El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión a cinco de los 15 presuntos miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) arrestados en Madrid, Barcelona y Palencia, al considerar que habrían participado en “actos de coordinación y promoción de sabotajes y daños en 114 cajeros” y guardaban fotografías de “policías y comisarías” como posibles “objetivos” de sus ataques, según informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que dejó en libertad con medidas cautelares a los otros diez arrestados, imputó indiciariamente a todos los detenidos en la denominada ‘operación Piñata’ un delito de integración en organización terrorista por pertenecer a un grupo “de tipo inserruccionista anarquista” que tenía la finalidad de “subvertir el orden público y alterar gravemente la paz pública”.
También se investiga si los detenidos, a los que se incautaron manuales de fabricación de explosivos, tienen relación con los ataques que se produjeron en 2013 en la catedral de La Almudena de Madrid y la basílica de El Pilar de la ciudad de Zaragoza.
Prisión incondicional
En concreto, el magistrado acordó el ingreso en prisión incondicional de Paul Jara, Jorge Linares, Javier García Castro, Javier Grijalbo y Enrique Balaguer. Este último fue detenido el 16 de diciembre pasado en el marco de la ‘operación Pandora’, que dirigió el juez Javier Gómez Bermúdez. Aunque fue puesto en libertad en febrero, siguió con su actividad delictiva, según el juez Velasco.
El resto, que quedó en libertad a primera hora de la tarde de ayer, fue vitoreado por un grupo de unas sesenta personas que les esperaban en el paseo de Recoletos de Madrid y que llamaron “carroñeros” a los cámaras de televisión que grababan las imágenes.
Entre los arrestados —diez en Madrid, tres en Barcelona y dos en Palencia— se encontraban los líderes de los GAC en estas provincias. En los registros de sus domicilios y de varios centros sociales ocupados se encontraban reivindicaciones de ataques cometidos con artefactos explosivos, documentos de organización y financiación y proselitismo de jóvenes para realizar actos terroristas y manuales de autodefensa y de técnicas para evitar el seguimiento y la detención policial.
Del mismo modo, los agentes se incautaron de dispositivos técnicos de acceso cifrado a wifi para hacer anónima su navegación por internet.
