El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se embarulla con su oferta de mantener la gestión de las paradas rurales del nuevo mapa concesional de líneas de autobús. El pasado 17 de junio, el departamento de Óscar Puente anunciaba dos enmiendas transaccionales a la Ley de Movilidad Sostenible para poder mantener en manos estatales las paradas en las que se preveía dejar de prestar el servicio si las autonomías no aceptaban la cesión de estos tráficos, un mes después una serie de respuestas parlamentarias a diputados del PP no hacen referencia alguna a esta posibilidad.
Posteriormente, en una nota de prensa, el pasado 30 de julio, el Ministerio dio un plazo de quince días a las comunidades para que se pronuncien sobre este nuevo mapa concesional, puso encima de la mesa 40 millones de euros y reiteró que mantendría la gestión de estas paradas en caso de que las comunidades no lo asumieran.
En todo este proceso, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Transportes del Congreso, el abulense Héctor Palencia, ha venido señalando que es un “bulo” y una “mentira” la posibilidad de que el Gobierno mantenga la gestión de estas paradas, porque ni está en el texto de la ley que se debate en el Congreso ni en la redacción de esas dos enmiendas y sólo figura en notas de prensa y anuncios del Ejecutivo, pero no en documentos oficiales.
Entre el anuncio y la nota de prensa, el 18 de julio, el Ministerio envió a los diputados de Castilla y León nueve respuestas parlamentarias, una por provincia, a los interrogantes formulados sobre el nuevo mapa. En ellas se limita a señalar: “Tal y como se ha transmitido, serán paradas que pasarían a ser servidas desde el ámbito autonómico, para lo cual desde el Ministerio se pondrá financiación a disposición de las comunidades autónomas para que asuman los tráficos de su competencia, que actualmente se prestan a través de concesiones estatales de largo recorrido”.
Nada se agrega en toda la respuesta sobre la posibilidad anunciada de mantener en manos estatales las líneas de autobús ante un rechazo autonómico, una oferta realizada por el Ministerio para superar la oposición que existía contra el nuevo mapa concesional que supondría, según la Junta, la supresión de 346 paradas en el medio rural de la Comunidad.
El Gobierno reitera en su respuesta a diputados del PP que desde la red estatal “se atiende la demanda de viajeros de más largo recorrido entre comunidades autónomas, de competencia estatal, conectando de manera más directa los principales núcleos de población, coordinando los servicios con las redes de transporte autonómico de más corto recorrido dotándola de capilaridad, consiguiendo la vertebración del territorio, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la oferta disponible”.
El departamento del ministro Óscar Puente asevera en su respuesta parlamentaria que esta medida de traspaso constituye “una evolución necesaria para que este modo de transporte sea aún más efectivo, cómodo y competitivo en este tipo de viajes respecto al coche privado, y lo haga dando respuesta a las necesidades del ciudadano, potenciando la interconexión con las redes autonómicas de transporte por carretera y respetando así el actual marco competencial”.
Este “nuevo enfoque”, insiste el Gobierno sin mencionar la posibilidad de mantener las líneas donde se rechace su asunción, requiere que se “intensifique” la actual colaboración con las comunidades autónomas para “coordinar las redes de ambas administraciones, muchas de ellas en proceso también de definición” y se pueda acompañar, donde sea necesario, “de los mecanismos de compensación que permitan a las comunidades autónomas integrar en sus redes aquellos tráficos internos de su competencia, que aún se prestan a través de concesiones estatales de largo recorrido”.
