El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que España se puede permitir bajar los impuestos y además lo necesita para dar un respiro a los trabajadores, empresas y familias y para que, al haber más dinero circulando, aumente la inversión y el consumo y se impulse así la actividad económica.
Así lo señaló durante su comparecencia en el debate sobre la reforma fiscal en el Pleno del Congreso, donde dijo que el país se puede permitir esta rebaja fiscal porque la mejora del cuadro macroeconómico está devolviendo la confianza, porque la actividad y la lucha de la Agencia Tributaria están impulsando la recaudación y porque no se perjudicará a la financiación de la economía si se mantiene la contención y austeridad en el gasto público.
Además, Montoro recordó que el Gobierno prometió a los ciudadanos que bajaría los impuestos en las elecciones de 2011. Aunque las circunstancias llevaron al Ejecutivo a retrasar el cumplimiento de este compromiso, Montoro aseveró que ahora ha llegado el momento de hacerlo.
El ministro explicó que la reforma nace con un doble objetivo: compensar a los contribuyentes por los esfuerzos hechos a lo largo de la crisis para controlar el déficit e introducir diversos factores de estímulo para consolidar la recuperación incipiente y afrontar nuevos horizontes de crecimiento y creación de empleo.
Ciudadanos motor
A juicio del máximo responsable de Hacienda, la reforma convertirá a los ciudadanos en un motor para la recuperación económica y hará que la sociedad, que hasta ahora ha sostenido el Estado de bienestar, se convierta en la protagonista del relanzamiento de la economía con sus decisiones de ahorro, consumo e inversión. “Son los ciudadanos los que van a llevar el barco a buen puerto”, afirmó.
Según Montoro, la reforma es el “motor” que se necesita a estas alturas de crisis, porque es el “canal” que pondrá más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y hará que intervengan más en la economía. “Es el instrumento para consolidar el camino emprendido”, dijo, tras asegurar que hará que el crecimiento mantenga un ritmo ascendente y que se fortalezca la creación de empleo.
De hecho, opinó que nada es tan prioritario como la creación de empleo y ahora que se están poniendo en orden las cuentas y que las reformas han devuelto la confianza a los inversores, es el momento de atender las expectativas de los más de cuatro millones de personas que siguen en el paro y esperan que la recuperación “entre por fin en sus hogares”. “El Gobierno no olvida a ninguno de ellos”, sentenció.
Así, se mostró convencido de que la reforma fiscal será un “instrumento fundamental” de política para el final de la legislatura porque impulsará el empleo, mejorará la competitividad, dinamizará el ahorro y la inversión y hará que el sistema más equitativo.
La rebaja fiscal se desarrollará en dos fases (2015 y 2016) y devolverá unos 9.000 millones a los ciudadanos (5.900 millones a través de la rebaja de IRPF y unos 3.100 por los cambios en Sociedades). Implica cambios en diversos tributos y figuras, pero no eleva el IVA porque el Gobierno cree que sería “contraproducente”.
El ministro recordó los cambios como la reducción de tramos del IRPF y la bajada del impuesto, sobre todo para las rentas medias y bajas. De hecho, indicó que cuando toda la reforma entre en vigor (2016) la rebaja media de este impuesto será del 12,5% y que 1,6 millones de personas dejarán de tributar por renta.
DIVISIÓN EN EL HEMICICLO
La reforma fiscal superó el primer trámite en el Congreso de los Diputados, que rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, IU-ICV, UPyD y ERC a los tres proyectos de ley que componen el cambio legislativo y que ahora pasarán a debatirse en comisión.
La devolución de los proyectos al Gobierno fue respaldada por PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Esquerra, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y CC-NC salvo en el caso del IVA, ya que Canarias tiene su propio régimen. En contra votaron el PP, UPN y Foro, mientras que CiU y PNV se abstuvieron.
La reforma fiscal prosigue su tramitación parlamentaria en la Cámara Baja a la espera de la presentación de enmiendas parciales de las distintas formaciones.
Dichas enmiendas serán debatidas y votadas sólo en comisión, ya que el PP rechazó un debate final en sesión plenaria, y después los proyectos se enviarán a la Cámara Alta para recibir el visto bueno del Senado. En la Cámara Alta, los grupos parlamentarios también podrán vetar los tres proyectos de ley y plantear cambios parciales si se superan dichos vetos.
