En primer lugar, dada su actualidad, me gustaría desmentir la noticia publicada en los medios de comunicación a instancia del Gobierno, de que la Comunidad de Madrid practica el dumping fiscal, dado que desde el año 2010 cualquier aumento del gasto público o la generación de un beneficio fiscal por una Comunidad Autónoma, debe ser financiado con recursos de la propia Comunidad Autónoma, de acuerdo con el principio de corresponsabilidad fiscal. Por tanto, esa noticia incorrecta no debe servir de justificación para el establecimiento de una financiación singular de la Comunidad de Cataluña.
En segundo lugar, la estadística elaborada periódicamente por la Fundación Civismo ha determinado como el Día de Liberación Fiscal el día 18 de agosto en España, a partir de dicha fecha los contribuyentes pueden usar sus rentas ya libres de los tributos y las cotizaciones sociales. Esta jornada sin cargas, que representa hasta cuándo llega el pago de los impuestos de todo un año medido en número de días, llega cada año más tarde, por el aumento de la presión fiscal. Este año son 16 días más que en 2024, y ahora 52 días más al año que cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno en 2018. En este año 2018 el día de liberación estaba fijado el 27 de junio, ahora casi dos meses más trabajo para el pago de los compromisos tributarios y las cotizaciones sociales.
En los últimos doce meses, el esfuerzo fiscal ha aumento en un 7,5%. La Fundación Civismo calcula que en 2025 un ciudadano medio se deja más de la mitad de sus ingresos (un 54,5%) en todo tipo de impuestos y cargas, cinco puntos más que el año 2019, reflejando un modelo impositivo que grava en especial las rentas del trabajo y el consumo. Un aumento basado en la ausencia de deflactación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, la necesidad de adaptar los tipos de gravamen a la subida de la inflación (en 2022 la inflación fue del 8%), ha provocado un incremento silencioso de la carga tributaria (aunque algunas Comunidades han deflactado el tramo autonómico). Un fenómeno que se suma al aumento de las cotizaciones sociales y del aumento de la carga del IVA por el aumento de la inflación. De un salario bruto de 31.698 euros, solo 21.979 llegan efectivamente al contribuyente, al propio tiempo que el ciudadano medio dedica 4.850 euros al año al pago de otros tributos como el IBI, el impuesto de circulación, transmisiones patrimoniales, sucesiones y diversas tasas municipales (los impuesto locales y autonómicos suman 80 días de trabajo al año). Un esfuerzo fiscal que depende también del tramo autonómico del IRPF y de los impuestos propios autonómicos, por lo que ese esfuerzo varía según la Comunidad Autónoma, así en Castilla y León la fecha determinada es el 17 de agosto y en Cataluña el 24 de agosto.
Por otra parte, la Administración tributaria controlará la facturación de las empresas el próximo año 2026, gracias al sistema VERI-FACTU, dado que los sistemas informáticos de facturación deben adaptarse a la nueva normativa, de manera que cada factura emitida generará un registro que no puede ser modificado ni eliminado. Una obligación para las sociedades que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, y para el resto de contribuyentes el 1 de julio de 2026 (empresarios y profesionales, personas físicas que realicen actividades económicas). La nueva normativa exige que los sistemas informáticos de facturación de los empresarios tienen que incorporar el sistema Verifactu, que incluye medidas de seguridad y control en la emisión de cada factura mediante la creación de un registro (con el contenido de la factura) y un código QR para facilitar su lectura. De modo que en 2026 hasta siete millones de pymes y autónomos deberán adaptar sus sistemas de facturación al nuevo marco digital, de forma que se garantiza la conservación, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas emitidas por los empresarios.
