Las explotaciones ganaderas de Castilla y León registraron el pasado año un total de 3.973 ataques de lobos, lo que supone un incremento del 47 por ciento con relación al año 2021, cuando el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico incluyó al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), medida que supuso el fin de la gestión y control de ejemplares que venía realizando la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.
Según los datos ofrecidos hoy por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones a las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad, el pasado año fueron casi 6.000 las cabezas de ganado que murieron en ataques de lobo, lo que supone un incremento del 39 por ciento respecto a 2021.
Además, el pasado año la Junta tuvo que asumir el pago de indemnizaciones por un montante de 4,8 millones de euros, cuando antes de la inclusión del lobo en el LESPRE no se llegaba al millón de euros. Así, si en el año 2020 las explotaciones que recibieron pagos compensatorios fueron 765, en 2024 esta cifra se elevó hasta las 1.230.
Con estos datos, Suárez-Quiñones argumentó que el Gobierno mantiene una posición “injustificada” y que también es contraria a las tesis que defiende la Unión Europea, que ya ha iniciado los trámites para, en función del dictamen del Comité Permanente del Convenio de Berna, , modificar la Directiva Hábitats y rebajar la protección al lobo. Además, también afirmó que desde el Gobierno autonómico “no admitimos que esto sea un debate entre el lobo o la ganadería. La Junta lucha por la conservación del lobo, y así lo hemos demostrado en las últimas décadas, por lo que no admitimos lecciones. Lo queremos es la compatibilidad”.
Por provincias
Ávila se situó en cabeza con 1.525 reses muertas, que supone el 25 por ciento del total, seguida por Zamora, con 1.108 y Segovia, con 868. Con relación a estos datos, el consejero destacó que en el caso de Burgos donde los ataques se han multiplicado por ocho desde el 2021, alcanzando el pasado año las 813 reses muertas. Además, también se refirió a la provincia de Ávila y aseguró que se han superado “todas las líneas rojas” hasta llegar a una situación “insostenible” que hace urgente un control de la población de lobos.
El 50 por ciento de las cabezas muertas se corresponden a ganado vacuno (2.963 reses), concentrándose estos daños fundamentalmente en Ávila, Segovia y Zamora, con 1.210, 657 y 415 cabezas muertas. El ovino representa el 42 por ciento (2.523 cabezas) y en este caso la provincia de Zamora es la más afectada con 663 animales muertos, por delante de Salamanca (520) y Burgos (499). El equipo, con 295 reses muertas, representa el 5 por ciento de las bajas, distribuidas fundamentalmente en la Cordillera Cantábrica: Burgos (135), León (61) y Palencia (48). Los daños en caprino apenas suponen el 2 por ciento del total, con 135 bajas.
Suárez-Quiñones, que denunció que el Gobierno está incumpliendo su compromiso de asumir la mitad de los pagos compensatorios a los ganaderos que sufren ataques, se mostró sorprendido por la inacción del Ministerio de Transición Ecológica, dado que además de un incremento “inaceptable” del número de ataques, también se ha registrado un incremento de las manadas, que han pasado de las 179 del censo de 2012/2013, a las 193 del censo de 2022/2023.
A su vez, el consejero argumentó que el Gobierno se encuentra “cercado” en su postura, dado que además de la decisión de la Comisión Europea de modificar la Directiva Hábitats para rebajar la protección al lobo, desde el Grupo del PP en el Senado se pretende introducir enmiendas en la Ley de Desperdicio Alimentario para que el lobo sea excluido del LESPRE. En este sentido, hizo un llamamiento a todos los diputados nacionales de Castilla y León para que cuando la ley sea tramitada en el Congreso voten a favor de los “intereses de los ganaderos de Castilla y León y en defensa del medio rural”.
Al mismo tiempo, con el objetivo de presionar al Ministerio de Transición Ecológica, Suárez-Quiñones también recordó que en las próximas semanas Castilla y León, junto con las comunidades de Galicia, Cantabria y Asturias solicitarán la desclasificación del lobo del Lesrpre y recalcó que el Gobierno debe “recapacitar” ante el incremento de daños y manadas.
Por último, el consejero anunció que se ha abierto una negociación con las organizaciones agrarias para actualizar los pagos compensatorios que reciben los ganaderos, con el fin de asumir el incremento del precio de mercado de los animales.
Organizaciones agrarias
Las organizaciones agrarias de Castilla y León calificaron de “insoportables” los daños que los lobos están provocando en la Comunidad, y reclamaron al Gobierno que rectifique y saque a los cánidos del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
El presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, lamentó que el Gobierno “prefiera tener lobos a contar con ganaderos en el medio rural”. Dujo reclamó al Gobierno un cambio de posición y que convoque de forma urgente a las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo que permita acabar de forma urgente con esta “lacra”.
En la misma línea, el representante de La Alianza UPA-COAG, Aurelio González, lamentó que se ha pasado de una media de siete ataques diarios en 2021, a once en 2024, y recalcó que “el verdadero peligro de extinción lo sufren las explotaciones ganaderas de extensivo y no los lobos”. Además de criticar al Gobierno por no sumarse a la recomendación del Comité Permanente del Convenio de Berna, que recomienda rebajar la protección del lobo, denunció que el Ministerio de Transición Ecológica no se reúna con las organizaciones agrarias.
