El Consejo de Gobierno aprobó hoy la puesta en marcha de la tarjeta BUSCyL, que extenderá la gratuidad del transporte público por carretera en los servicios de titularidad de la Junta para las personas empadronadas en Castilla y León. Una medida que supondrá una inversión estimada para el Gobierno autonómico de entre 60 y 65 millones de euros anuales, con la previsión de alcanzar los 15 millones de viajes, frente a los 14,5 millones contabilizados en 2024.
“Es una decisión enmarcada en una política estructural, planificada y permanente de la Junta”, afirmó durante la presentación de la medida el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, que aseguró que la medida “no es coyuntural”, y persigue “garantizar la movilidad accesible, inclusiva y sostenible en todo el territorio con independencia del lugar de residencia de las personas a las que beneficia”. Los no empadronados, por su parte, podrán utilizarla como monedero electrónico para abonar sus trayectos.
También destacó que se trata de una medida “pionera” en el ámbito nacional que sitúa a Castilla y León “a la vanguardia de los servicios públicos de movilidad” en España. “Hay un compromiso de la Junta con políticas reales para luchar contra la despoblación, al propiciar el empadronamiento de cara a obtener esta ventaja que se ofrece a todos los ciudadanos que residen en la Comunidad. Genera oportunidades en todo el territorio y está anudada al desarrollo y la cohesión territorial en Castilla y León”.
Consideró que es una medida que facilita el ahorro a las familias, al no tener que dedicar recursos por esta vía, sin olvidar que avanza en la sostenibilidad medioambiental con la reducción de los desplazamientos en vehículos privados.
La medida comienza el 1 de julio para los menores de 15 años, cuyos padres o tutores podrán solicitar la tarjeta desde el 1 de junio a través de un código QR, y desde el 1 de septiembre para el resto de la ciudadanía, que deberá cursar su solicitud para obtener la tarjeta BUSCyL desde el 1 de julio.
El consejero anunció que en el futuro se activará una aplicación móvil específica para obtener la tarjeta física o tener una digital en el ‘smartphone’.
La solicitud se realiza a través de la web oficial www.buscyl.es, con atención y asesoramiento disponibles en el 012 y en el número directo del Centro de Control de Transporte de Castilla y León (887 88 15 69), ubicado en la estación de autobuses de León. Un centro que, según Sanz Merino, ya cuenta con 16 trabajadores y un coordinador, que se encargará de la tramitación, envío de tarjetas físicas y dar de alta las digitales, pero, sobre todo, está centrado en la implementación del sistema de sostenibilidad del transporte público (ITS).
Además, en un futuro, podrá encargarse del control y seguimiento de la explotación de unos 2.000 vehículos para así tomar decisiones en tiempo real y simular situaciones para adoptar medidas si hubiera incidencias en el tráfico de los autobuses.
En primer lugar se implantará en las ciudades y ámbitos de influencia con transporte metropolitano (Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid), que acumula el gran volumen de transportes. De manera simultánea, tendrá la implantación progresiva hasta el 31 de octubre en el resto de concesiones de carácter interurbano. Por lo tanto, a partir de esa fecha toda la población podrá acceder a la tarjeta BUSCyL y beneficiarse de la gratuidad de los viajes de las líneas dependientes de la Junta.
“Vocación de continuidad”
Además, el consejero dejó claro que la gratuidad del transporte por carretera a los empadronados de la Comunidad tiene “vocación de continuidad en el tiempo”. En este sentido, restó importancia a que no esté amparada por una ley. “Es una decisión política que busca la estabilidad y no hay limitación en el tiempo, frente al decreto ley con las bonificaciones del Ministerio de Transportes, que dura hasta el 31 de diciembre. De momento, está al amparo de un reglamento comunitario y un acuerdo del Consejo de Gobierno, que son una garantía”, sentenció. En todo caso, precisó que las leyes también se pueden cambiar. “Una de las características de esta medida es la permanencia en el tiempo para que así la gente puede saber a qué atenerse, montar su proyecto de vida si depende de alguna acción de transporte y así tomar sus decisiones con certezas”.
Preguntado por si el sistema permitirá la reserva de plazas, el consejero respondió que no será necesaria la formalización. “El sistema es de viajes gratuitos e ilimitados, sin necesidad de formalizar”. En este sentido, reconoció que eso puede generar “alguna disfunción” en días concretos, con el aumento de pasajeros. Para ello, señaló que habrá que mantener un contacto con las operadoras y testar posibilidades de “meter algún tipo de refuerzo”.
En cuanto a la manera de afrontar la financiación de entre 60 y 65 millones de euros, con unos presupuestos prorrogados, Sanz Merino comentó que el impacto de la implantación del calendario a lo largo de este año será “muy residual”, ya que entrará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. “Serán dos meses de coste efectivo de la medida, con el incremento que corresponda, que la prórroga podrá asumir”.
