El Acueducto, y su conservación, ha vuelto a ponerse en el foco de la actualidad segoviana después de la retirada y posterior subasta de una piedra labrada que formaba parte del conjunto del monumento, símbolo de la ciudad y Patrimonio de la UNESCO desde 1985. Con los partidos políticos buscando explicaciones tras la situación generada por la subasta no realizada, el Ayuntamiento ha querido salir al paso de las mismas, amparándose en una legislación vigente que impone multas (y no pequeñas aunque tampoco millonarias) a quienes perjudiquen el monumento, y poniendo en evidencia la salud del Acueducto, que está “cuidado, vigilado y sano”.
Desde el Consistorio se insiste en que el objetivo es claro con respecto al monumento, y pasa por protegerlo, cuidarlo y mantenerlo sano, evitando en la medida de lo posible que se degrade. Esa filosofía se tradujo en una serie de medidas normativas, sancionadoras y de vigilancia que en los últimos años se han intensificado, especialmente desde la reforma de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana aprobada en marzo de 2023.
Un informe del área municipal de Patrimonio Histórico, elaborado como respuesta a una petición del Grupo Municipal Socialista durante el pasado mes de julio, revela que entre marzo de 2023 y mayo de 2025 el Ayuntamiento tramitó un total de 59 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con daños al patrimonio cultural de la ciudad.

Siguen intentando subir

De ellos, 29 se correspondieron con infracciones muy graves del artículo 22.3 b) de la Ordenanza, que prohíbe “escalar, subir, trepar, descolgarse o cualquier otra acción similar en el Acueducto, sin autorización municipal”. Estas conductas, sancionadas con multas de entre 1.500 y 3.000 euros, han sido históricamente uno de los mayores quebraderos de cabeza para la Policía Local y para los técnicos de Patrimonio, y aunque ciertamente se han contenido bastante desde la puesta en funcionamiento de medidas disuasorias en la plaza Díaz Sanz, donde normalmente se realizan la mayoría de las ‘escaladas’, de vez en cuando vuelven a aparecer turistas tratando de acceder al primero de los arcos dobles.
Los 30 expedientes restantes afectan a infracciones del artículo 26.2, que sanciona acciones como la introducción de residuos entre las juntas de los sillares o su manipulación. Se trata de infracciones leves, castigadas con sanciones de hasta 750 euros. Aunque el impacto visual pueda ser menor que el de un turista encaramado a los arcos, la acumulación de basura o elementos extraños entre las piedras supone un riesgo real para la conservación estructural del monumento.

El coste del incivismo

Más allá de la estadística, el informe municipal pone cifras al problema: entre 2020 y mayo de 2025, el Ayuntamiento ha liquidado 177.601,44 euros en sanciones por atentados contra el patrimonio. De ellos, 79.374,75 euros ya se han recaudado y 78.186,60 euros están pendientes de ingreso. Otros 20.040,09 euros se han anulado por distintos motivos (recursos, resoluciones o prescripción).

La Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, modificada en marzo de 2023, se considera idónea para la protección del Acueducto

Centrando la mirada en el periodo posterior a la reforma de 2023, el impacto económico asciende a 129.583,29 euros liquidados, de los que 50.071,75 euros ya han entrado en las arcas municipales, 70.011,49 euros están pendientes de cobro y 9.500,05 euros han sido anulados.
En materia de intervención física, el Ayuntamiento mantiene en cartera algunas actuaciones que, por lentitud administrativa, aún no han visto la luz. Una de ellas es la instalación de placas metálicas en el suelo frente al Acueducto, diseñadas para señalizar y proteger determinadas áreas. “Es un trabajo antiguo que lleva el ritmo de la administración. Esperamos que se pongan lo antes posible, pero los trámites administrativos son muy lentos”, reconocen desde el Consistorio.
También está pendiente la reposición de un bolardo que fue derribado por un autobús en la zona de la calle donde antaño se situaba la parada de taxis. La ausencia de este elemento, que ayuda a ordenar el tránsito y preservar la zona de acceso al monumento, es vista como una carencia que conviene solventar pronto.

Las 59 denuncias en los últimos dos años reflejan el interés en proteger el Acueducto, aunque voces críticas señalan que se quedan cortas ante el día a día en el entorno del monumento

Pese a estas incidencias y a las cifras de sanciones, desde el Ayuntamiento se transmite un mensaje de calma. “El Acueducto está cuidado, vigilado y sano”, afirman con rotundidad. La vigilancia policial, las cámaras de seguridad y el seguimiento técnico periódico garantizan que cualquier intervención necesaria se realice con rapidez.
Este equilibrio entre protección y disfrute público es clave, y forma parte del equilibrio que la ciudad quiere mantener entre convertir el Acueducto en un objeto intocable alejado de la vida ciudadana, o que se convierta en un parque temático en el que la interacción del visitante, especialmente en un entorno turístico tan masivo, suponga riesgos para su integridad.
En los últimos años, la discusión sobre la manera de gestionar los iconos patrimoniales en ciudades turísticas se ha intensificado. En Segovia, el Ayuntamiento se posiciona a favor de mantener el Acueducto como un ‘monumento vivo’, integrado en la vida de la ciudad y razonablemente accesible al público, pero bajo reglas claras. La reforma de la Ordenanza de Convivencia de 2023 es una pieza central en este modelo, porque dota de herramientas sancionadoras eficaces para frenar conductas peligrosas o irrespetuosas, y hasta la fecha no se está valorando su modificación.

El PSOE denuncia la parálisis del PP en la gestión del patrimonio

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al actual gobierno del PP en Segovia de desaprovechar un año histórico para la ciudad en el que ostenta la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio y celebra el 40º aniversario de su declaración por la UNESCO— por su “parálisis” en la gestión patrimonial.
El PSOE sostiene que entre 2019 y 2023 dejó listos y financiados proyectos clave, como la restauración de la Muralla en el Postigo del Consuelo, la recuperación del foro romano de Plaza de Guevara, la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás y la creación del Centro de Interpretación del Acueducto. Todo ello en el marco de un Plan de Gestión avalado por la UNESCO, que incluye más de 200 actuaciones priorizadas y medidas de conservación preventiva.
Según los socialistas, el actual equipo de gobierno no ha ejecutado ninguna de estas actuaciones, ha devuelto fondos por no utilizarlos a tiempo y mantiene bloqueadas intervenciones urgentes, lo que pone en riesgo la conservación del patrimonio y daña la imagen internacional de Segovia.

El PSOE sostiene que entre los años 2019 y 2023 dejó listos y financiados proyectos clave que todavía no se han ejecutado

El PSOE compara este “bloqueo” con su etapa de gobierno, en la que asegura haber planificado con rigor, coordinado con instituciones como el Ministerio de Cultura y captado financiación europea, estatal y autonómica por casi 19 millones de euros para patrimonio y turismo sostenible.
Critican que el PP use los monumentos como “escenario para eventos” en lugar de preservarlos, citando ejemplos como el mercado romano junto al Acueducto pese a informes técnicos en contra, o el incendio en una churrería instalada junto a San Martín.
El grupo socialista reitera su compromiso con la protección patrimonial y recuerda su reciente moción —aprobada por la mayoría del Pleno— para proteger el yacimiento arqueológico de los Abrigos del Molino y San Lázaro, con vestigios neandertales y la pieza de arte mobiliar más antigua de Europa.

Pregunta de Vox

Por su parte, Vox ha expresado preocupación por la presencia de malas hierbas en el Acueducto y zonas adyacentes. El grupo municipal ha solicitado información sobre la periodicidad de las labores de limpieza y desbroce, así como detalles del contrato que regula estos trabajos y el plazo que maneja el Ayuntamiento para llevarlos a cabo.
Esta petición se suma al debate abierto sobre el modelo de conservación del Acueducto y la gestión de su entorno, en un momento en que se confrontan las políticas de planificación técnica heredadas del anterior mandato con las prioridades del actual equipo de Gobierno.