Muchos ciudadanos acostumbran a llenar el depósito de su vehículo el primer día de la semana, al haber comprobado que resulta más barato que si lo hicieran la víspera o al día siguiente. Todo sea por ahorrar, y más teniendo en cuenta que, en los últimos siete días, el litro de gasolina y de gasóleo se ha encarecido hasta un 1,7%, repuntando a su nivel más alto de mayo.
Casualmente, el lunes es cuando la Comisión Europea (CE) toma los precios de referencia para elaborar sus estadísticas, por lo que la rebaja general que se produce en las gasolineras españolas ese día tendría como consecuencia que los informes de la UE reflejarían niveles inferiores a los reales. Ante esta situación, que arrancó en 2011 y se agravó en 2012, la Comisión Nacional de Energía (CNE) trata ahora de determinar si existe una manipulación efectiva de los precios, y en tal caso, establecer quiénes son los responsables de que se produzca.
De hecho, las críticas y sospechas vertidas por la CNE durante meses pueden tener consecuencias prácticas. El supervisor ha abierto expediente informativo para esclarecer las causas del peculiar comportamiento de los costes de los carburantes semana tras semana: bajan los lunes y vuelven a subir en la misma cuantía los martes.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) está realizando inspecciones en varias compañías petroleras y en una asociación sectorial ante la sospecha de una posible coordinación en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustible de automoción en estaciones de servicio.
En un comunicado, el organismo recordó hace días que los controles constituyen un paso preliminar en el proceso de investigación y que en caso de acreditarse algún indicio procedería a abrir un expediente.
No obstante, el texto señala que este tipo de conductas anticompetitivas se consideran infracciones «muy graves», que podrían suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la sanción.
La CNC señala, además, que este sector ha sido «recurrentemente objeto» de interés por parte de la autoridad de competencia española, que ha venido realizando un «seguimiento constante del mismo», producto del cual se han emitido una serie de informes en los que el organismo ha puesto de manifiesto «el problema de la falta de competencia, tras constatar un incremento significativo en el precio de los carburantes», en un contexto de niveles generales de precios minoristas (antes de impuestos) más elevados que los registrados en otros países del entorno. Competencia también recuerda que la Comisión Nacional de Energía (CNE) se ha hecho eco en sus documentos de supervisión del alineamiento general de los precios de venta al público de los combustibles de automoción.
A este respecto, subraya que el regulador energético ha hecho público el inicio de un expediente informativo con el objeto de determinar la causa del denominado efecto lunes (patrón común consistente en la bajada de precio entre el domingo y el lunes, que se acompaña de una subida posterior a partir de martes no justificada por la evolución de las cotizaciones internacionales) e identificar qué operadores pudieran estar siendo responsables de estas actuaciones y comprobar si dichas conductas se ajustan a la legalidad.
Por otra parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que en «muchos supuestos» se producen pactos de precios entre las petroleras, y se refirió al mencionado efecto lunes, porque el 85% del mercado de carburantes está dominado por «cuatro grandes operadoras».
El ministro afirmó que, para evitarlo, el Gobierno ha hecho cambios en la Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de introducir más competencia en el sector para que se dificulte llegar a acuerdos de precios, «que son prácticas que están prohibidas».
Paradójicamente, los carburantes siguen costando en España menos que en la media de la Unión Europea, donde el litro de gasolina asciende a 1,573 euros, y a 1,612 en el caso de la zona euro, mientras el gasóleo cuesta 1,427 y 1,45 euros, respectivamente.
Por eso, lo que propone Bruselas es que la fiscalidad española se equipare a la del resto de sus socios europeos. Ese incremento impositivo dispararía los precios de venta al público un 7,5% de media.
De momento, el Ejecutivo comunitario ha concedido una prórroga de dos años, hasta 2016, para que se reduzca el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero exige al Gabinete popular subir el IVA a algunos productos a los que se aplica el reducido del 10 al 21%, sobre todo los impuestos sobre los carburantes.
Mientras tanto, los ciudadanos aprovecharán el efecto lunes para repostar en las gasolineras españolas.
