La vivienda y la situación que atraviesa Segovia en este ámbito volvió a ser uno de los temas de debate este viernes en el Pleno municipal. De la mano de Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) y su portavoz, Guillermo San Juan, la sesión plenaria acogió una moción presentada con el objetivo de poner en marcha cinco medidas urgentes para afrontar la crisis de vivienda. San Juan, apoyado en un diagnóstico ‘Segovia, Ciudad Tensionada’, de la Fundación ‘Rosa Luxemburg’, presentado en el foro por el derecho a la ciudad ‘Segovia no se vende’, defendió un «kit de políticas públicas de emergencia habitacional».
Así, propuso una Mesa por la Vivienda donde puedan tener cabida «agentes sociales, sindicatos y entidades vecinales y colectivos»; un programa de intermediación para el alquiler asequible que dé cobertura de «seguridad jurídica», con «precios justos» para inquilinos. Asimismo, el concejal de Segovia en Marcha pidió «identificar las 4.600 viviendas vacías» que se estiman en Segovia y reclamó «bonificaciones» para propietarios que entren en este programa. Para terminar, exigió «aumentar el espacio público de vivienda en un 15%».
Por otro lado, en defensa del equipo de Gobierno intervino el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, quien demarcó la «excesiva regulación intervencionista» que terminan por agravar una carga a la hora de invertir o alquilar. Propuso «medidas eficientes» que proponen desde el equipo de Gobierno en esta materia y enumeró proyectos que se van a desarrollar como el del Regimiento, el Antiguo Parque de Bomberos o 16 viviendas más previstas. También, resaltó que la proliferiación de viviendas destinadas a estudiantes suponen «nichos importantes de rehabilitación para edificios».
El grupo de Izquierda Unida (IU) mostró su apoyo a la moción través de la edil Ana Peñalosa. «Lo urgente no puede seguir esperando: en Segovia la situación es preocupante y la vivienda es un derecho y hay que garantizarlo», declaró; y apuntó: «Tenemos una oportunidad de corregir la inacción».
En representación de Vox, tomó palabra Alfonso de Ceballos-Escalera, que entró a valorar el origen de la entidad que lleva el nombre de Rosa Luxemburgo, «fundadora del Partido Comunista de Alemania (KPD)», y cuyo desempeño es «una academia de formación política» que «poco tiene que ver con la vivienda». Tras estos datos, el concejal de Vox recalcó que los problemas de vivienda comenzaron a producirse «especialmente desde 2019, desde que los señores de Podemos están en el Gobierno»; e indicó que «los grandes caudillos de Podemos, el señor Iglesias y el señor Monedero, son grandes tenedores de pisos». Terminó de mostrar su contrariedad a la moción señalando que «el Estado se lleva un 30% en impuestos» en este ámbito.
Por su parte, el PSOE, a través de Antonio Reguera, sostuvo que el problema de la vivienda es «uno de los caballos de batalla» para su grupo. Apoyó la propuesta llevada a Pleno por San Juan y añadió a la Junta de Castilla y León como «culpable» de la situación actual en la ciudad. El grupo municipal socialista propuso una enmienda para que la ciudad se declare como «zona tensionada», que aceptó el concejal proponente.
Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos, consideró «positivo» impulsar un espacio para regular la vivienda y mostró su «preocupación» sobre este tema, pero afirmó que «no podemos dar soporte a esta moción» por sus formas. Tras la deliberación de los distintos grupos intervinientes, apoyaron la propuesta de Segovia en Marcha el PSOE e IU, se abstuvo Ciudadanos y votaron en contra el PP y Vox, por lo que no prosperó finalmente.
