Aforamiento en España es sinónimo de privilegio legal al servicio de una minoría, una élite que vive apartada de la igualdad ante la ley. Mientras el ciudadano común debe enfrentarse a tribunales ordinarios, ellos solo responden ante tribunales superiores. Un sistema que rompe el principio básico del Estado de Derecho, dificultando la rendición de cuentas y protegiendo la impunidad de quienes deberían dar ejemplo.
Quienes defienden la figura del aforamiento esgrimen, entre otras razones, que se debe justificar su existencia para evitar demandas o denuncias impulsadas por motivos de enemistad ideológica o política que pretendan entorpecer la labor de representación obtenida por la vía democrática.
Aunque esas premisas se den por ciertas, en todas ellas rezuma y trasciende la desconfianza hacia los jueces de Instrucción y de lo Penal de las instancias inferiores para, sin embargo, depositar una confianza mayor en los instructores y juzgadores de las instancias superiores. Desde esa perspectiva, cuesta trabajo no calificar esta figura como un privilegio de difícil encaje en un Estado de Derecho, prerrogativa que hoy funciona como un mecanismo de escape judicial.
Uno de los ejemplos más recientes de esta manipulación del sistema de aforamientos en España es el caso de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz le investigaba a él y a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Gallardo no ostentaba ningún cargo que acarreara un aforamiento especial y, además, reiteradamente había manifestado que, al no tener nada que ocultar ni que temer, no iba a maniobrar para lograr tal aforamiento. Sin embargo, el avance del proceso penal y al verse acorralado judicialmente, precipitó los acontecimientos y, haciendo justo lo contrario de lo que dijo, decidió dar el salto al parlamento autonómico, para lo cual han debido ceder su puesto una diputada y otras cuatro personas que le precedían en las listas electorales. El objetivo: que no le juzgue la Audiencia Provincial de Badajoz, sino el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Este movimiento político le permite dilatar la instrucción y probablemente evitar una sentencia condenatoria en un tribunal ordinario.
España ostenta el récord absoluto en Europa en cuanto a número de aforados, con 17.600 personas. Entre estos aforados, se encuentran cerca de 2.000 políticos, incluidos diputados nacionales, autonómicos y senadores; más de 5.500 jueces, cuya independencia teórica queda ensombrecida por este privilegio; alrededor de 2.700 fiscales, blindados frente a posibles responsabilidades y los miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, y el Tribunal de Cuentas.
Resulta asombroso comprobar que esto no pasa en ningún país serio, que apuesta por un sistema en el que todos los ciudadanos sean juzgados en igualdad de condiciones. En Francia, solo el presidente, el primer ministro y los ministros están aforados. En Italia, únicamente el presidente de la República. En Portugal, también solo el presidente y el Consejo de Estado, con inmunidad limitada. En Alemania y Reino Unido, ningún cargo tiene un tribunal especial. Existen algunas protecciones parlamentarias, como en Austria, Bélgica o Finlandia, pero siempre vinculadas a la actividad en la Cámara, y no al comportamiento personal o penal fuera del cargo
El aforamiento convierte a España, por tanto, en una anomalía democrática en el contexto europeo. El GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, advierte que el aforamiento impide la lucha contra la corrupción, y ha señalado reiteradamente que el exceso de aforados obstaculiza la independencia judicial y alimenta la impunidad. En su último informe de abril de 2025, el GRECO volvió a denunciar la inacción del Gobierno español en esta materia.
Veremos qué sucede con el aforamiento de Gallardo, en el que parece evidente que la relación de hechos ocurridos encaja más en el fraude de ley que en un intento de preservar la separación de poderes, un nuevo ejemplo de desprestigio de la clase política, que continuará ahondando en la progresiva crisis de confianza de la ciudadanía en el sistema político y en las instituciones.
Los aforamientos en España representan una distorsión del Estado de Derecho, un privilegio injustificable que perpetúa la desigualdad y la impunidad. Eliminar los aforamientos enviaría un mensaje claro: en España, nadie está por encima de la ley.
