La Guardia Civil desarticuló una organización criminal, dedicada al robo de cable de cobre por distintos puntos de Castilla y León, que cometió varios ilícitos en las provincias de Segovia, Jaén, Valladolid, La Coruña, Zamora, Ávila, Zaragoza, Soria y León. La operación se saldó con la detención de 19 personas e investigadas otras 23, algunas de ellas de Valladolid, por supuestos delitos contra el patrimonio por robos con fuerza y receptación, así como delitos contra el medio ambiente.
La investigación comenzó el mes de febrero, de forma coordinada por agentes de Equipos ROCA de las comandancias de la Guardia Civil de Jaén y Valladolid, tras localizar un gran vertido de fundas de cableado de cobre en un paraje ubicado en el término municipal de Úbeda (Jaén), y paralelamente con la interceptación de varios vehículos, dos en las proximidades de Valladolid y un tercero en Úbeda, cargados con un total de 5.000 kilos de cableado de cobre robo, utilizando “vehículos lanzadera” para alertar de los posibles controles policiales. Esta fase de la investigación se saldó con cinco detenidos.
El desarrollo de la investigación reveló que detrás de estos hechos existía una organización criminal, asentada en la provincia de Córdoba, perfectamente estructurada y especializada en el robo de cableado de cobre, que se desplazaban por todo el territorio nacional.
La organización alquilaba furgonetas por periodos de 24 a 48 horas, con origen en la provincia de Córdoba, utilizadas para desplazarse hasta otras provincias del territorio nacional, donde recogían el material robado por otros miembros de la organización, llegando a recorrer hasta más de 1.000 kilómetros diarios.
Los investigadores observaron que estas furgonetas tenían una parada prolongada con el cableado robado, en un punto intermedio, antes de su vuelta al lugar de origen, concretamente en un cortijo ubicado en una finca de la localidad de Úbeda, donde la organización contaba con infraestructura y maquinaria para la preparación del cobre, separando las vainas sobrantes del cableado sustraído. Los desechos de este proceso eran transportados al anochecer hasta un paraje apartado donde eran vertidos.
Este cortijo también era usado como vivienda de transeúntes, para el descanso de los conductores de las furgonetas, que circulaban por toda España transportando el material robado hasta esta localización.
Finalmente, el cobre una vez separado del cableado y sin marcas de trazabilidad que pudieran determinar su procedencia, era transportado por un camión de grandes dimensiones, desde la finca de Úbeda, hasta una empresa de reciclados, ubicada en la provincia de Granada, que compraba el cobre de forma ilícita, recepcionándolo sin asentarlo en los registros de entrada.
El cobre era procesado en la planta de reciclado, construida específicamente para el tratamiento de este tipo de cableado, quedando listo para su uso. Para posteriormente ser trasladado y distribuido por otras empresas de transporte nacionales e internacionales.
La explotación de esta operación, se saldó con la entrada y registro, autorizado judicialmente, en la finca y cortijo donde se llevaban a cabo las labores de preparado del cobre, interviniéndose maquinaria para su
procesado, sacas con desechos de vainas y aproximadamente 2.000 kilos de cobre pelado de telefonía
En concreto, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial un total de 42 personas por su vinculadas con esta organización criminal, inculpadas por supuesto delitos relacionados con el robo de cable de cobre, concretamente 19 en calidad de detenidos y 23 investigados, en las provincias de Jaén, Valladolid, Córdoba y Granada.
Además, resultaron intervenidas y recuperadas multitud de herramientas y un total de 8.200 kilos de cobre sustraído, esclareciéndose 34 hechos delictivos cometidos por esta organización.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, cuyo objetivo principal es prevenir, detectar y perseguir de forma coordinada los delitos relacionados con la sustracción de metales,
especialmente cobre, que afectan gravemente al funcionamiento de infraestructuras críticas como redes de telecomunicaciones, transporte, suministro eléctrico y servicios públicos esenciales.
