El Banco de España prevé que el déficit público se sitúe en el 4,4% del PIB en 2016, hasta 1,6 puntos porcentuales por encima del objetivo comprometido para este año, del 2,8%. Esta cifra supondría un ajuste de 8 décimas respecto al cierre de 2015 (5,16%), esto es, unos 8.000 millones de euros, si bien dejaría sin cumplir un ajuste adicional de otros 16.000 millones, el doble. Además, la institución gobernada por Luis María Linde espera que el saldo negativo de las cuentas públicas se mantenga en el 3,4% del PIB en 2017, frente al 1,7% previsto para ese año.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sostiene que la desviación del déficit en 2015 no tiene a priori un impacto sobre la economía, del mismo modo que las cifras previstas por la institución “son compatibles con un crecimiento de la economía del 2,7% en 2016”. No obstante, la institución avisa de que en la medida en que habrá que corregir estas desviaciones en los próximos años aplicando medidas de consolidación fiscal, éstas “podrían tener efectos negativos en el corto plazo, aunque sean necesarias”.
A la hora de explicar las desviaciones previstas para 2016 y 2017, Hernández de Cos indicó que el déficit público parte este año de una “desviación significativa” en 2015, que “tiene efectos que se trasladan a los años siguientes”. Así, según indica el Banco de España en su informe de proyecciones macroeconómicas para la economía española, las “dudas” sobre el curso de la política fiscal a lo largo de 2016 y 2017 son “notables” y más aún desde que el jueves, el Ministerio de Hacienda anunciara que el déficit de 2015 se elevó al 5,16% del PIB, un punto más que el 4,2% comprometido con Bruselas.
Por ello, según la autoridad monetaria, “existe incertidumbre acerca de la respuesta que acaben dando las autoridades nacionales” a la reciente recomendación autónoma de la Comisión Europea, en la que se pide a España que tome medidas presupuestarias restrictivas adicionales a las incorporadas en los planes presupuestarios.
Por el lado de los ingresos, el Banco de España elaboró estas previsiones de déficit teniendo en cuenta el impacto en 2016 del segundo tramo de la rebaja del Impuesto de Sociedades, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, así como los efectos retardados de la reforma del IRPF. Mientras, por el lado de los gastos, las proyecciones tienen en cuenta la subida del 1% del salario de los funcionarios, el abono de la segunda mitad de la paga extra y el aumento de la tasa media de reposición de efectivos en 2016, hasta el 50% con carácter general y el 100% para los sectores prioritarios.
Así, para 2017, el Banco de España asume una revalorización de los salarios de los empleados públicos y el mantenimiento de una senda de moderación de las nuevas contrataciones de las administraciones públicas. Sobre la Seguridad Social, incorpora la revalorización de las pensiones del 0,25% tanto en 2016 como en 2017, vinculada a la aplicación de la fórmula de indexación de las pensiones en vigor desde 2014.
Además de estas medidas, los supuestos del Banco de España sobre el déficit público incorporan una cierta contención de la inversión pública, así como una reducción de las transferencias y subvenciones y del gasto en prestaciones por desempleo debido a la dinámica del mercado laboral.
Por otra parte, la institución recortó una décima la previsión de crecimiento del PIB para este año, hasta el 2,7%, por debajo del 3% que pronostica el Gobierno, por la revisión a la baja del crecimiento mundial, por la apreciación del euro y por el descenso de las cotizaciones bursátiles. Además, para 2017, estima un incremento del 2,3%, de acuerdo con sus nuevas proyecciones macroeconómicas de la economía española. Así, la autoridad monetaria destaca que España prolongará su actual periodo expansivo a lo largo de 2016 y 2017, aunque a menor ritmo que el observado durante 2015. Entonces, el PIB creció un 3,2%, por la “pérdida de fuerza” de algunos factores que han impulsado recientemente el avance de la economía, como las sucesivas bajadas del precio del petróleo, la depreciación del tipo de cambio del euro o la moderación de los costes de financiación.
En este contexto, el Banco de España afirma que el balance de riesgos de este escenario ha empeorado “apreciablemente” en los últimos meses y, en clave interna, advierte de que las dudas acerca del curso futuro de las políticas económicas podrían incidir “negativamente” en las decisiones de gasto de los agentes privados, especialmente si la actual situación de “incertidumbre política” se prolongase en el tiempo.
Para la institución presidida por Linde, reducir la incidencia de estos riesgos requiere priorizar tanto la culminación del proceso de consolidación fiscal, que resulta “esencial” para mantener la confianza, como perseverar en la aplicación de las reformas estructurales que reduzcan las vulnerabilidades de la economía española y permitan mejorar su capacidad de crecimiento futuro.
