El Banco Central Europeo ha solicitado informes sobre Proinserga a los bancos españoles que se encuentran afectados por el proceso concursal de Proinserga.
El objetivo es conocer en qué medida les afecta la deuda que mantienen para elaborar sus calificaciones de estrés. Estas pruebas de tensión consisten en calcular, para una entidad, la pérdida que se produciría en escenarios extremos de cambios del mercado previamente seleccionados (fluctuación del precio de mercado en número de veces de la volatilidad, en puntos básicos o en porcentaje), así como de las correlaciones entre factores de riesgo.
De este modo, al Banco Central de la UE, cuyo objetivo es vigilar la situación de los bancos de los estados miembros, no le interesa directamente la situación de Proinserga, sino en qué medida puede repercutir en la actividad de los bancos acreedores.
Proinserga acumulaba un pasivo de unos 60 millones de euros, si bien son diversas las entidades bancarias que están afectadas por esta situación. Además se espera que una parte pueda compensarse con la venta de las instalaciones de la empresa ganadera.
Las entidades financieras que han recibido los requerimientos del BCE para conocer en qué medida están afectadas por la situación de Proinserga son Banco Santander, Bankia, Banco Popular y BBVA.
No son los únicos acreedores de Proinserga. También algunas organizaciones de agricultores se vieron afectados por la falta de pago de la sociedad ganadera. En concreto, la cooperativa Campo Segoviano, sigue esperando, siete años después, cobrar la cosecha de cereal de sus socios del año 2006. De acuerdo con sus cifras, unas 300 familias de agricultores segovianos esperan todavía que se les abonen los 3.750.000 euros de cereal que un día les fue vendido. Por ello criticaron al Juzgado por declarar fortuito el concurso de Proinserga y eximir de culpa a los responsables de la gestión de la empresa hasta el año 2007. En su publicación ‘Campo Regional’ reprochan a quien fue director general de la sociedad, que habría llegado a Segovia tras dejar un agujero económico en la televisión pública valenciana, y ocultó —dicen— a la asamblea general de la empresa «datos muy importantes», como el que los mataderos de Primayor llevaban más de diez años acumulando pérdidas.
Se trata sólo de algunas de las empresas afectados por este caso. Según los datos que maneja el Juzgado de lo Mercantil, el concurso afecta a cerca de 2.000 empresas y autónomos que formaban la masa pasiva y entre las que se encuentran industrias de distinto tamaño y de los más variados sectores, además de los cientos de empleados que tuvo la sociedad.
