La política de reducción del gasto público en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP ha supuesto la pérdida de 45.000 puestos de trabajo en España en el último trimestre, de los que 3.000 se han contabilizado en Castilla y León.
Este dato fue facilitado ayer por la Secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, que mantuvo un encuentro con empresarios y representantes sindicales en la Agrupación Socialista de La Lastrilla, acompañada por los candidatos del PSOE al Congreso y Senado por Segovia, Juan Luis Gordo y Félix Montes.
Rodríguez manifestó su temor por la posibilidad de que un cambio de Gobierno tras las elecciones del 20 de noviembre «ponga en peligro el modelo de estado social por el que hemos estado trabajando durante años».
En este sentido, señaló que las regiones gobernadas por el Partido Popular «han comenzado a aplicar la receta de los recortes en derechos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, por lo que no hace falta ser adivino para saber que harán si llegan al Gobierno de España».
Rodríguez aludió a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que sitúan en casi cinco millones la cifra de parados en España, pero precisó que «lo que no se ha dicho suficientemente es que una parte importante de esa subida corresponde a los recortes que están realizando algunas comunidades autónomas». Así, ha explicado que en el último trimestre, «más de 45.000 personas han perdido su empleo por estos recortes, y eso que esta sucediendo es la receta que van a aplicar en toda España; por eso creemos que el estado social está en peligro y los socialistas no lo vamos a consentir».
Rodríguez ha recordado las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en materia de empleo dirigidas a los jóvenes y a los mayores de 55 años, y destacó el decreto de prácticas no laborales en las empresas que contempla una serie de derechos económicos y de Seguridad Social con los que los jóvenes «podrán tener una adecuada cobertura».
En cuanto a los mayores de 55 años, aseguró que la estrategia de empleo aprobada por el Ejecutivo tiene como objetivo que los trabajadores de esa edad aún en activo «sigan en su puesto de trabajo, mientras que aquellos que han dejado el mercado laboral puedan regresar a él».
