El viernes 12 de agosto de 1836 un reducido grupo de sargentos protagonizó una sublevación que se ha conocido como el “Motín en La Granja” con el objetivo de restaurar la constitución de 1812 abolida durante el reinado de Fernando VII, cuyas disposiciones testamentarias designaban a su hija Isabel, una niña de tres años, como heredera y a la reina viuda María Cristina como regente con el título de Reina Gobernadora hasta la mayoría de edad de aquélla.
A comienzos de agosto de aquel año, como ya era tradicional, la familia real se había trasladado al Palacio de la Granja huyendo de los rigores del estío madrileño. A pesar de que el lugar ofrece todas las condiciones precisas para el ocio y el descanso, lo cierto es que la España de aquellos años se encontraba inmersa en una guerra civil que desde la muerte de Fernando VII acaecida en 1833 asolaba el país. Las dos facciones en guerra, absolutista y liberal, se disputaban tanto la titularidad de la monarquía que debía regir los destinos de la Nación, como algo mucho más trascendental: su naturaleza, bien absoluta conforme a los dictados del Antiguo Régimen o bien liberal según disponía la derogada Constitución de 1812.
Aquel atardecer, granaderos del primer Regimiento de la Guardia de Provinciales dieron la voz de “a las armas”, rápidamente secundados por soldados de otras unidades sin que ninguno de los oficiales presentes opusiera la menor resistencia/objeción. De manera ordenada salieron las compañías que, debidamente formadas frente al Cuartel del Pajarón, rindieron los honores de ordenanza a la bandera y se encaminaron al interior de la población para unirse a fuerzas del cuartel de la Guardia Real. Formados los dos batallones se dirigieron a Palacio donde los guardias de Corps, previa ligera resistencia, también se adhirieron. Para entonces los comandantes jefes de las unidades ya se habían refugiado en Palacio. Los jefes de aquellas fuerzas subieron a ver a la Reina para informarla de que eran los sargentos los causantes de la sublevación. Ordenó la Reina Gobernadora a los comandantes de Provinciales y Guardia Real que designaran una comisión y subieran a entrevistarse con ella. Resultaron designados por los Provinciales el sargento Alejandro Gómez y por la Guardia Real el sargento Juan de Lucas. Fueron recibidos por la Reina Gobernadora que acompañada por el ministro de Gracia y Justicia Barrio Ayuso, el Comandante General de la Guardia Real e Inspector General de las Guardias Provinciales Conde de San Román, Duque de Alagón, los comandantes jefes de unidad presentes en la guarnición, de Conde de Cerralvo, Marquesa de Santa Cruz, el alcalde del lugar Sr. Izaga y doce Guardias de Corps, en una de las salas de Palacio recibió las peticiones de los sargentos comisionados que se concretaban en la reinstauración de la Constitución de 1812 y en el nombramiento de un nuevo Gobierno perteneciente al partido de los liberales exaltados.
La Reina en principio se mostró receptiva, aunque un tanto esquiva propuso que en la próxima reunión de Cortes se presentaría al Gobierno un proyecto de Constitución. Tras tres horas de discusiones concluyó la reunión en la que los comisionados se mostraron conformes con cierta reserva, por desconocer la aceptación que la propuesta pudiera tener entre los amotinados. La reacción de los amotinados ante la lectura de la propuesta por los jefes de unidad fue negativa en extremo con proclamas y disparos al aire. Seguidamente fue necesaria una segunda reunión de la Reina Gobernadora con los comisionados en la que la Reina Gobernadora claudicó y extendió un decreto mucho más terminante: “Como Reina Gobernadora de España, ordeno y mando: que se publique la Constitución política del año de 1812……. – En San Ildefonso a 13 de agosto de 1836- Yo la Reina Gobernadora”. Los sargentos comisionados mostraron el decreto y ante las dudas que ofrecía por el desconocimiento de la firma de la Reina Gobernadora es cuando interviene el paisano Higinio Gracía que atestigua su autenticidad. Se trata en realidad del sargento escribiente del Conde de San Román que a partir de entonces cobrará protagonismo en los sucesos que siguieron.
Avisados en Madrid Istúriz, Presidente del Consejo de ministros, el ministro de la Guerra General Santiago Méndez de Vigo y resto de miembros del gabinete de los sucesos acaecidos en La Granja, se sucedieron durante el sábado 13 y domingo 14 todo tipo de reacciones ante la situación creada: desde el ataque en fuerza a negociaciones con los amotinados. Se decide enviar a Méndez de Vigo que se persona en La Granja en la madrugada del 15 para tratar de buscar un acercamiento con los amotinados. El ministro intentó en diversas tentativas desde la coacción al soborno de los comisionados; es en ese momento de la entrevista cuando el Sargento Higinio García tiene una intervención decisiva al interpelar al ministro advirtiéndole del riesgo que se corría de desatar una situación de violencia que hasta el momento se había podido salvar. El ministro cede y en esa misma madrugada parte para Madrid con los decretos debidamente firmados para su publicación.
La Gaceta de Madrid en su número 606 del lunes 15 de agosto en una separata extraordinaria publicaba los Reales Decretos por los que se daba real cumplimiento a cuantas exigencias habían formulado los sargentos en días anteriores: En esencia la reinstauración de la Constitución de 1812 y el nombramiento del exaltado Calatrava al frente de un nuevo Gobierno además de otras disposiciones.
Hasta aquí los hechos acaecidos según recoge la Revista de Historia Militar en su nº104 del año 2008.
La trascendencia del motín de La Granja es indudable por cerrar definitivamente los intentos de retornar al régimen absolutista con la derogación del Estatuto Real de 1834 (Un intento de aparentar cambios para que todo siguiera igual) y es el primer paso firme y decidido para la emprender la construcción del Estado Liberal atajando muy posiblemente una situación crítica que hubiera podido desembocar en un proceso revolucionario de extrema violencia. España abre así un camino en paralelo al recorrido por la mayoría de monarquías europeas que con mayor o menor fortuna se prolongarían a lo largo del siglo XIX.
Conviene citar a modo de ejemplo que las autoridades cesantes abandonaron el país seguidamente con la excepción del General Quesada, que desafiando peligros resultó asesinado en los alrededores de Madrid por desconocidos. Su cuerpo mutilado fue exhibido en Madrid. En esa misma línea, en julio de 1836 durante una revuelta dirigida por liberales progresistas en Málaga fueron asesinados los gobernadores civil y militar de la plaza.
Hasta ese extremo llegaba el enconamiento entre facciones moderadas y exaltadas del naciente liberalismo español. Un enconamiento entre españoles que cubrió el siglo XIX y parte del siguiente y que tantas energías consumió en perjuicio del progreso de la Nación.
Un enconamiento que a comienzos de este siglo XXI parece que cierta clase política pretende reavivar. A todos nos es familiar la palabra crispación en boca de un presidente de Gobierno, como si existiera un interés oculto en reabrir unas trincheras que la inmensa mayoría de españoles acordaron tapar votando favorablemente la Constitución de 1978.
Todos sabemos que en la discordia no puede haber prosperidad, frase pronunciada en términos similares desde la tribuna del Congreso de los Diputados por el actual presidente del Gobierno en plena coincidencia con el espíritu de aquel acuerdo. Un acuerdo modélico que trascendió nuestras fronteras que con sus luces y sombras ha proporcionado el mayor período de paz, bienestar y prosperidad conocido por España en los dos últimos siglos de su Historia.
Es evidente el desmantelamiento progresivo de aquel gran acuerdo ante la aparente indiferencia mayoritaria de la ciudadanía. Las enfermedades que aquejan a nuestra Democracia son variadas, pero pueden resumirse en la violación evidente del principio de independencia de los poderes del Estado. Nuestro Ejecutivo domina al Legislativo (baste recordar la manida frase de anteriores presidentes del Congreso: “Sr. Diputado aténgase a la pregunta”) y coloniza paso a paso al Judicial de modo que nuestra Democracia se desliza paulatinamente hacia la autocracia.
Mi último comentario va dirigido a los titulares de los poderes locales, que en sintonía con la ciudadanía asisten aparentemente indiferentes a cuanto a nuestra Democracia acontece. Traeré a su memoria a Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles que en mayo 1808 pronunció su Bando de independencia un manifiesto de gran repercusión convocando a la ciudadanía a resistir por todos los medios al invasor napoleónico…..
Las pretensiones del actual Gobierno de otorgar privilegios económicos a una región española en detrimento de las restantes es un atentado contra la igualdad entre españoles que bajo ningún concepto debería progresar sin una contestación serena, pero firme, de los poderes locales con independencia de su pertenencia política. No es asunto baladí, nos va a todos mucho en este juego.
