A veces las calles hablan. No con palabras, pero sí con bolsas amontonadas junto a contenedores, con papeleras que rebosan más de la cuenta y con vecinos que empiezan a murmurar. En Segovia, ese murmullo se ha ido haciendo más nítido en las últimas semanas. Y al fondo, como una amenaza apenas contenida, resuena una fecha: la del 21 de junio, el día en que podría comenzar una huelga indefinida en el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras si no se alcanza un acuerdo entre la plantilla de FCC Medio Ambiente y la empresa adjudicataria. La ciudad podría llegar a sus fiestas entre residuos y reproches.

Lo que comenzó como una negociación más del convenio colectivo se ha convertido en un conflicto con más de un frente, con el Ayuntamiento ejerciendo de árbitro cuando le piden que tome partido. La última reunión entre el comité de empresa y FCC acabó en punto muerto.

“La negociación se bloqueó”, explica Miguel de Santos, presidente del comité de empresa. “Ni nosotros nos íbamos a mover ni la empresa se movió”. El escollo, asegura, no es otro que el económico. La propuesta de la empresa: una paga no consolidable de 375 euros por 2024 y una subida salarial del 1,30% para 2025. Para los trabajadores, esta segunda es inaceptable: “Nos parece ridículo, vamos a perder mucho dinero porque lo que va a subir la vida nos va a dejar atrás”.

MERMADOS Y AGOTADOS

Más allá de lo económico, el conflicto hunde sus raíces en una situación estructural que el comité denuncia desde hace años. Según sus cálculos, la plantilla arrastra un déficit crónico de al menos 15 trabajadores. A las bajas habituales se suma la falta de refuerzos, lo que ha llevado a una situación límite. “Estamos bajo mínimos. Gente saliendo a hacer dos distritos en lugar de uno. Eso ya es habitual”, denuncia de Santos.

La empresa ofrece una paga no consolidable de 375 euros por 2024 y una subida salarial del 1,30% para 2025, algo que rechaza el comité de empresa

La sobrecarga de trabajo tiene un doble efecto: deterioro en la calidad del servicio y agotamiento físico y psicológico de la plantilla. “El año pasado fue el peor: tuvimos el equivalente a 15 trabajadores de baja. Así no se puede. Las calles están más sucias porque no se limpian adecuadamente. Esa es la realidad”, sentencia el portavoz sindical.
La situación actual no ha surgido de la noche a la mañana. El comité lleva años advirtiendo de la precariedad estructural del servicio, de una plantilla menguante, de contratos a tiempo parcial que no cubren necesidades reales. El único avance reconocido por el comité en la última reunión fue la aceptación por parte de la empresa de transformar 14 contratos parciales en jornadas completas. Un gesto, sí, pero insuficiente.

SERVICIOS MÍNIMOS

Mientras se aproxima la fecha clave del 21 de junio, la única reunión confirmada entre las partes es para pactar los servicios mínimos. Pero ni siquiera en eso hay esperanza de acuerdo. “La anterior vez, lo que quería la empresa eran prácticamente todos los trabajadores. Es decir, los mismos que estamos ahora”, denuncia el comité.
Esa situación convierte la huelga en inviable de facto, advierten. Por eso, el comité trabaja ya en una estrategia legal: preparar la documentación y respetar los plazos necesarios para impugnar unos hipotéticos servicios mínimos que, de repetirse los anteriores, consideran “fuera de la realidad”.

EL AYUNTAMIENTO

Desde el Consistorio, la posición ha sido hasta ahora de cierta distancia. El alcalde, José Mazarías, ha reiterado que el Ayuntamiento no puede intervenir directamente en la negociación laboral, si bien ha mostrado su deseo de que se alcance un acuerdo.
Pero los trabajadores discrepan. Consideran que el Ayuntamiento no puede lavarse las manos. “Nosotros entendemos que el Ayuntamiento es la empresa principal, porque es quien paga”, afirma de Santos. “Está pagando por unos servicios que no se están cumpliendo adecuadamente. No puede desvincularse”.

Miguel de Santos: “el ayuntamiento está pagando por unos servicios que no se están cumpliendo de la manera adecuada. No puede desvincularse”

Esa presión política se ha traducido también en los plenos. Grupos como Segovia en Marcha pidieron en su día al equipo de Gobierno que exigiera a FCC el cumplimiento del contrato, sobre todo en lo que respecta a la dotación de personal y la cobertura de bajas laborales.
Hay un elemento económico que podría desbloquear la negociación, “ya que se nos dijo que si el Ayuntamiento pagaba lo que debe, podría mejorar la oferta. A mí mismo me lo dijo Gabriel Cobos (concejal de sostenibilidad ambiental), así que estamos esperando a que el Ayuntamiento mueva ficha. Si la empresa recibe esos pagos, posiblemente cambie su oferta. Esa es la clave”. Aunque si esos pagos tienen que ver con los reequilibrios económicos es posible que la esperanza se quede en nada.

NADIE LA QUIERE

Pese a la dureza del conflicto, de Santos insiste en que la huelga es el último recurso. “Los que menos queremos la huelga somos nosotros. Nadie quiere ponerse en huelga, eso es evidente”. Pero no habrá vuelta atrás si no hay avances. La huelga sería indefinida, con un impacto directo sobre la ciudad, sus vecinos y sus fiestas.
“Lo que no se entiende es que se suban los impuestos para la limpieza y la ciudad esté más sucia. ¿Quién se lleva la diferencia?”, se pregunta el presidente del comité.

LOS REEQUILIBRIOS

El alcalde de Segovia, José Mazarías, quiso salir al paso de las especulaciones que vinculan el conflicto laboral entre FCC Medio Ambiente y su plantilla con los pagos y reequilibrios económicos pendientes entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento. En declaraciones a los medios, el regidor insistió en que ambos asuntos “no deben ni pueden mezclarse” y ha apostado por una pronta resolución que evite una huelga de basuras durante las fiestas de San Juan y San Pedro.
“El pago de facturas a FCC no tiene nada que ver con la petición que hizo la empresa acerca del reequilibrio económico. Son cosas distintas. Los pagos que se están realizando son los comprometidos por contrato”, ha afirmado tajantemente Mazarías, en referencia a los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos e incluso la limpieza de imbornales.
El alcalde anunció que el próximo lunes se celebrará una reunión entre el equipo de Gobierno municipal y representantes de FCC para tratar de cerrar definitivamente los aspectos económicos pendientes entre ambas partes. “Queremos dejar liquidado este tema. Estamos convencidos de que los compromisos del Ayuntamiento se tienen que llevar a cabo”.

“Si llega la huelga, los segovianos seremos rehenes de una negociación laboral que no nos corresponde”

Mazarías quiso desligar explícitamente este asunto del conflicto que mantiene la empresa con sus trabajadores. “No creo ni que pueda ni que deba vincularse el asunto del reequilibrio económico con la negociación laboral que corresponde a un convenio adquirido por la empresa hace ya unos cuantos años, cuando este equipo de Gobierno no estaba en el Ayuntamiento”. En este sentido, hizo un llamamiento a la responsabilidad de ambas partes. “Me gustaría instar a los representantes sindicales y a la empresa a que lleguen a un encuentro. Confío en que la huelga no llegue a producirse, porque si eso ocurre, los segovianos seremos rehenes de una negociación laboral que no nos corresponde, y eso no sería justo”.
Respecto al fondo del reequilibrio económico, Mazarías ha detallado que existen dos reclamaciones de compensación: una a favor del Ayuntamiento, correspondiente al año 2018, y otra a favor de FCC, relativa al año 2023. “Ambos importes son de cuatrocientos mil y pico euros, y prácticamente se compensan. El primero se refiere a la revisión de precios y servicios prestados y no prestados tras la finalización del contrato. El segundo está relacionado con el aumento de costes laborales, carburantes y otros factores. Pero insisto: esto no va a modificar nada. No tenemos interés en que se dilate más, pero los reequilibrios no son trascendentales para la negociación”