Los últimos casos de corrupción en el Partido Socialista han dejado al presidente del Gobierno en una situación política y moral insostenible. Nombres como José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán – ya en prisión -, Begoña Gómez o Leire Díez, son solo algunos de los protagonistas más conocidos de una larga lista de escándalos, que incluso alcanza al actual fiscal general del Estado.
No pasa un solo día sin que amanezcamos con un nuevo caso, muchos de ellos con un trasfondo sórdido, chapucero y profundamente preocupante. Esta situación no puede prolongarse indefinidamente. Una situación que está deteriorando gravemente nuestras instituciones y en la que los únicos que se benefician son los partidos nacionalistas, que siguen cobrando su apoyo a un Gobierno extraordinariamente débil, cuyo único objetivo es resistir, cueste lo que cueste. Y lo más inquietante es que no hay indicios de que los casos de corrupción estén cerca de terminar. Queda mucho por investigar, y cada nueva detención aporta pruebas de comisiones ilegales, tráfico de influencias y otras conductas inmorales e ilícitas.
En sus últimas apariciones públicas, el presidente ha demostrado no comprender la gravedad de la situación, tratando de tapar las miserias de su entorno con consignas vacías. Todo lo que no encaja en su relato es falso. Son bulos de pseudo-medios, campañas de odio o jueces injustos que actúan por motivaciones oscuras.
Este discurso propagandístico se ha venido abajo. La avalancha de confesiones, pruebas y grabaciones ha dejado al descubierto lo evidente: estamos ante una montaña de casos de corrupción. La UCO ha sacado a la luz prácticas inadmisibles, los medios de comunicación documentan a diario nuevos escándalos, y los jueces imputan a personas del círculo más próximo al presidente, incluidos miembros de su partido y su familia.
En ese contexto se está intentado aprobar por la vía de urgencia legislativa, para evitar debates e informes que puedan alertar del peligro, la Ley Bolaños, que se justifica engañando a la ciudadanía diciendo que es lo que exige Europa.
Esta ley incluye dos reformas de la Carrera Judicial y Fiscal. Quizá las dos más importantes de las últimas décadas. En la primera se pretende introducir como jueces, por la puerta de atrás, a personas afines, con los únicos requisitos de tener el grado en derecho, cinco años de ejercicio profesional y superar un simple caso práctico, un proceso opaco y carente de garantías que rompe con los principios de igualdad, méritos y capacidad, al crear una puerta trasera de acceso a la carrera judicial y fiscal.
En la segunda, la idea es que la instrucción de los delitos y la dirección de la UCO la lleve una Fiscalía que depende de las órdenes dadas por Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, designado por el Gobierno y actualmente investigado por usar su posición por intereses políticos, a diferencia de los jueces que son independientes y no reciben órdenes ni instrucciones de nadie.
Parece un intento evidente de intentar controlar a los jueces para que no investigasen casos de corrupción del propio Gobierno. Así, se han sucedido los ataques hacía los jueces por parte de ministros como Óscar Puente, Pilar Alegría y otros miembros del Ejecutivo y Legislativo, en una campaña de desprestigio del Poder Judicial nunca antes vista y que avergonzaría a cualquier demócrata.
También es muy importante el duro golpe de esta ley contra la acusación popular, ese mecanismo que permite a ciudadanos y a entidades civiles, como Manos Limpias o Abogados Cristianos, llevar graves casos ante la justicia. La reforma limitará su participación, exigiendo un “vínculo concreto” con el interés público y relegándola a la fase de juicio oral, fuera de la instrucción. Peor aún, una disposición transitoria aplicaría estas restricciones a casos ya en marcha, lo que podría sepultar investigaciones como las de Begoña Gómez, David Sánchez o Santos Cerdán. Esto no es casualidad: la acusación popular ha sido clave para destapar sus escándalos, y ahora se pretende atarle las manos.
Jueces y fiscales, hartos de este atropello, convocaron la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio, planteándose incluso la huelga indefinida si el Ministerio de Justicia no retira la reforma. Hasta Europa, con el GRECO a la cabeza, mira con lupa estas reformas que apestan a control político. Por otra parte, las acciones legales han sido múltiples. Se han presentado denuncias ante el Parlamento Europeo, la Comisión de Libertades Civiles, el Comisario de Justicia y el Comisario de Democracia y Estado de Derecho.
La tramitación exprés de la Ley Bolaños en los próximos días, sin justificación clara, solo refuerza las sospechas en un país donde la percepción de independencia judicial ya está por los suelos. España es el 23º de la UE, según el EU Justice Scorecard.
