La sociedad Segovia 21 tuvo que aportar a Bankia la existencia de compromisos de compradores de las viviendas para conceder el préstamo financiero con el que llevar a cabo la construcción.
Así se puso de manifiesto ayer en la segunda sesión del juicio por la demanda contra los trece compradores que no hicieron frente a los pagos.
Alberto Sánchez, representante de Bankia —que anteriormente pertenecía a Caja Madrid cuando comenzó a trabajar en este proyecto— intervino como testigo y, a preguntas de los letrados, aseguró que la operación financiera comenzó a estudiarse en abril de 2010 y consistía en dar financiación para construir 40 viviendas en el complejo de Quitapesares.
Todas las operaciones tales como las aportaciones económicas se controlaban y se trasladaban al comité de riesgos. La entidad financiera requería entonces que hubiera al menos 26 contratos de compra “para que no entorpeciera la falta de fondos para terminar la obra”. “Era importante sacarlo adelante”, aseguró el representante de Bankia, quien además se refirió a una renuncia formal por parte de un comprador al que se le devolvió el 50 por ciento de lo aportado, tal como establecían las cláusulas. Esta posibilidad estaba contemplada en los planes económicos de Bankia.
También añadió que en el año 2012 se hicieron nuevas tasaciones por parte de la entidad bancaria para conocer la depreciación producida desde el año 2010. En este sentido afirmó que en esa época “se sabía ya” que había crisis inmobiliaria.
Del mismo modo, y a preguntas del nuevo administrador de Segovia 21, Javier de la Orden, el representante de Bankia dijo que desde la entidad se sugirió entonces a Segovia 21 que ellos podían rebajar el precio de las viviendas a la venta, pero que “Bankia no iba a reducir el préstamo”, que ya estaba concedido y aprobado, y que ascendió a 6,4 millones de euros.
Hasta esa época Atilano Soto presidía Caja Segovia y era consejero delegado de Segovia 21, hasta que se destituyó todo el Consejo de Administración y fue sustituido por Verae, que actúan como demandantes y reclaman a los 13 compradores que hagan frente a los compromisos, que ascienden a 4,8 millones de euros.
El abogado de Verae insistió en que existe una certificación final de obra. Con ello intentó desmontar los argumentos de los compradores sobre deficiencias en la urbanización, o que el proyecto inicial no coincide con lo construido.
También ayer habló, en calidad de testigo, Elías Benatar, presidente de Fomento Territorial, empresa que tenía encomendada la gestión urbanística hasta que los actuales gestores decidieron rescindir el contrato.
Por este motivo los demandantes quisieron que quedara claro tras su declaración que dicha empresa mantiene abiertos varios litigios con los actuales responsables de Segovia 21.
Otro testimonio curioso fue el del arquitecto de la urbanización y a su vez comprador, Diego Pérez, quien defendió que en el momento de la entrega de las viviendas éstas contaban con todos los servicios necesarios para ser recepcionadas, como abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de electricidad. Pero —a pesar de las preguntas de los letrados defensores de los compradores— evitó decir si era legal o no esa entrega. “Eso les corresponde a ustedes”, espetó.
Estos argumentos de cambios en la construcción fueron los más recurrentes para los compradores arrepentidos. Y para ello preguntaron a la perito, la arquitecta Laura Fuentes, si existía autorización de la CHD para la depuradora de aguas, si estaba en los terrenos destinados a su emplazamiento, o si el agua de abastecimiento se tomaba desde el embalse del Pontón, como decía el proyecto inicial.
