El Tribunal Supremo (TS), a través de un auto, ha inadmitido el recurso de casación del Ayuntamiento contra una sentencia previa que obliga a pagar 905.000 euros a un particular propietario de una finca en la calle Jerónimo Aliaga, en el barrio de San Lorenzo. Se trata de una responsabilidad patrimonial por el daño derivado consecuencia de la aprobación del PEAHIS, dado que tiene una edificabilidad mucho menor que las parcelas del entorno próximo, teniendo la misma clasificación y calificación urbanística.
Según explica el equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial «no fue tramitada» por la anterior responsable del área de Urbanismo, ahora portavoz del grupo socialista, según informan los populares, fue «desestimada» por «silencio administrativo», pese a que el Ayuntamiento tiene la obligación de resolver. El grupo de concejales populares exige a la portavoz del PSOE, Clara Martín, que «sea consecuente con sus propios planteamientos» y «asuma responsabilidades políticas» por «la nueva deuda millonaria» para el Ayuntamiento que «ha generado su pésima gestión» durante el periodo en el que fue alcaldesa de la ciudad.
«Esta desidia y mala gestión socialista, va a tener consecuencias directas sobre la ciudad, le van a suponer a las arcas municipales un desembolso de casi un millón de euros», exponen los concejales del PP; y señalan: «Ningún alcalde en tan poco tiempo, ha costado tanto dinero al Ayuntamiento y ha dejado en tan mala situación a la ciudad de Segovia».
Los populares consideran que supone «un nuevo perjuicio causado directamente por la mala gestión de Clara Martín durante el tiempo que fue responsable del área de Urbanismo y Patrimonio histórico y alcaldesa de la ciudad, de su incapacidad para llegar a acuerdos con los propietarios y hacer de Segovia una ciudad moderna, con suelo industrial y con promoción de viviendas».
Los populares entienden que «Martín no solo debería pedir perdón a los segovianos por esta sentencia de la que, curiosamente, no ha dicho nada y parece que intenta tapar, sino que, además, debería ser consecuente con los mensajes que ha lanzado en los últimos meses sobre la obligación de que los políticos que causen quebranto económico al Ayuntamiento presenten su dimisión, y por tanto debería haber acudido al registro municipal para presentar su propia renuncia».
