A diferencia del juez Garzón, empeñado en llevar a algún dirigente nacional del PP al banquillo, la Fiscalía Anticorrupción desveló ayer que, «en el estado actual» de la investigación del caso Gürtel, no existen indicios que permitan relacionar al tesorero popular y senador Luis Bárcenas y al eurodiputado conservador Gerardo Galeote con la presunta trama de tráfico de influencias que dirigía el empresario Francisco Correa.
Ante tal evidencia, el Ministerio Público reitera que «no procede elevar exposición razonada al Tribunal Supremo» -a quien correspondería investigarles por ser ambos aforados de ámbito nacional-, y, por tanto, la causa debe seguirse tramitando, al menos por ahora, en los tribunales superiores de Madrid y Valencia, regiones donde están afincados los cargos contra los que sí existen imputaciones.
Según recogen sendos informes remitidos a las citadas instancias autonómicas, Anticorrupción se hace eco de los diversos apuntes encontrados en un lápiz de memoria intervenido en el piso franco que la trama tenía en la calle Serrano de Madrid, pero especifica que no puede probarse que «las siglas LB o el nombre de Luis el cabrón» correspondan al tesorero del PP, por lo que, procesalmente, resulta «más oportuno esperar al avance de la investigación, especialmente teniendo en cuenta la abundante documentación aún por examinar», que podría permitir identificar al titular de tales iniciales.
Tampoco por lo que se refiere a Galeote cree el acusador que concurran «indicios bastantes de criminalidad» contra él.
Según razona la Fiscalía, para poder establecer que una conducta concreta pueda ser constitutiva de delito, «resulta imprescindible una más profunda instrucción, que se extienda, entre otras cuestiones, al motivo de los pagos eventualmente percibidos por los aforados».
En otro dictamen, referido a la parte valenciana de la investigación (en la que están implicados, indiciariamente, el presidente de regional, Francisco Camps y el diputado del PP Ricardo Costa), Anticorrupción considera que la competencia para conocer de los hechos corresponde al Tribunal Superior autonómico y reclama que se interrogue ya a los dos aforados.
Dice además que los hechos atribuidos a ambos -que consisten en haber aceptado regalos procedentes de la trama, especialmente trajes-, «no aparecen relacionados con una actividad concreta de las empresas vinculadas a Correa en el estado actual de la causa».
Sobre Camps, se concreta que la documentación intervenida sí parece reflejar la recepción de distintas prendas de vestir de las tiendas Milano y Forever Young por parte del cabecilla de la red. El valor de los textiles procedentes de Milano ascendería a 4.700 euros y las de Forever Young, a 8.073,5.
Sobre este asunto señala el fiscal que «existe abundante documentación sin examinar, intervenida en las empresas del denominado grupo fcs (Francisco Correa).
Respecto a la posibilidad de aplicar la jurisprudencia que señala que cuando en una causa aparezcan aforados de dos comunidades diferentes «el conocimiento corresponde Supremo», Anticorrupción señala que los hechos atribuidos a Camps y Costa son escindibles de la causa principal y que, en el estado actual del procedimiento, no puede decirse que haya aforados de Valencia que hagan aplicable dicho criterio.
