El borrador del nuevo mapa concesional de transporte público interurbano por carretera, impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha despertado una fuerte oposición en comunidades como Castilla y León, donde se denuncia una amenaza directa a la conectividad del medio rural. En el caso concreto de Segovia, 21 paradas desaparecerían si se mantiene el plan tal como fue propuesto.
El nuevo mapa concesional tiene como finalidad reorganizar las concesiones estatales de autobuses para adaptarlas a los actuales patrones de movilidad, mejorar la eficiencia del servicio, reducir emisiones y ofrecer rutas más sostenibles, aunque es difícil encontrar una comunidad autónoma que esté de acuerdo con el borrador propuesto.
Impacto en Castilla y León
Castilla y León, por su amplia extensión y dispersión poblacional, es una de las comunidades más afectadas. Según la Junta, el plan supondría la supresión de 474 paradas en toda la comunidad, lo que afectaría gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos y su acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o el comercio.
En el caso de la provincia de Segovia, el nuevo mapa contemplaría la eliminación de 21 paradas, afectando directamente a más de 7.000 habitantes y potencialmente a otros 10.000 en un radio de 15 kilómetros.
El PP pide la retirada
La pasada semana, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley (PNL) presentada por el Partido Popular que reclamaba la retirada del borrador del mapa concesional y la elaboración de una nueva propuesta en colaboración con las comunidades autónomas. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor (PP, Coalición Canaria, UPN y BNG), 51 en contra (Vox, Podemos, Junts y EH Bildu) y 159 abstenciones (PSOE, Sumar, PNV y ERC).
El texto de la Proposición exigía además la creación de un marco de financiación estable para que las comunidades pudieran asumir los servicios que dejara de prestar el Estado.
Desde el Partido Popular se critica que los criterios del nuevo mapa se basan en grandes nodos de población y conexiones entre capitales, sin atender la realidad de la España vaciada. El riesgo, advierten, es dejar sin transporte público a millones de personas en zonas rurales. El Ministerio, por su parte, defiende que el nuevo mapa permitirá una mejor eficiencia de los servicios, aunque hasta el momento no ha confirmado si modificará el plan original de 2022.
La Diputación apela al diálogo
La Diputación Provincial, que en su día alzó la voz por el borrador presentado, ha puesto de manifiesto su satisfacción por que la Proposición saliera adelante, tal y como señaló Miguel Ángel de Vicente, que afirmó que “en el equipo de Gobierno de la Diputación celebramos que salga adelante cualquier propuesta del Grupo Popular en el Congreso que pueda afectar a la provincia. Primero, porque si se presenta es buscando el bienestar de los vecinos de los pueblos, a quienes nos dedicamos, y segundo, porque si sale adelante significa que más grupos, además del Popular, están en contra de una nueva decisión del Gobierno que vuelve a dar la espalda al medio rural. Si no, difícilmente saldría adelante con este Ejecutivo.
Miguel Ángel de Vicente: “El documento está alejado de la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, y se centra en criterios economicistas y urbanos”
El presidente de la institución también puso el énfasis en la abstención del Partido Socialista, “ya que es significativo el hecho de que los propios grupos PSOE y Sumar -además de PNV y ERC-, que conforman el Gobierno Estatal se hayan abstenido en la votación. Es decir, que se han abstenido ante una decisión propia, que fue la de la elaboración del borrador de un nuevo mapa concesional en 2022 y su reactivación por parte del Ministerio de Transportes en 2024; con el mismo contenido y con los mismos criterios que el primero”.
La Diputación sigue apostando por abrir un proceso de diálogo con los agentes implicados para acercar el documento ”ya que no hay que olvidar que los grandes damnificados de esta decisión son los habitantes de hasta 21 municipios de nuestra provincia, y 1417 en toda España. Es preciso que el ministro se siente a hablar con todos los interlocutores y, de manera especial con las Comunidades Autónomas, que son las que conocen las peculiaridades y necesidades del territorio y a las que quiere imponer que asuman costes de prestación de los servicios sin una financiación estable y de garantías”.
Dos años de plazo
Según la Ley de Movilidad Sostenible, una vez aprobado el nuevo mapa concesional, las concesiones estatales deberán ser adjudicadas en un plazo de dos años. Sin embargo, la presión política y la falta de consenso podrían retrasar la aplicación definitiva del plan.
Mientras tanto, el Ministerio de Transportes ha anunciado la creación de nuevas rutas, como la que conectará 51 municipios entre Madrid y Guadalajara dentro del Corredor 12 del nuevo mapa, en un intento por demostrar que el proyecto también incluye la ampliación de servicios.
Más de una veintena de paradas suprimidas
El nuevo mapa concesional de transporte por carretera propuesto por el Gobierno contempla la eliminación de 474 paradas de autobús en 346 municipios, lo que afectaría a más de 213.000 habitantes de Castilla y León, especialmente en áreas despobladas .
En lo referente a Segovia, la reforma que el Gobierno pretende llevar a cabo eliminaría paradas en los siguientes municipios:
– Abades.
– Bernardos.
– Carabias.
– Castillejo de Mesleón.
– Cerezo de Arriba.
– Fresno de Cantespino.
– Fresno de la Fuente.
– Garcillán.
– Honrubia de la Cuesta.
– Ituero y Lama
– Labajos.
– La Losa.
– Martín Miguel
– Migueláñez
– Navas de Oro
– Navas de Riofrío.
– Navas de San Antonio.
– Ortigosa de Pestaño.
– Samboal.
– Santa María la Real de Nieva.
– Tolocirio.
De esta manera el borrador del nuevo mapa concesional de transporte interurbano por carretera contempla la supresión de 21 paradas en la provincia de Segovia. Esta medida afectaría directamente a más de 7.000 habitantes y a otros 10.000 residentes en un radio de 15 kilómetros.
“Hasta el PSOE duda de la eficacia de este mapa”
El nuevo mapa concesional de transporte por carretera desató una fuerte reacción desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, con el consejero José Luis Sanz Merino calificando el borrador de “letal” para el medio rural, y denunciando que contempla la supresión de 474 paradas en la Comunidad, lo que tendría un “impacto tremendo”.
“Somos la comunidad más extensa, con más municipios y más paradas, y este planteamiento nos afecta de forma muy significativa”, alertó Sanz Merino. En este sentido, la Junta ha solicitado la celebración urgente de una Conferencia Sectorial con el Ministerio de Transportes para abordar este tema.
El consejero agradeció al grupo parlamentario popular su impulso para llevar el debate al Congreso de los Diputados, destacando que “hasta ahora se ha obviado a las comunidades autónomas”, y valoró positivamente la abstención del PSOE, ya que, en sus palabras, “al menos tienen ciertas dudas sobre si es del todo eficaz el mapa tal y como está planteado”.
Desde su perspectiva, este nuevo diseño del mapa concesional afecta especialmente a la España central y rural, “y hurta la posibilidad de movilidad a un número importante de vecinos que viven en las provincias”. El consejero advirtió que, de llegar a aplicarse tal y como está, el plan podría provocar un bloqueo e imposibilidad de acceso a otros servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.
Desde 2021 la Junta ha dedicado 165 millones de euros a mantener los servicios de transporte de viajeros por carretera
En paralelo, Sanz Merino anunció que la Junta implementará progresivamente las bonificaciones al transporte, una medida adelantada por el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco en el último Debate de Política General. Estas bonificaciones comenzarán a aplicarse este verano con pruebas piloto en algunos usuarios, y se extenderán posteriormente al transporte metropolitano y al conjunto del sistema. “Estamos trabajando para que las primeras medidas se pongan en marcha durante el verano”, explicó Sanz Merino, quien subrayó que todo el plan está vinculado al despliegue del transporte inteligente y la digitalización, con una única tarjeta que permitirá el acceso a todos los servicios disponibles.
Desde 2021, la Junta ha destinado 165 millones de euros al mantenimiento de los servicios de transporte de viajeros por carretera, 40 de ellos solo en el último año. Sanz Merino remarcó que el 93% de las líneas que gestiona la administración autonómica son deficitarias, ya sea por la baja demanda o por la realidad demográfica de la región. “Esto requiere compensaciones a las empresas para mantener el equilibrio concesional y conservar el número de servicios que venimos prestando desde hace mucho tiempo”, explicó.
El consejero reiteró que el planteamiento del Ministerio contempla una compensación de 25 millones de euros por las paradas eliminadas en toda España. Una cifra que, según Sanz Merino, “debería ser anual y solo para Castilla y León”. Criticó que hasta ahora esa financiación solo se ofrezca para dos años y sin una dotación acorde al volumen del servicio que se pretende suprimir.
