Según los datos facilitados por la Consejería Sanidad enmarcados en el Registro de Empresas Alimentarias, el número de empresas y actividades alimentarias registradas en Castilla y León se cifraron en 44.424, lo que supone una bajada del 1,56 por ciento en comparación con 2023, donde el número ascendió a 45.132.
En cuanto a la provincia de Segovia, mantiene la tendencia general del resto de provincias en cuanto a empresas de ámbito local, con un decrecimiento del dos por ciento e durante 2024. De esta forma, durante el año pasado se registraron 2.462 empresas. Soria (0,9 por ciento y 1.529) y Salamanca (0,4 por ciento y 5.211) son las únicas provincias que presentan porcentajes positivos.
No obstante, cuando se habla de empresas de ámbito nacional, la provincia experimenta un ligero incremento del 0,1 por ciento. Además de Segovia, solo otra provincia vio un pequeño crecimiento en este tipo de empresas durante 2024: Burgos, que ascendió un 0,7 por ciento. Por su parte, Zamora permanece invariable, mientras que en el resto de provincias se produjo un decrecimiento.
En cifras totales, las empresas alimentarias afincadas en la provincia de Segovia, descendieron un 1,5 por ciento, hasta situarse en 3.199 corporaciones. En conjunto, solo Soria y Salamanca incrementaron sus cifras, con un 0,5 y 0,3 por ciento respectivamente.
Por tipología, la mayoría de los establecimientos de la Comunidad pertenece al sector de comidas preparadas y cocinas centrales, con 20.951, lo que suponen el 49,8 por ciento del total; que son seguidos por los establecimientos cuya actividad abarca a más de un sector, como son los establecimientos polivalentes, con un 25,1 por ciento del total (10.584).
Este registro tiene como finalidad la protección de la salud a través de la información que facilitan los operadores, verificada por los Servicios de Control Oficial de Salud Pública, lo que permite una adecuada programación de los controles oficiales y, en supuestos de detección de un peligro para la salud, posibilita que las autoridades sanitarias de Castilla y León puedan acometer las actuaciones necesarias con celeridad, eficacia y eficiencia.
