A. S. y M. M., forman parte del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y trabajan en la prisión de Segovia. Según A.S., que lleva 16 años en este centro: “últimamente los altercados son mucho más violentos, ha habido peleas y agresiones a los funcionarios con armas fabricadas en prisión. Pese a lo que se pueda pensar, los internos siempre han respetado a los funcionarios, la relación mutua es buena, el interno no quiere hacer daño a un funcionario nunca. Antes, cuando un vigilante interrumpía una pelea se respetaba su actuación, al entrar el grupo de funcionarios se frenaban un poco o se paraban para no dañarles. Ahora la situación ha cambiado, hay una falta de respeto, una falta de autoridad grande que creo que existe en todos los niveles de la sociedad”.
A este argumento, M. M., bastante más joven, pero con las ideas muy claras añade: “la falta de respeto al funcionario de prisiones se incrementa por la falta de sanciones y de medios coercitivos. Hoy en día no hay sanciones, los internos saben que hagan lo que hagan no van a cumplir nada y que las sanciones no les van a perjudicar.”
Las agresiones han aumentado, aunque el número de internos ha disminuido, según A.S.: “la población carcelaria ha disminuido en toda España por el buenismo de la administración, porque ya no se castiga. Ahora, por ejemplo, han puesto la condición de que si hay cierto tipo de condena que no supere los cinco años, la persona puede quedar en un régimen de semilibertad. Estamos hablando de condenas importantes que te permiten estar en la calle con la típica pulsera que se pone en el tobillo. En las calles de Segovia vemos gente con delitos reincidentes a quienes no se castiga”.
En lo que va de año, la prisión ha enviado 113 partes de lesiones a los juzgados de guardia, frente a los 56 que se enviaron el año pasado por estas fechas
En Segovia la población carcelaria ha descendido casi a la mitad, pero los problemas se han elevado muchísimo. Aquí también interviene el tema de la autoridad, que es una de las reivindicaciones más importantes que hacen, los funcionarios de prisiones, que piden que se les nombre agentes de autoridad, M. M. afirma: “en los últimos tres meses, siete compañeros han tenido que coger la baja por lesiones. Si a esos siete internos que han agredido a esos compañeros se les sumasen dos años de condena por atentado contra la autoridad, se lo pensarían más a la hora de agredir, porque tendría sus consecuencias. En la actualidad, las sanciones que el interno cumple por agresión son las estipuladas en la ley del 79 que no han sido actualizadas y que no están al corriente de lo que ocurre. Hoy la población carcelaria la forman diferentes culturas que son muy diferentes entre sí. A lo mejor la sanción es no ir a la piscina y, ¿qué le cuesta a un interno no ir a la piscina si lo que quiere es agredir a otro interno?”.
LA REIVINDICACIONES DE LOS FUNCIONARIOS
Según el sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias, TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar), convertirse en agente de autoridad reduciría este tipo de agresiones. Para A. S.: “de cara al Estado somos administrativos, por eso es tan difícil conseguir medidas de seguridad. En el momento que tu trabajo contempla que en determinados momentos puedes utilizar la fuerza física para reducir a un interno, dejas de ser un cuerpo administrativo. Y en ocasiones tienes que utilizar la fuerza física porque si no, uno de los internos acabaría muerto”.
Otra de las reivindicaciones del TAMPM es paliar la falta de medios y, sobre todo, la falta de medios coercitivos, según M.M.: “en este momento hay unas normas tan restrictivas que impiden el uso de cualquier medio coercitivo, como por ejemplo los grilletes. No es que te digan que no se pueden utilizar, pero la burocracia que conlleva y la cantidad de problemas que pueden surgir si lo haces crean resistencias. Cuando utilizamos un método coercitivo lo utilizamos durante el menor tiempo posible y siempre dentro de la legalidad, en la mayoría de las ocasiones se hace para evitar que el interno se haga daño, que haga daño a otros presos o haga daño a un funcionario. Todo se ha convertido en burocracia, se trabaja con personas y cuando de repente surge una pelea entre ocho o diez internos, en lo último que piensas es en papeles. Hay otros medios legales para frenar peleas como aerosoles que yo nunca he visto en la prisión.”
En la actualidad, las sanciones que el interno cumple por agresión son las estipuladas en la ley del 79 que no han sido actualizadas y que no están al corriente de lo que ocurre
M.M. continúa: “otro de los métodos que siempre se ha utilizado es el aislamiento. Si tú has agredido, si has iniciado una pelea, se te lleva a un módulo para aislarte hasta que estés más tranquilo. Este aislamiento lo están intentando suprimir, si no le podemos llevar a aislamiento ¿qué hacemos con ellos?, porque lo que es seguro es que va a seguir habiendo agresiones entre los internos”.
Cuando hacen estas reivindicaciones, A. S. y M. M. no hablan exclusivamente de su seguridad, según A. S.: “hay internos que se sienten profundamente inseguros. Internos que llevan muchos años de condena, que han vivido muchos años en prisión y que hoy te dicen que cualquier día va a haber muertos. Ellos mismos te dicen que hay personas que, por su peligrosidad, no deberían estar en Segovia porque son demasiado peligrosos. Evidentemente, nosotros no podemos hacer nada, nosotros no clasificamos, no podemos sacarles de ahí. Cuando le destinan a la cárcel de Segovia tenemos que salvaguardar su vida y la vida del resto de prisioneros. Muchas veces, es ese interno que no debería estar en Segovia, el que desestabiliza al resto de internos”.
SEGOVIA NO ESTÁ PREPARADA PARA UN PRIMER GRADO
El centro penitenciario de Segovia tiene un tamaño medio, cuenta con dos módulos de respeto, donde los internos asumen compromisos de comportamiento, higiene y participación a cambio de ciertos beneficios; dos módulos residenciales, uno para programas terapéuticos de drogas, y un módulo con mayores medidas de seguridad.
Lo que no tiene la prisión de Segovia es un régimen cerrado o de primer grado, que es la clasificación más restrictiva y que se aplica a personas que representan un peligro extremo o muestran una inadaptación grave a las normas de convivencia.
Los funcionarios A. S. y M. M., piensan que hay internos a los que se les ha pedido el primer grado y que, pese a carecer del acondicionamiento adecuado, les mandan a Segovia. Según A.S.: “no sabemos exactamente por qué, pero suponemos que es por una razón estadística. La forma que tiene el Gobierno de medir las reinserciones es la cifra de cuantos internos termina saliendo a la calle o gozando de un tercer grado, que es un régimen de semilibertad. Si tú no tienes internos en primer grado, – que es el régimen más duro-, se supone que la reinserción funciona. La realidad es que, a internos con una peligrosidad importante y a los que se les ha solicitado un primer grado en varios centros, les mandan a Segovia con un segundo grado”.
Ambos funcionarios están de acuerdo en que: “los centros grandes como Estremera en Madrid o Dueñas en Palencia, que están catalogados como tipo A, están preparados para acoger a internos de primer grado. Tienen funcionarios que saben a lo que se enfrentan, están más preparados y cumplen ciertas normas de seguridad. Es un régimen mucho más estricto, en los patios hay veces que se les saca solos para que no generen problemas con los otros internos, lo que aumenta la seguridad del resto de los internos y la de los funcionarios. Tienen módulos de aislamiento con una gran capacidad, aquí, en Segovia, tenemos un módulo de aislamiento de 20 celdas y en este momento 19 de ellas están ocupadas.”
Para M. M.: “la nuestra es una sociedad y una administración buenista. Aplicar el primer grado a todos los internos que se lo merecen supondría reconocer de cara a la sociedad que la peligrosidad existe y que la maldad existe y que no todos los presos que entran en prisión se reinsertan. Esto perjudica a los que sí que quieren hacerlo. Es muy fácil hablar de reeducación cuando de quien estamos hablando es de una persona que ya está educada. La gente que se reinserta es la que ya estaba reinsertada, la que tiene una familia, unos estudios, un trabajo. Es gente que a lo mejor ha cometido un error, – sea del calibre que sea -, pero si esa persona tiene una familia, tiene un arraigo va a cumplir condena en un módulo de respeto.
A los internos de los módulos residenciales, los módulos ordinarios, la administración les tiene abandonados. Aunque no tengan delitos muy graves, en ocasiones es gente que no tiene formación, que proviene de familias desestructuradas o que no tienen aquí a sus familias y que, en cuanto ponen un pie en la calle, tienen que buscarse la vida. No tienen dinero, se extorsionan, roban y se prostituyen. Si realmente se quisiera reinsertar a estas personas habría que darles oportunidades para hacerlo”.
A VUELTAS CON LA REINSERCIÓN
Según afirman los dos funcionarios: “para cumplir con la estadística de reinserción, la política es que, aunque seas peligroso, te meto en un módulo ordinario y no te doy ningún tipo de tratamiento ni de ayuda. Como no cumple el primer grado la estadística sale bien, aunque el interno este completamente abandonado”.
Según M. M.: “si por cumplir con la estadística metes a un interno que debería estar en primer grado con otros sesenta que están en módulos normales, les perjudicas a todos, porque su única preocupación se convierte en defenderse. De repente, los sesenta necesitan llegar al nivel de peligrosidad de este porque si no, los que van a salir perjudicados son ellos. No entiendo porque no se puede aplicar un primer grado a muchos de los internos y así liberar módulos residenciales, donde los internos puedan hacer una vida normal. Con este tipo de clasificaciones es difícil que la reinserción funcione. Hay que apoyar a la gente que realmente tiene posibilidades, que haga programas y que viva en un módulo normal, en una convivencia normal.”
A.S. añade: “la realidad es que el porcentaje de personas que se reinsertan es bajísimo. Hace dieciséis años cuando yo entré, teníamos un subdirector médico y cuatro médicos más, ahora tenemos una médica y las auxiliares de enfermería están bajo mínimos y saturadas de trabajo. La cárcel es un lugar donde hay mucho enfermo psiquiátrico, muchas culturas diferentes. Hay módulos donde los internos no tienen ninguna actividad en todo el día, y eso lógicamente, genera enormes problemas o les termina consumiendo y abonando conflictos. Yo lo entiendo, estamos hablando de unas setenta personas, cada uno con su mochila, con su cultura y sin ningún tipo de actividad en todo el día”. Y A.S continúa: “al final, los que más tiempo pasamos con los internos somos nosotros los funcionarios. Prácticamente no viene a verles nadie del área de tratamiento por la falta de personal, la cantidad de trabajo que tienen y las dificultades que hay para establecer cualquier programa. Los funcionarios ejercemos de educadores, de padres, de psicólogos. Estamos con ellos en el reparto de la comida, nos llaman a las cuatro de la mañana porque tienen mucha ansiedad porque, por ejemplo, les ha dejado la mujer. Y allí estamos, las veinticuatro horas para cualquier tipo de problema. Somos funcionarios multiusos, apagamos incendios, somos policías, somos bomberos, hemos llegado a ser hasta médicos. Por eso, que no se nos dé el reconocimiento que nuestro cuerpo merece nos afecta mucho en el trabajo, en el día a día”.
Los siete agentes agredidos indican que el sistema penitenciario está fallando a los funcionarios y a los internos. Es fácil que una persona cometa un delito, que se le encierre entre muros y olvidar que existe. A las personas hay que atenderlas, tienen unos derechos y unos deberes y hay que hacer que se cumplan porque esa persona va a volver a la sociedad, no se va a quedar entre muros el resto de su vida. Los funcionarios de prisiones son los garantes de su seguridad y la del resto de internos. Para eso, se necesitan unas determinadas condiciones, que se deje de dar la espalda al sistema penitenciario y que se analice en qué está fallando.
