El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la disposición final de la Ley de Economía Sostenible (LES), conocida como ley Sinde, con 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU, 19 en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención. Este resultado es «una buena noticia para los usuarios y para los creadores», en opinión de la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde, que también señaló que es una «medida completamente equilibrada». La ministra realizó estas declaraciones poco después de conocerse el resultado de la votación y cuando asistía en el Instituto Cervantes a un homenaje a la cantante María Dolores Pradera.
La ley fue respaldada por el 92 por ciento de la Cámara Baja, que rechazó la norma el 21 de diciembre en la Comisión de Economía. La polémica disposición consiguió ser rescatada en el trámite del Senado gracias a una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU que reforzaba, respecto al texto original, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.
Una vez aprobada y publicada en el BOE en los próximos días, el Ministerio de Cultura iniciará el desarrollo normativo de la ley antidescargas, que incluye el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias. La norma, que permitirá por orden judicial el cierre de páginas web de descargas ilegales, podría ponerse en marcha de forma operativa este verano, según adelantó la ministra la semana pasada.
En el debate del pleno del Congreso sobre el proyecto de la Ley de Economía Sostenible, la ley Sinde acaparó buena parte de las intervenciones de los portavoces de los grupos que rechazaron la enmienda, frente a los de PSOE y PP que pasaron de puntillas sobre la norma antidescargas.
Josep Sánchez Llibre, de CiU, señaló que la enmienda pactada por su grupo y PSOE y PP «mejora sustancialmente» el modelo inicial presentado en el Congreso, al introducir la intervención del juez al comienzo y al término del proceso de cierre de una web. Llibre recordó que esta norma «no va contra los usuarios, como sucede en otros países», sino que las medidas solo se aplicarán contra el prestador que se lucre de contenidos sujetos a derechos de autor.
El resto de grupos dedicó más tiempo a la enmienda sobre la ley antidescargas, a pesar de que el debate era sobre el conjunto de la LES.
Por ejemplo, Rosa Díez, de UPyD, criticó la disposición final «que no es una ley ni es una regulación que pueda tener tal título», sino una «chapuza legislativa» que denota «presiones» de gobiernos extranjeros. Díez aseguró que esta normativa antidescargas «criminaliza» comportamientos extendidos en la red que son juzgados y archivados porque no son delictivos.
