientes de regulación temporal de empleo por diferentes causas.
Plan para Las Médulas
La tercera pata del plan de medidas es un programa específico de recuperación y puesta en valor de Las Médulas, en el que promoverá un nuevo proyecto con actuaciones para su conservación, restauración de sendas, reconstrucción de infraestructuras culturales, ordenación del uso público, fomento del turismo y protección del medio natural. A la vez, se incluyen iniciativas de promoción cultural y patrimonial, así como acciones “orientadas a reforzar la proyección internacional de este enclave como Patrimonio de la Humanidad”. Para ello, continuó, ya se ha visitado este espacio con un grupo de expertos, para “recuperarlo lo antes posible”.
Así, el presidente de la Junta explicó que se trabaja ya en la recuperación del mirador de Orellán, el Aula Arqueológica y el acceso a las pasarelas, con la ayuda de los técnicos y la colaboración del CSIC y la Unesco.
Asimismo, se ha aprobado solicitar al Gobierno central, ya que son materias de competencia exclusiva estatal, la adopción de medidas laborales urgentes para la protección de los trabajadores y de las empresas. Estas son las suspensiones totales o parciales de actividad laboral y reducciones de jornada por causas de fuerza mayor; suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con los incendios; exenciones en la cotización a la Seguridad Social; y prestaciones por cese total o parcial de actividad de trabajadores por cuenta propia o Autónomos y en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios sin que sea necesaria la aportación de documentos que acrediten la existencia de fuerza mayor.
Declaración de zona catastrófica
El Consejo de Gobierno acordó la solicitud al Gobierno de España de la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para los municipios dañados por los incendios forestales acaecidos en los meses de verano de 2025, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
En julio y agosto se mantuvo en la Comunidad la declaración de diversas situaciones operativas del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal). El 12 de agosto se declaró la situación operativa 2 (b) del Infocal ante la emergencia provocada por la simultaneidad de incendios forestales IGR-2 que afectan a varias provincias. La declaración de la situación 2 (b) implica que la dirección del Infocal es asumida por el Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico (Cecopi), formado por el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen. En este órgano se integran las autoridades de las administraciones implicadas a nivel autonómico y se coordina la labor de los distintos Cecopi provinciales.
Algunos de estos incendios han sido significativamente virulentos con consecuencias dolorosas sobre la población: cuatro fallecimientos (tres en León y uno en Ávila), personas heridas y más de 8.000 desalojados. A esto se suman los graves daños en los bienes materiales, la superficie arbolada, y las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Por estos hechos concurre la circunstancia de catástrofe definida en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma prevé que, cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán medidas cuando se produzca la declaración de emergencia, en los términos que apruebe el Consejo de Ministros.
