Un conflicto mantenido en el tiempo durante prácticamente siete años va a desembocar finalmente en los tribunales y amenaza con desembocar en una huelga que afectaría a miles de viajeros diarios entre Madrid y Segovia. Medio centenar de trabajadores de la empresa Avanza Movilidad Integral, adjudicataria del servicio VAC-246, han denunciado judicialmente al operador por el impago de las horas de espera entre servicios, que la empresa considera tiempo de ‘libre disponibilidad’, pero que los conductores califican de ‘presencia efectiva’ y, por tanto, retribuible según el convenio colectivo.
No es una simple diferencia de interpretación. A juicio de la plantilla, se trata de una vulneración sistemática del acuerdo laboral que ha supuesto la pérdida de una cantidad muy significativa de masa salarial desde que la empresa asumió el servicio tras la salida de La Sepulvedana, hace casi siete años, y la llegada de Llorente Bus que posteriormente pasó a formar parte de Avanza Movilidad. Dos pronunciamientos previos —uno de la Inspección de Trabajo y otro del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA)— han dado la razón a los trabajadores, pero la empresa mantiene su negativa a modificar los pagos hasta que no haya una sentencia firme. “La empresa dice que solo acatará lo que dictamine un juez, y mientras tanto sigue aplicando su criterio unilateralmente”, denuncia José Antonio Segovia, delegado sindical y uno de los portavoces del colectivo.

Represalias.

Lejos de corregir lo que los órganos competentes ya han considerado una práctica irregular tal y como señala una nota de prensa de Comisiones Obreras en la que los delegados de personal informan de la situación, los trabajadores aseguran que Avanza ha intensificado las represalias contra la plantilla. Según su versión, los nuevos turnos de fin de semana incorporan más de tres horas sin retribuir, “camufladas como tiempo de libre disponibilidad”.

Tanto Inspección de Trabajo como el Servicio Regional de Relaciones Laborales han dado la razón a los trabajadores, tal y como señalan los delegados de personal

El resultado son jornadas laborales que, en algunos casos, se alargan hasta las 14 horas, de las cuales solo 10 se pagan. “Estamos perdiendo mucho dinero, y la empresa lo sabe. Han decidido endurecer los horarios como castigo por haber denunciado, y encima pretenden mantener este modelo todo el año”, afirma José Antonio Segovia.
Este endurecimiento del calendario coincide con la asignación de tiempos de conducción que los trabajadores consideran “imposibles de cumplir”. Si bien la duración media del trayecto directo entre Segovia y Madrid ronda la hora y quince minutos, los nuevos cuadros de servicio fijan tiempos de una hora y diez minutos. “Lo hacen en pleno horario punta, cuando el tráfico es infernal. Es imposible llegar a tiempo, y eso genera retrasos, quejas de los usuarios e incluso intentos de agresión. Pero la empresa mira para otro lado”, añade el delegado sindical.
Al desgaste económico y psicológico por las condiciones laborales, se suma el deterioro progresivo de la flota. Según denuncian los conductores, los autobuses que cubren la ruta presentan averías diarias sin que la empresa tome medidas eficaces. “Nos dicen que no hay tiempo para reparar los coches, pero llevamos así más de un año”, asegura Segovia. Los vehículos, según los términos de la concesión, deberían renovarse en el próximo mes de agosto, pero los trabajadores no tienen acceso a la documentación y temen que Avanza prolongue el uso de los actuales “hasta agotar el contrato”.
El resultado es un ambiente de tensión constante. “Antes, con Sepulvedana, la tasa de bajas médicas era inferior al 1%. Ahora, con jornadas interminables, insultos de los pasajeros, y una presión insoportable, las bajas se han disparado”.

Apoyo pese a todo.

A pesar de las dificultades, los trabajadores destacan el respaldo que reciben de numerosos usuarios. “Queremos agradecer sinceramente el apoyo de muchos viajeros, que comprenden la situación y nos animan a seguir luchando”, subraya Segovia. Pero también advierten que el tiempo se agota. Ante la negativa de la empresa a aplicar lo dispuesto en el convenio colectivo, la plantilla prepara ya un proceso de huelga legal.
“No será inmediato, porque hay que cumplir los plazos, notificar al Ministerio de Fomento y presentar toda la documentación. Pero el proceso se va a iniciar con seguridad. No tenemos otra salida”, asegura el delegado de personal. El objetivo es doble: lograr el pago de todas las horas efectivas —incluidas las de espera entre servicios— y forzar a la empresa a cesar las represalias contra quienes han ejercido su derecho a reclamar.

Desde el año 2018 y, como mínimo hasta 2026, la Junta de Castilla y León subvenciona el servicio. En el año 2025 la cantidad aportada asciende a 1.320.000 euros

La raíz del conflicto reside en una cláusula del convenio colectivo provincial del transporte por carretera de Segovia, que regula la jornada laboral dividiéndola entre horas de conducción, tareas auxiliares y descansos obligatorios por tacógrafo. Según los trabajadores, todo el tiempo fuera de estos descansos debe abonarse como hora ordinaria, pero Avanza aplica un criterio distinto, remunerando esas horas a solo 6,30 euros —una tarifa que, según Segovia, lleva 15 años sin actualizarse— o directamente sin pagarlas si las califica como ‘de libre disponibilidad’. “No existe ese concepto en ningún sitio. Son horas de presencia. Y la empresa lo sabe”, zanja el delegado sindical.

El perjuicio.

El conflicto no solo tiene implicaciones laborales, sino también sobre el propio servicio que se presta a diario entre Segovia y Madrid. La VAC-246 es una línea estratégica para miles de usuarios, incluidos estudiantes, trabajadores y turistas. Una eventual huelga prolongada provocaría un grave perjuicio para los viajeros, pero también pondría en entredicho la calidad de la concesión.
No hay que olvidar que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, está aportando desde 2018 a Avanza Movilidad una subvención para cubrir este servicio, una cantidad que en el año 2025 alcanza un importe de 1.320.000 euros, el mismo que la empresa recibió en 2024.
De momento, la resolución judicial se mantiene a la espera de señalamiento. Mientras tanto, los trabajadores aseguran que no dejarán de defender sus derechos. “Esto no es solo por nosotros. Es por la dignidad del transporte público que prestamos”, concluyen.
Esta redacción intentó sin éxito ponerse en contacto con la empresa con el fin de conocer su punto de vista acerca del conflicto con sus trabajadores.

Siete años de desencuentros.

Cuando en el año 2018 el Ministerio de Fomento adjudicó a Llorente Bus (filial de Avanza Movilidad Integral S.L.) la gestión de la línea VAC-246 entre Madrid y Segovia, la decisión supuso el fin de una etapa dominada históricamente por La Sepulvedana, una empresa con una larga trayectoria en el servicio. La entrada de Avanza se presentó como una oportunidad para modernizar el corredor, renovar la flota y mejorar frecuencias. Ocho años después, las expectativas iniciales se han visto desdibujadas por una sucesión de conflictos laborales, quejas recurrentes de los usuarios y una creciente sensación de deterioro en la calidad del servicio.
La licitación del contrato contemplaba, entre otros compromisos, la renovación progresiva de los vehículos, la adaptación a la demanda real y el cumplimiento del marco normativo laboral. Sin embargo, el cambio de operador no vino acompañado de un incremento en la satisfacción de los viajeros, sino más bien lo contrario con el paso del tiempo.
Desde los primeros años de la adjudicación, la relación entre los usuarios y la nueva empresa estuvo marcada por la tensión. Uno de los puntos de mayor fricción fue el sistema de reservas con bono, que obliga a los viajeros a realizar una doble gestión —reserva y validación del billete—, y que viene provocando que, en reiteradas ocasiones, queden plazas vacías a pesar de la existencia de pasajeros con derecho a viajar.

Las asociaciones de consumidores y colectivos universitarios han denunciado en varias ocasiones la opacidad del sistema y la ausencia de información clara por parte de la empresa, sin que hasta la fecha se hayan introducido cambios sustanciales.
A esta problemática se suman las averías reiteradas en la flota, según denuncian tanto los usuarios como los propios trabajadores. Aunque en el pliego de condiciones se establecía un periodo máximo de dos años para la renovación de los vehículos tras la entrada de Avanza, los sindicatos aseguran que la empresa ha dilatado ese compromiso hasta el límite de lo permitido, y que buena parte de los autocares actuales presentan deficiencias mecánicas y escaso confort. Y a ello se une el trato laboral, que ha generado un progresivo deterioro del clima interno.
La suma de estos elementos ha mermado la imagen de la empresa ante los usuarios habituales, entre ellos estudiantes, trabajadores y población residente en el entorno rural segoviano. La situación se agrava por la ausencia de alternativas reales de movilidad y por la dimensión estratégica de la línea, que conecta Segovia con la capital de España en menos de una hora y media (en teoría) y que desde hace un buen número de años se ha convertido en la alternativa principal para poder desplazarse sin usar el vehículo propio, y más teniendo en cuenta que la desaparición de frecuencias del AVE va a poner un punto más de dificultad a la hora de afontar el desplazamiento hacia, o desde, Madrid.
A la espera de una resolución judicial sobre el fondo del conflicto laboral, y con el proceso de huelga en marcha, el futuro del servicio vuelve a quedar en entredicho.