Hubo un tiempo en que las Comunidades de Villa y Tierra ostentaron el poder de la provincia de Segovia. Los conflictos entre ellas fueron habituales y su huella es aún honda en muchos puntos de la geografía segoviana.
La provincia de Segovia es una demarcación territorial gobernada por la Diputación. Sin embargo, durante siglos el poder sobre el territorio segoviano recayó en las diferentes comunidades de villa y tierra. Estas administraciones continúan existiendo, aunque con un poder limitado. No obstante, su importancia histórica hizo que moldeasen el paisaje segoviano, convirtiendo sus límites en auténticas fronteras interiores.
En el siglo X nobles al servicio del rey de León, como los condes de Castilla y Monzón comienzan a adentrarse en el territorio segoviano, empezando su repoblación. Desde este momento, y hasta la dominación completa de las tierras cercanas a la Sierra de Guadarrama, comenzaron a extender una forma de organización en todo el entorno: las Comunidades de Villa y Tierra.
Esta forma de organización se basaba en la existencia de una localidad, la Villa o Ciudad, que actuaba como cabeza de un territorio amplio que debía gestionar y sobre el que tenía poder jurídico, económico y militar, la “Tierra”. Estas instituciones se extendieron funcionando hasta el siglo XIX, cuando las leyes de organización municipal y local hicieron que perdiesen paulatinamente sus competencias. Sin embargo, esta gestión del territorio de Segovia a través de diferentes comunidades contribuyó a moldear el paisaje que actualmente vemos en la provincia.
Los conflictos entre comunidades fueron muy comunes. Las disputas más habituales tenían lugar en los territorios cercanos a las fronteras, ya que se acusaban mutuamente de extraer recursos de otra comunidad. En los casos más importantes llegaron a ir a juicio a la Chancillería de Valladolid, el más alto tribunal en ese momento, para reclamar si consideraban que las fronteras se habían movido. Asimismo, entre los siglos XVI y XVIII, tras múltiples desavenencias entre estos territorios, los representantes de las dos comunidades en conflicto solían quedar en un acto común en la frontera para establecer dónde poner los mojones que ejercían como límites.
Los conflictos fueron tan amplios que algunas comunidades incluso llegaron a no acatar las directrices del rey o del Concejo de Castilla si las consideraban injustas. En el año 1591 la Villa y Tierra de Sepúlveda se opuso a ceder unas laderas que el rey había establecido que no le pertenecían.
También fue común el conflicto con los pueblos. Pedraza tuvo que enfrentarse a constantes juicios entre 1550 y 1650 por el aprovechamiento de sus terrenos comunales. Así, pueblos de su jurisdicción reclamaban que se trataba de terrenos comunes, pero su uso debía estar restringido al pueblo y no a toda la comunidad, por lo que la riqueza de los recursos no podía remitir en la comunidad, sino en el pueblo. Esto sucedió entre otros con el Monte de Valquemado, que en 1589 Puebla de Pedraza reclamó como suyo.
Estos movimientos en las fronteras entre comunidades y sobre a quién corresponde la gestión administrativa de un territorio ha tenido su reflejo en la actual configuración de los municipios segovianos. Así, las fronteras de las actuales villas son fruto de estas sentencias y pactos históricos con los municipios de su alfoz. Por su parte, la propiedad de los montes y su aprovechamiento también ha quedado reflejado en los actuales términos municipales y en la gestión de los ayuntamientos, ya que algunos conservan en su término los llamados “Comunes” — montes, pastos y terrenos que pertenecen a la comunidad — pero no tienen jurisdicción sobre ellos en algunos aspectos.
La extensión de los municipios también está vinculada a los Despoblados, localidades que por diferentes motivos se quedaron sin vecinos. Algunos de estos pueblos quedaron vacíos antes de que se estableciese a qué comunidad pertenecían de manera inequívoca, dando origen a conflictos legales sobre a quién debía pertenecer su territorio o como se establecían las fronteras de las comunidades que atravesaban su territorio una vez estos pueblos habían caído en crisis.
Junto a ello, las leyes de las comunidades ayudaron a forjar cambios. Se trataba de códigos extensos que se fueron configurando desde el inicio de la repoblación castellana. Algunos de estos se convirtieron en referencias para la administración judicial en la Edad Media como el fuero de Sepúlveda. Otras fueron motivos de constantes discusiones y cambios legislativos, como sucedió en la comunidad de Cuéllar en la edad Modera cuando se redactaron hasta cuatro códigos de Ordenanzas diferentes por las disputas entre la villa y los pueblos de su Tierra.
Los movimientos de los límites de las comunidades, junto a la legislación imperante en cada territorio, tenían su reflejo en los impuestos, ya que el cobro de los mismos podía hacerse en los límites de la comunidad y las materias que fuesen de fuera de su territorio tenían cargos más altos. Es por ello que solían llegar a acuerdos para establecer las tasas que iban a establecer en los productos, pero a su vez también fue común los desencuentros legales por acusar a otra comunidad de que sus vecinos vendían productos en municipios de otras comunidades sin pagar los respectivos tributos.
Las normas protegían la producción de materias dentro de sus fronteras como el vino o cereal. De este modo, no se podía consumir o exportar este tipo de elementos desde otros territorios, forzando así a consumir primero los producidos dentro de la propia comunidad. Esto se hacía para garantizar la producción de estas materias, que se consideraban básicas. Sin embargo, este tipo de normas moldearon el paisaje segoviano, extendiendo viñas o creando tierras en lugares que no eran óptimos para ellas, como sucede en la Tierra de Pinares, donde las vides se adaptaron a la sombra de los árboles o donde los montes fueron cortados para poner tierras.
Otro caso singular es el de los “Comunes”. Estos grandes espacios nacieron con la intención de servir como un espacio natural amplio donde todos los habitantes de la comunidad pudieran ir a recolectar elementos como leña, cortezas, piñas o, en el caso de montes, servir de lugar de paso.
Algunos de estos montes tienen una gran extensión como sucede con el Común Grande de las Pegueras, perteneciente a la comunidad de Cuéllar, que ocupa 7500 hectáreas. En muchos casos se trata de amplias reservas naturales, con gran riqueza forestal y económica. La jurisdicción y propiedad de estos fue fuente de diversos conflictos, dando lugar a problemas judiciales que se extendieron desde la edad Media hasta la actualidad.
Históricamente los desencuentros se debían al aprovechamiento de estos terrenos o a cómo debía repartirse las maderas y otras riquezas de los mismos entre los pueblos y la Comunidad. No obstante, en la actualidad se ha debido a la propiedad y autoridad sobre los mismos. Entre 2005 y 2008 comenzó un conflicto entre la comunidad de Cuéllar y sus municipios a razón de quién debía conceder una licencia de obra en un terreno comunal.
Junto a este patrimonio natural, las comunidades contaban con un importante patrimonio histórico y cultural. Los almacenes de grano y los molinos comunales surgieron para albergar el grano que, a modo de impuestos, las diferentes localidades debían pagar a la villa, así como, en el caso de los molinos, servían para hacerlo harina o como lugar donde los vecinos podían acudir, pagando, a realizar sus moliendas. Estos edificios surgen en las villas que actuaron como cabeceras y, sus orígenes medievales y modernos las hacen constituirse como lugares de interés cultural.
Asimismo, las comunidades eran partícipes de las principales obras de arquitectura llevadas a cabo en su territorio. La riqueza cultural y arquitectónica de villas como Cuéllar, Sepúlveda, Coca o Pedraza está vinculada a la relevancia histórica de sus respectivas comunidades. La importancia cultural de las comunidades no solo se extendió en los siglos medievales y modernos. Así, en el año 1927 se edificó la Casa de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, un ejemplo del estilo regionalista y de la arquitectura del ladrillo. Actualmente, las comunidades cuentan con instituciones que tratan de difundir este patrimonio como sucede en la Comunidad de Sepúlveda con el Museo de los Fueros e iniciativas como la Fiesta de los Fueros, la participación con carteles informativos y publicidad del turismo del entorno como sucede en la comunidad de Fuentidueña o la elaboración de páginas web dedicadas a la difusión de estas instituciones y su entorno.
Un municipio, dos comunidades
Uno de los casos más significativos de los conflictos entre las comunidades se da en el pueblo de Navas de Oro. Este pueblo surge al amparo de Cuéllar y Coca durante las repoblaciones de su entorno en los siglos XI y XII. Las constantes disputas entre los límites que tenían una comunidad y otra y la posesión y gestión de los recursos que pertenecían a ellas llevaron a diversos conflictos. El crecimiento de los mismos llevó a la división del pueblo en dos en 1258, uno perteneciente a la comunidad de Cuéllar y otro a la Comunidad de Coca.
Este hecho se plasmó en la gestión administrativa del pueblo ya que en cada uno de sus márgenes existían unas leyes locales, ordenanzas propias y en las que se prohibía el tráfico de materias como vino o harina dentro del mismo pueblo, ya que no se podían sacar de los territorios de las respectivas comunidades. A su vez tenía dos instituciones diferentes, con dos gobiernos, justicias y fiscalidad diferentes.
Esta división todavía se puede ver dentro de la localidad. La calle de La Raya dividía los dos municipios, como símbolo de la frontera marcada. Dentro del pueblo todavía se pueden contemplar los restos de sus dos iglesias — de una solo se contempla la torre —. La unión entre los dos pueblos no se dio hasta el reinado de Isabel II. En 1843 el general Espartero que ejercía como regente, ordenó la unificación.
Un cotarro consejero
Son múltiples las fronteras entre dos comunidades, pero hay puntos donde se cruzan tres comunidades. Este es el caso de Lastras de Cuéllar, pueblo que perteneció a la Comunidad de Cuéllar, pero donde su término limita con las de Sepúlveda, Fuentidueña y localidades que pertenecían al obispado.
Los conflictos entre entidades llevaron a multitud de juicios, algunos de los desencuentros se resolvieron en el llamado cotarro consejero, un monte que en su momento marcó los límites entre las tres comunidades. En él se reunían representantes de las diferentes demarcaciones para acordar los términos de sus fronteras. Estos pactos no solo determinaban los lugares donde se ubicarían los cotos, también suponían pactos en torno al aprovechamiento de los pastos y bosques en los territorios limítrofes o las cantidades de mercancías que debían moverse de ciertas materias de una comunidad a otra.
Las comunidades extendieron sus territorios más allá de las actuales fronteras provinciales. La comunidad de Segovia extendía su territorio por las actuales provincias de Madrid y Toledo, controlando no solo territorios en la sierra de Guadarrama sino llegando a municipios del sur, como los pertenecientes al sexmo de Valdemoro.
Las comunidades contaban con sus propias unidades policiales y guardias. En algunos casos se trató de cuerpos fuertemente especializados como sucede con guardianes de viñas o huertas, encargados de proteger los productos de estas a cambio, generalmente, de un sueldo en especie.
En otros casos se trató de milicias organizadas, como sucede con los quiñoneros de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Estos fueron creados en torno a cuatro parroquias (la Trinidad, San Esteban, San Martín y San Millán) y se les encomendó la repoblación al sur de Guadarrama y la defensa de la Comunidad y sus territorios ante los andalusíes. Sin embargo, con el avance de la Repoblación y de la frontera los quiñoneros siguieron existiendo, formando así un cuerpo de defensa del territorio segoviano.
Estas milicias llegaron a servir como fuerzas militares. Como unidades armadas sirvieron para repeler los ataques contra al-Ándalus y contra otros reinos cristianos, fueron llamados para la conquista o ataques en caso de guerras y conflictos y defendían los intereses de la comunidad. De este modo, actuaron contra otras instituciones, como es el caso de las milicias de Segovia que defendieron los intereses tras las cesiones hechas por los reyes de parte de su territorio a diferentes nobles.
Actualmente las Comunidades se siguen gestionando, con atribuciones en materia de gestión de sus recursos y territorio, aunque con facultades limitadas. Son relevantes en materia de gestión forestal por los amplios recursos naturales que administran. Su organización está vinculada con la administración histórica de las mismas y en sus plenos participan representantes de los diferentes municipios que la componen a través de los representantes municipales, concejales y alcaldes de los mismos. Su importancia en la actualidad es relativa en comparación con el resto de autoridades locales como municipios y diputación. No obstante, su importante carga histórica y relevancia en la administración y distribución de los actuales límites de municipios o las diferencias entre los mismos, es destacada y se difunde a través de diferentes instituciones e iniciativas culturales.
