Desde el Colegio de Arquitectos, el presidente de la demarcación segoviana, Juan Antonio Miranda, indicaba ayer que la lectura positiva que puede tener la larga tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia (PGOU) es “que no nos hemos desarrollado como otras ciudades, por ejemplo Ávila, con grandes excedentes de vivienda; aquí la burbuja inmobiliaria no ha sido tan grande”.
Miranda se muestra convencido de que esa ‘burbuja’, que a su juicio está afectando de forma negativa a Ávila, está relacionada también con el índice de paro de la provincia abulense, en torno al 24 por ciento, según la última Encuesta de Población Activa, cinco puntos por encima que Segovia.
El portavoz de los arquitectos dice que el hecho de que en el municipio “no haya tantas bolsas de vivienda no vendida es un punto a favor para Segovia, si sabemos utilizar bien las herramientas urbanísticas a partir de ahora”.
En el caso de Ávila, aunque su Ayuntamiento tramita desde 2010 un nuevo PGOU, el que sigue en vigor en la actualidad data de 2005 (con hasta ocho modificaciones), y contempla la construcción de más de 16.300 viviendas, incrementando por siete la superficie del recinto amurallado, que ya se había multiplicado en esa misma cifra con el anterior plan general de 1998. El nuevo documento de 2010 lo multiplica por diez a pesar de que fuentes técnicas consideran que la oferta de suelo urbanizable está suficientemente cubierta e incluso que hay abundante vivienda vacía en la ciudad.
El propio Colegio de Arquitectos de Ávila apuntaba el pasado mes de septiembre que esta ciudad “es un ejemplo que muestra las consecuencias de lo que ha ocurrido en el sector inmobiliario en las últimas décadas” cuando los sectores relacionados con el urbanismo se han lanzado a “recalificar suelo rural, abriendo paso a la burbuja inmobiliaria”, de ahí que la periferia de la ciudad “carezca de identidad y carácter”, según informó Europa Press.
Por su parte, Miranda explica que la ‘burbuja’ urbanística de la primera mitad de la década pasada se ha producido por la construcción de vivienda atendiendo a movimientos especulativos y no a una demanda real. “Se compraba vivienda, no por la necesidad de residencia sino para hacer negocio, para venderla a mayor precio después”, sostiene.
A pesar de todo, advierte que en la actualidad, en Segovia, “los síntomas no son nada buenos, hay que tener esperanza pero la actividad está mal”.
EL ADELANTADO publicó el pasado viernes que el consejo de Urbanismo de Castilla y León ha emitido un informe favorable para el Documento de Adaptación para el Levantamiento de la Suspensión (DALS), que pesaba sobre parte del plan general de Segovia.
El siguiente paso es que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, apruebe este documento, como previsiblemente hará próximamente.
De esta manera se desbloqueará la parte del PGOU de 2008, que se encuentra suspendida desde hace años, cuando se aprobó el resto del documento. Así, se podrán desarrollar todos los planes especiales y, sobre todo, se tramitará el correspondiente a las áreas históricas (PEAHIS).
Desde el Partido Popular, la concejala Raquel Fernández, delegada del grupo municipal para temas urbanísticos, no hacía la misma lectura que Miranda sobre la ‘burbuja inmobiliaria’. Para esta arquitecta, la demora en la aplicación de todo el plan general del municipio es, en primer lugar, consecuencia de “una mala gestión” y se debe “a que algo se ha hecho mal en este tiempo”.
En cualquier caso, admite que la falta de suelo habilitado en la capital ha motivado que la construcción de vivienda se haya derivado hacia otros municipios del área de Segovia, desde Palazuelos de Eresma a Hontanares o Espirdo, entre otros.
