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La minería augura una reducción del 15% en las plantillas hasta 2018

por Redacción
12 de septiembre de 2013
Cascos de los mineros a la entrada de uno de los tajos de la Comunidad. / C.S. (Ical)

Cascos de los mineros a la entrada de uno de los tajos de la Comunidad. / C.S. (Ical)

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A finales del 2018, las empresas estiman una reducción del 15 por ciento de sus plantillas respecto a las del 2013, según consta en el documento ‘Marco de Actuación para la Minería del Carbón en el período 2013-2018’, entregado el martes por el Ministerio de Industria y Energía a los sindicatos, y al que tuvo acceso este periódico. El propio Ministerio reconoce que la evolución de personal seguirá una senda decreciente en línea con la producción, sobre todo de la minería subterránea, más intensiva en mano de obra que la del cielo abierto.

Al finalizar el año 2012, el sector daba empleo a un total de 3.407 personas en plantilla propia de las empresas. De éstos, 1.364 trabajaban en minería de interior y el resto, 440, en cielos abiertos. Las subcontratas empleaban a un total de 1.487 personas, 425 en interior y 894 en cielo abierto.

Hasta el momento, el Ministerio ha logrado consensuar con las centrales sindicales (UGT, CCOO y USO) la mitad del documento, que consta de 27 páginas. El acuerdo se centra básicamente en un análisis de la situación, así como las previsiones de generación eléctrica, de producciones de carbón y evolución de la plantilla.

Según las previsiones, el volumen de producción para 2014, de 6,8 millones de toneladas, será similar al de este año, fijado en 6,5 millones, permitiendo quemar igualmente la existencias del 2010 de las empresas mineras y el carbón remanente del Almacenamiento Estratégico Temporal del Carbón (AETC).

Además, Red Eléctrica está trabajando para establecer un procedimiento que permita, a partir del 1 de enero del 2015, mantener «un hueco térmico suficiente para el carbón», que sería de un 7,5% en el mix de generación, medido en términos anuales. Así, el Ministerio promoverá la aprobación de medidas de apoyo a las compañías eléctricas para la realización de aquellas inversiones medioambientales exigidas por la Directiva de Emisiones Industriales, y que se encaminen al mantenimiento de una industria competitiva del carbón que asegure la seguridad de suministro.

La previsión de producción de carbón descenderá hasta los 5,8 millones en el 2018, según la información remitida por las empresas mineras al Ministerio. A partir del 2015 será la demanda eléctrica y la negociación entre empresas eléctricas y mineras la que determine las cantidades de carbón nacional que entrarán en generación.

A partir de hoy, el Ministerio y los sindicatos negociarán la segunda parte del documento, que se centra en las líneas de ayudas, cuestiones sociales, formación y subvenciones, y que son el apartado donde más discrepancias pueden surgir, aunque ambas partes pretenden cerrar el acuerdo antes de que finalice la semana. Así, se negociará el importe de las ayudas destinadas específicamente a las empresas, que estarán condicionadas por la tipología de cada unidad de producción, distinguiendo entre unidades a cielo abierto y unidades subterráneas.

Se estima que la minería de cielo abierto está próxima a alcanzar el umbral de rentabilidad, por lo que dichas explotaciones experimentarán una reducción significativa del importe de las ayudas en 2013 y 2014, de forma que a partir de 2015 no reciban ayuda alguna. La ayuda promedio por tonelada será de 1 euro en 2013 y 0,5 euros en 2014. En el caso de la minería de interior, la ayuda unitaria seguirá una senda decreciente a partir de 30 euros por tonelada en el ejercicio 2013. Dicha cifra disminuirá en 5 euros por tonelada en cada uno de los ejercicios siguientes hasta la cifra de 5 euros en 2018.

También se incluyen ayudas de carácter social destinadas a financiar procesos de reducción de plantilla de las empresas mineras de carbón y otras para cubrir costes por el cierre de las unidades de explotación y mitigación del impacto medioambiental producido por los cierres. El importe de la indemnización a los trabajadores que se queden en el paro estará integrado por una cantidad fija (8.000 euros) y otra variable, correspondiente a 30 días de salario por año de servicio hasta la aplicación de la reforma laboral, con un límite de 24 mensualidades.

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