La incorporación de todos los mutualistas de modalidad privada de Castilla y León a Sacyl supondría, de no reforzarse los actuales medios, un incremento de las listas de espera de consultas externas del 37,9 por ciento en el servicio público de salud de la Comunidad, con un incremento de pacientes del 31,6 por cada mil habitantes.
Este incremento, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), sería el tercero mayor de todo el territorio nacional, solo por debajo de Castilla-La Mancha, donde la subida sería del 96,4 por ciento, y de La Rioja, con el 56,3 por ciento.
Pero además de las consultas de especialistas, la incorporación de los mutualistas privados a Sacyl también tensionaría la lista de espera quirúrgica, incrementado el número de pacientes en 2,9 por cada mil habitantes, lo que supondría una subida del 20,6 por ciento, la segunda más alta de todo el país solo por detrás de Madrid, donde el aumento es del 22,1 por ciento.
En el caso de la Atención Primaria, el traslado de los mutualistas al Sistema Nacional de Salud, de no reforzarse los servicios ordinarios, provocaría que cada profesional de medicina de familia realizase de media 0,9 consultas adicionales más al día, de 27,9 a 28,8 (un 3,3 por ciento más). En el caso de Castilla y León, cada médico tendría un aumento de 1,1 consultas adicionales (4,6 por ciento).
La absorción de los mutualistas de opción privada por el Sistema Nacional de Salud supondría un reajuste en la distribución de los fondos recibidos por las comunidades autónomas de régimen común a través del Sistema de Financiación Autonómica, según se destaca en el informe de la Airef. De esta forma, aquellas comunidades autónomas en las que la población mutualista de opción privada representa un porcentaje mayor sobre la población del Sistema Nacional de Salud, incrementarían los fondos recibidos. Por ejemplo, Extremadura o Comunidad de Madrid tendrían un incremento del 0,45 por ciento (17,5 y 79,3 millones respectivamente). En este grupo también se incluye Castilla y León, que vería incrementado sus fondos un 0,41 por ciento, 33,3 millones de euros más.
